Las niñas de San Benito, el centro al que Trump envía a las menores migrantes embarazadas

Desde julio pasado, la Administración de Donald Trump envía a todas las menores migrantes no acompañadas que llegan embarazadas a Estados Unidos a un único centro ubicado en San Benito, una pequeña ciudad fronteriza del sur de Texas, el Estado que tiene una de las prohibiciones del aborto más estrictas del país. En los últimos meses, más de una docena de niñas han sido trasladadas a esta instalación. Al menos la mitad de ellas quedaron embarazadas como resultado de una violación. Algunas tienen 13 años.

En teoría, todas las que llegan al centro de San Benito tienen derecho a ser informadas de sus opciones, incluido el aborto, mediante una notificación llamada Garza notice. En la práctica, sin embargo, ese derecho está en peligro, según Sarah Corning, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “Seguimos preocupados porque los médicos se negarán a practicar abortos por temor a ser procesados, algo que hemos visto ocurrir demasiadas veces desde que entró en vigor la prohibición” en el Estado, señala.

La decisión de enviar a estas niñas a dicho centro, que además tiene un largo historial de deficiencias, fue tomada a pesar de las objeciones de los propios funcionarios de salud de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), agencia federal responsable de estas niñas. Así lo reveló recientemente una investigación de The Texas Newsroom.

De acuerdo con Corning, además de recibir la Garza notice, si estas menores “quieren abortar y no pueden hacerlo bajo la ley local, la agencia federal debe facilitar su traslado a un Estado donde puedan recibir atención”. No obstante, el pasado 23 de enero, la ORR presentó una propuesta para derogar la norma que obliga a trasladar a las menores que quieran abortar a un Estado donde sí sea legal. “Nuestro objetivo es salvar vidas, tanto de estas niñas que cruzan la frontera embarazadas, como de sus bebés nonatos”, dijo entonces un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) al medio conservador The Daily Signal.

“Nos preocupa que una propuesta de cambio en la normativa, actualmente en revisión, pueda permitir a la ORR interpretar sus obligaciones en virtud de la Enmienda Hyde de forma más restrictiva”, asegura la abogada Corning. La enmienda en cuestión data de 1976 y prohíbe el uso de fondos federales para la mayoría de los abortos, salvo en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre. En julio, el Departamento de Justicia ya la había reinterpretado, concluyendo que el Gobierno no puede usar fondos federales en estos casos para servicios como el transporte. Esto se suma al hecho de que “la ley texana no tiene una excepción a la prohibición del aborto para casos de violación”, aclara Corning.

Dentro de Texas, las menores embarazadas solo pueden acceder al aborto si corren riesgo de muerte o de que se deteriore alguna función corporal importante como resultado del embarazo. Corning explica que esta nueva posible interpretación podría limitar el apoyo logístico que necesitan las detenidas. “Actualmente, las menores dependen de la atención médica para acceder a abortos fuera del Estado, así que esto podría significar que una joven que desee abortar sea informada de sus derechos, pero aun así no pueda acceder a la atención médica si la agencia se niega a facilitar el viaje”.

Por ahora, la regla, aprobada por el Gobierno de Joe Biden, sigue vigente. En los últimos ocho meses, la ORR ha trasladado a dos niñas fuera de Texas para que pudieran interrumpir sus embarazos.

“Están jugando a la política con la salud de los niños”

Para Zain Lakhani, directora de Derechos de Migrantes y Justicia de la Women’s Refugee Commission, el peligro para las niñas de San Benito va más allá del aborto. Su organización no tiene acceso al centro, por lo que no puede verificar de primera mano las condiciones en que se encuentran las menores ni los bebés nacidos dentro del centro. Sin embargo, llevan meses documentando lo que ocurre con mujeres adultas que esperan a sus hijos en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Lo que han visto en estos lugares da una medida del trato que reciben las embarazadas bajo custodia migratoria federal: mujeres solas, recluidas en celdas sin agua ni atención médica durante más de 24 horas; mujeres que han sido deportadas mientras aún sangraban, o que pasan días enteros sin comida.

El ICE y la ORR son sistemas distintos y, por tanto, tienen condiciones distintas, aclara Lakhani. No se puede trasladar directamente lo que ocurre en uno al otro. Pero la preocupación existe. “Incluso para las niñas que quieren tener a sus hijos, cualquier complicación requiere atención médica de emergencia. Y hemos visto en Texas historias y tendencias muy preocupantes sobre cuándo se les permite a las mujeres acceder a esa atención, especialmente cuando requiere la evacuación de un feto o procedimientos que han sido criminalizados por el Estado”, señala.

