Texas abre investigaciones contra distritos escolares por permitir las protestas estudiantiles contra el ICE

Luego de varias semanas de protestas estudiantiles contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció esta semana que abrirá investigaciones formales contra tres importantes distritos escolares del Estado. Las nuevas indagaciones se suman al proceso abierto contra el Distrito Escolar Independiente de Austin (Austin ISD), a quien Paxton exigió información a inicios de febrero, alegando que sus funcionarios “permitieron a sabiendas que los estudiantes abandonaran el campus durante el día escolar” para participar en las acciones.

El pasado 30 de enero, jóvenes de una decena de campus del Austin ISD dejaron sus aulas y marcharon con pancartas hacia el Capitolio estatal, con el fin de mostrar su desacuerdo con los hechos ocurridos en Minnesota en el marco del macrooperativo migratorio desatado en el Estado, incluido el asesinato de dos ciudadanos norteamericanos, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes migratorios. Durante las semanas siguientes, paros similares ocurrieron en San Antonio, Dallas, Waco, El Paso, Houston y Fort Worth. Centenares de alumnos en las calles pidiendo el desmantelamiento del ICE. La mayoría de los organizadores dijeron haber actuado con planificación y respetando la ley.

“Ya era hora de que arrestaran a estudiantes como estos. Los colegios y el personal que permite este comportamiento deberían ser tratados como cómplices”, escribió en X el gobernador texano, el republicano Greg Abbott, el 3 de febrero. También amenazó con retirar la financiación estatal a los distritos que permitieran los paros. La Agencia de Educación, por su parte, declaró que los estudiantes que abandonaran el campus serían considerados como ausentes, que los maestros que faciliten las manifestaciones podrán perder su licencia docente y que los distritos podrán ser intervenidos directamente por el Estado. Ese mismo día, el fiscal general abrió una investigación contra el Austin ISD. Dos semanas más tarde, anunció nuevas investigaciones contra tres de los distritos más grandes del Estado: el del Noreste de San Antonio, el de Dallas y el de Manor.

Según Paxton, en estos distritos “la administración y el personal ayudaron a organizar las protestas” y los directivos no lograron “garantizar la seguridad de los estudiantes ni minimizar las interrupciones en el aula”. En ese sentido, les exigió que entreguen documentos sobre políticas de salida del campus, ausencias justificadas, protocolos de seguridad, comunicaciones internas sobre las protestas y el uso de fondos públicos. “No permitiré que las escuelas de Texas se conviertan en caldos de cultivo para la agenda de fronteras abiertas de la izquierda radical”, declaró. “Que esto sirva de advertencia a cualquier funcionario o empleado de escuelas públicas que ilegalmente facilite la participación estudiantil en protestas contra nuestros heroicos agentes de la ley: mi oficina usará todos los recursos legales a su alcance para exigirles responsabilidades”, agregó.

Mientras tanto, un portavoz del distrito Noreste de San Antonio confirmó a la cadena KSAT que la investigación de Paxton se centra específicamente en el Churchill High School. “Estamos cooperando plenamente y recopilando documentación para proporcionarla a la oficina del fiscal general”, declaró. Asimismo, recordó al personal que no debe “alentar, respaldar, desalentar o intentar persuadir a los estudiantes sobre la participación en un paro o protesta”.

El distrito de Manor, por su parte, señaló en un comunicado que está “seguro de que la revisión mostrará que el personal siguió los procedimientos, incluido garantizar que se siguieran las pautas de asistencia y mantener la seguridad de los estudiantes como máxima prioridad”.

El superintendente de Austin ISD, Matias Segura, negó que ese distrito haya respaldado las protestas. “Salvo restringir físicamente a los estudiantes, no podemos evitar que se vayan”, aseguró. Además, el consejo legal del distrito envió una carta a la fiscalía rechazando las acusaciones y señalando que “la ley de Texas no contempla el uso de ningún grado de fuerza para obligar a la asistencia escolar”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas reafirmó en un comunicado su apoyo a los jóvenes manifestantes. “Los funcionarios gubernamentales no pueden castigar a los estudiantes simplemente porque no les gusta su mensaje”, explicó la directora legal, Adriana Piñón. “Los estudiantes conservan sus derechos de libre expresión al entrar a sus escuelas, y cualquier amenaza de represalias severas por un discurso pacífico es inconstitucional”.

Brian Klosterboer, abogado senior de la organización, señaló que el fiscal general Paxton “ha utilizado su oficina durante mucho tiempo para atacar puntos de vista que no le gustan”. Sobre las investigaciones contra los distritos escolares, dijo que “no se identifica ninguna ley violada y nadie puede ver sus derechos constitucionales limitados”. “Las autoridades deberían escuchar a los estudiantes que participan respetuosamente en la democracia, en lugar de malgastar recursos en reprimir su expresión”.

Klosterboer recordó además la tradición histórica de estas protestas en Estados Unidos. “Los boicots y walkouts son formas pacíficas y antiguas de participación cívica, reconocidas por la Corte Suprema. Ni estudiantes ni educadores renuncian a sus derechos constitucionales al cruzar las puertas de la escuela”, aseguró.