Nuevas propuestas de leyes estatales buscan proteger los derechos de quienes vigilan y se manifiestan contra el ICE

Los choques entre las autoridades migratorias y ciudadanos que documentan sus operativos han escalado hasta el centro del debate político sobre la agenda antiinmigrante de Donald Trump. Cada vez son más frecuentes las denuncias de lo que organizaciones civiles describen como campañas de intimidación contra quienes protestan o graban a los agentes con sus teléfonos, e incidentes recientes, en particular las muertes a manos de oficiales migratorios de dos personas en Minneapolis en enero, han intensificado el escrutinio sobre las tácticas del Gobierno.

Los legisladores demócratas han tomado nota, y a nivel estatal y federal han comenzado a surgir propuestas de leyes que se presentan como mecanismos para defender los derechos de los estadounidenses. La senadora de California Sasha Renée Pérez presentó esta semana una iniciativa que prohíbe a la policía local ayudar a agentes federales, para evitar “el acoso” contra los observadores. En Maine, la congresista Chellie Pingree ha propuesto otra ley para limitar los fondos del ICE destinados a tecnologías de “vigilancia e intimidación agresivas e invasivas”. Las propuestas marcan un cambio en el debate político, antes centrado principalmente en los derechos de los inmigrantes, hacia una creciente preocupación por las garantías constitucionales de quienes cuestionan al Gobierno.

La Administración Trump está llevando a cabo una ofensiva antiinmigrante que ha descrito como la mayor operación de deportación de la historia, con operativos de gran escala en ciudades gobernadas por demócratas que alcanzaron su mayor nivel de tensión tras las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que fueron abatidos por agentes federales en Minneapolis. Meses antes, en el verano, Los Ángeles fue escenario de un enorme despliegue que incluyó miles de efectivos de la Guardia Nacional y desató protestas multitudinarias. Luego fue el turno de Portland (Oregón) y Chicago. Más recientemente, en Maine, el Gobierno lanzó el mes pasado un operativo llamado “Catch of the Day” (“La Pesca del Día”), ampliando aún más la red.

Pérez, senadora de Pasadena, hizo el anuncio del proyecto de Ley de Protección de los Derechos de California esta semana junto a Angie Vargas, una residente de Alhambra (Los Ángeles) que grabó un altercado con la policía local mientras monitoreaba un operativo migratorio. En el video, que fue ampliamente difundido y generó protestas en el ayuntamiento el mes pasado, se ve cómo una patrulla se atraviesa frente al auto de Vargas cuando seguía a un vehículo sin marcas en el que sospechaba que viajaban agentes de inmigración. Policías de la ciudad y agentes de la Patrulla Fronteriza la cuestionaron, le tomaron fotos y la acusaron de obstrucción.

“Es fundamental que quienes observan las acciones del Gobierno federal puedan hacerlo públicamente, sin miedo a ser hostigados o intimidados”, dice Pérez a Papallones. “Y también debemos asegurarnos de que nuestras policías locales y estatales no sean utilizadas por el Gobierno federal para hacer su trabajo”. La iniciativa se inscribe en el marco de la llamada Ley de Valores de California, que desde 2018 limita la participación de las policías locales en la aplicación de leyes federales de inmigración.

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), copatrocinadora del proyecto, advierte que ha habido un aumento de casos en los que autoridades locales, a instancias federales, “detienen y acosan” a personas “que graban las actividades del ICE”. También señala que la propuesta busca reafirmar que las agencias deben aplicar las leyes estatales durante operativos federales.

En Maine, la propuesta de la congresista Chellie Pingree, llamada Stop ICE Intimidation Act (Acaba la Intimidación del ICE), impediría que el ICE reciba fondos para más herramientas de vigilancia hasta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explique al Congreso cómo utiliza las bases de datos, tecnologías biométricas y de reconocimiento facial. El proyecto sostiene que la “vigilancia e intimidación de observadores” por parte del Gobierno podría vulnerar derechos establecidos en la Primera y Cuarta Enmienda.

Si los agentes pueden “fotografiar la matrícula de un vehículo, añadir a una persona a una base de datos y etiquetarla como ‘terrorista doméstico’ simplemente por grabar a agentes de ICE, hemos cruzado una línea peligrosa”, aseguró Pingree en un comunicado donde cita el caso de una mujer de Portland que grababa a un agente del ICE cuando este comenzó a filmarla y tomar fotos de su matrícula antes de decirle: “Tenemos una pequeña base de datos muy bonita, y ahora se te considera una terrorista doméstica”. El video del incidente provocó un fuerte rechazo público y llevó al director interino del ICE, Todd Lyons, a declarar ante el Senado que no existen tales bases de datos. La congresista añadió que otros ciudadanos han sido “seguidos hasta sus casas”, y recibido llamadas y amenazas “por el simple hecho de documentar lo que ocurre en sus propias comunidades”. “En una sociedad verdaderamente libre, los ciudadanos no viven con miedo de su Gobierno”.

Los expertos han sonado las alarmas sobre la expansión del aparato de vigilancia del Gobierno. Un informe reciente del American Immigration Council advierte que las autoridades están usando herramientas de vigilancia para rastrear a cualquier persona, incluidos ciudadanos estadounidenses. Según estimaciones que cita el informe, las autoridades migratorias han tenido acceso a datos de licencias de conducir de hasta tres cuartas partes de los adultos en EE UU y han escaneado fotografías de aproximadamente uno de cada tres, además de rastrear movimientos mediante registros de vehículos y transporte público. El Gobierno ha gastado un estimado de 300 millones en estas tecnologías. Y de acuerdo a reportes recientes, el DHS envió cientos de citaciones administrativas a Google, Meta, Reddit, Discord y otras empresas para obtener datos personales de cuentas que critican o rastrean a ICE, incluso de perfiles anónimos.

“La Administración Trump ha llamado directamente a la represión de manifestantes y observadores que documentan la crueldad del ICE”, asegura Will Owen, director de comunicaciones del Surveillance Technology Oversight Project (STOP), organización dedicada a combatir la vigilancia masiva. “No se trata de incidentes aislados, sino de parte de una estrategia más amplia del Gobierno para sofocar la disidencia. Las ciudades y los Estados de todo el país deben intervenir, y estas iniciativas son primeros pasos importantes para proteger nuestras libertades civiles y hacer frente al creciente autoritarismo del Gobierno federal”. La organización, dedicada a combatir la vigilancia masiva, ha impulsado demandas para obtener registros sobre el uso de reconocimiento facial y otras tecnologías contra manifestantes.