La herramienta de reconocimiento facial del ICE recibe críticas por sus errores y por fomentar un aumento en la vigilancia estatal

Un agente federal detiene un vehículo en un punto de control “rutinaria” en pleno la ofensiva antimigratoria del Gobierno de Donald Trump. El conductor baja la ventanilla, y antes de solicitar cualquier documento, el oficial captura una imagen de quien se encuentra al volante. O, quizás, durante una redada migratoria, algunos vecinos intentan impedir que agentes con máscaras ingresen sin una orden judicial a una vivienda privada, lo que desencadena un choque. Los agentes inmovilizan a un testigo, y mientras aún lucha en el suelo, le apuntan con la cámara de su teléfono y le toman una fotografía.

No son fotos para conservar como recuerdos. Las imágenes se envían de inmediato a un sistema de reconocimiento facial para supuestamente encontrar coincidencias con criminales registrados, pero además, desde la implementación de una directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la primavera del año pasado, terminan en una base de datos gubernamental de la que se conoce muy poco. Todo este proceso ahora está bajo escrutinio por posibles errores, fallas técnicas y por poner en riesgo un auge sin precedentes de la vigilancia estatal en Estados Unidos.

En medio de las negociaciones para financiar el DHS, que giran en torno a la imposición de restricciones y supervisión sobre la labor de los agentes federales encargados de la política migratoria del presidente Trump, el uso de sistemas de identificación biométrica también ha entrado en el debate del Congreso. Un grupo de senadores demócratas presentó la semana pasada un proyecto de ley para prohibir al DHS y a sus agencias migratorias —incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)— emplear tecnologías de reconocimiento facial.

El proyecto, conocido como ICE Out of Our Faces Act (Ley del ICE Fuera de Nuestras Caras), es liderado por el senador Edward J. Markey de Massachusetts, junto con los senadores Jeff Merkley y Ron Wyden, ambos de Oregón, y la congresista Pramila Jayapal del Estado de Washington. La propuesta pretende detener lo que sus impulsores califican como la creación de un sistema de vigilancia biométrica sin límites definidos ni supervisión democrática.

“Durante años, he estado dando la voz de alarma sobre los peligros de un estado de vigilancia nacional basado en la tecnología de reconocimiento facial. Ahora, estamos viendo cómo los agentes federales sin escrúpulos de Trump despliegan esta tecnología en nuestras calles de todo el país mientras intenta reforzar su control autoritario”, afirmó el senador Merkley en la presentación de la propuesta de ley. “Sin supervisión, esta tecnología es peligrosa en manos de cualquier gobierno, y la Administración Trump la está utilizando de forma abusiva para pisotear la privacidad, la libertad de expresión y las libertades civiles. Todos los estadounidenses amantes de la libertad deben unirse a nosotros para hacer frente a este ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

La propuesta prohibiría claramente que el ICE y CBP adquieran o utilicen tecnologías de este tipo. Asimismo, exigiría la eliminación de todos los datos recolectados mediante estos sistemas y otorgaría a las personas afectadas y a los fiscales generales estatales el derecho a solicitar sanciones civiles por incumplimientos. La ley cuenta con el apoyo de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la Electronic Frontier Foundation (EFF) y el Electronic Privacy Information Center (EPIC), entre otras.

Una ‘app’ controversial

El impulso legislativo coincide con una investigación del medio especializado en tecnología WIRED, que registra cómo el DHS comenzó a implementar en la primavera de 2025 en todo el país la aplicación Mobile Fortify. Según los registros y documentos internos del departamento analizados por la revista, la app fue autorizada y desplegada con prisa y sin los procedimientos de evaluación de privacidad que tradicionalmente han acompañado la adopción de tecnologías con impacto directo en los derechos civiles.

Mobile Fortify se presentó en su momento como una herramienta para “determinar o verificar” identidades durante detenciones y operativos federales de migración, justificada bajo una orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato, que exigía un endurecimiento “total y eficiente” de las políticas migratorias. Sin embargo, como revela el análisis de WIRED, la arquitectura del sistema no fue concebida para que la app confirme identidades con fiabilidad. Produce coincidencias potenciales, no identificaciones confirmadas, una limitación ampliamente reconocida por expertos y que se agrava aún más cuando las imágenes no se capturan en condiciones óptimas de iluminación y estabilidad. En el terreno, rara vez se cumplen los requisitos para obtener fotos tipo pasaporte, lo que incrementa considerablemente el riesgo de falsas coincidencias.

Según las patentes examinadas por WIRED, la tecnología que sostiene Mobile Fortify se fundamenta en algoritmos creados por NEC Corporation of America, la filial estadounidense del conglomerado japonés NEC. El sistema transforma rostros capturados en la vía en plantillas biométricas que se contrastan contra bases de datos oficiales, generando una lista de “candidatos” que superan un nivel de similitud establecido. Este umbral puede modificarse para favorecer rapidez y capacidad, aunque incrementa la probabilidad de errores falsos, particularmente cuando las imágenes se obtienen fuera de entornos controlados.

El medio también revela que la aprobación de la aplicación coincidió con la desactivación de controles fundamentales de privacidad dentro del DHS y la supresión silenciosa de directrices internas que limitaban el uso del reconocimiento facial. Estos cambios fueron dirigidos por Roman Jankowski, exabogado de la conservadora Heritage Foundation y miembro del plan político Proyecto 2025, quien actualmente ocupa un puesto de alto nivel en la oficina de privacidad del departamento.

Tanto especialistas como defensores de los derechos civiles alertan que el empleo de esta tecnología en entornos diarios incrementa los peligros de vigilancia masiva y discriminación. Se han registrado múltiples incidentes en los que agentes federales desplegados en operaciones migratorias masivas de la Administración Trump han escaneado los rostros de ciudadanos estadounidenses, observadores y manifestantes. Asimismo, ante las regulaciones actuales poco estrictas, los datos biométricos recolectados pueden conservarse durante años y ser compartidos entre instituciones, con poca claridad sobre su finalidad o los procedimientos para corregir errores.

Por todo esto, para los promotores del ICE Out of Our Faces Act, el problema va más allá de la precisión técnica de la aplicación usada. “La Administración Trump no está utilizando estas herramientas para mantener la seguridad pública. Lo está haciendo para silenciar el discurso legítimo y castigar la disidencia”, sentenció el senador Markey. Dado el control republicano actual de ambas cámaras del Congreso, la propuesta de ley tiene una baja probabilidad de prosperar, pero el debate que genera vuelve a enfrentar una visión de un Estado que amplía su capacidad de vigilancia en nombre del control migratorio y otra en la que estas herramientas suponen una amenaza directa a la privacidad, la libertad de expresión y los límites constitucionales del poder público.