“Concentrar a embarazadas en un Estado con estas leyes pone en riesgo su salud y, a veces, su vida”, agrega. “Esto no se trata solo del aborto, sino de lo que ocurre con sus cuerpos y su acceso a atención durante el embarazo, incluyendo atención vital”.

La instrucción para enviar a estas menores a San Benito llegó en un correo interno fechado el 22 de julio de 2025. Lo firmaba Angie Salazar, la directora en funciones de la ORR, y había sido ordenado por el jefe de gabinete del HHS, Matt O’Neill Levine. “Envíen a cualquier menor embarazada al programa de San Benito a partir de hoy”, decía.

Hasta ese momento, estas niñas eran distribuidas entre centros y hogares de acogida alrededor del país, incluyendo varios diseñados para atender embarazos de alto riesgo. Funcionarios de la ORR dijeron haber recibido una lista de centros fuera de Texas mejor equipados para este tipo de casos. Sin embargo, la orden no cambió.

“Es cruel, simplemente cruel”, dijo un funcionario al Texas Newsroom. “No les importa ninguno de estos niños. Están jugando a la política con la salud de los niños”.

“Esto es cien por cien y exclusivamente sobre el aborto”, afirma Jonathan White, quien dirigió el programa de menores no acompañados de la ORR durante parte del primer mandato de Donald Trump. Añade que la medida le recordaba los intentos de la agencia de restringir el acceso al aborto para menores bajo custodia federal durante aquellos años, cuando Scott Lloyd era el director de la ORR y negaba sistemáticamente a las menores en esta situación el permiso para interrumpir sus embarazos. También las obligaba a recibir orientación sobre “los beneficios de la maternidad y los daños del aborto”.

En 2017, la ACLU presentó una demanda contra Lloyd y la primera Administración Trump en nombre de las menores embarazadas bajo custodia federal. Tres años después, la Casa Blanca se comprometió a no interferir en estos temas. En 2024, el Gobierno de Biden decidió que si una menor detenida en un Estado antiaborto quería interrumpir su embarazo, la ORR debía enviarla a un Estado donde fuera legal. “Entonces, casualmente, implementan lo que brutalmente intentaron la última vez y no pudieron”, señala White.

El centro de San Benito es operado por Urban Strategies, una empresa que lleva más de diez años contratada por el Gobierno federal. Su sede principal es una antigua iglesia baptista que ocupa una manzana en el centro de la ciudad. Una vecina contó que a veces ve a niños en el patio los fines de semana, pero que la mayor parte del tiempo no ve a nadie.

La instalación tiene un largo historial de problemas, como no concertar citas médicas a tiempo y dar de alta a las niñas sin coordinarles un seguimiento profesional. La misma agencia federal llegó a prohibirle temporalmente que recibiera menores embarazadas, mientras Urban Strategies implementaba un plan de corrección.

San Benito, además, está en el Valle del Río Grande, una de las regiones con peor acceso a atención médica especializada en Texas. La atención obstétrica de alto nivel en el Estado está concentrada en las grandes ciudades, a horas de distancia. “No es bueno estar embarazada en Texas, sin importar quién seas”, dice Annie Leone, una partera que pasó cinco años atendiendo a migrantes cerca de San Benito. “Poner a niñas migrantes embarazadas en Texas, y además en una de las peores regiones de salud, no es bueno en absoluto”.

La doctora Blair Cushing, que dirige una clínica de salud femenina en McAllen, a unos 45 minutos de San Benito, escribió en sus redes sociales que esta situación “literalmente se aprovecha de las conocidas dificultades de la región para colocar deliberadamente a adolescentes ya extremadamente vulnerables en las peores circunstancias posibles”.

Expertos en salud materna describen, entre los posibles riesgos para estas niñas, embarazos ectópicos, un aborto espontáneo complicado e infecciones por rotura prematura de membranas. Cualquiera de estos puede ser mortal si se demora la atención de emergencia.

En el caso de San Benito, muchas de las internas están desnutridas, tienen infecciones de transmisión sexual o no han recibido atención prenatal. Y encima están detenidas, lo cual provoca un trauma que afecta el desarrollo del embarazo. Hasta el momento, ninguna ha tenido problemas médicos graves. Pero quienes conocen la situación de cerca están preocupados, según un funcionario de la ORR: “Siento que solo estamos esperando a que ocurra algo terrible”.