La falta de acuerdo en el Congreso anuncia el cierre del Departamento de Seguridad Nacional

No hay señales de un acuerdo en el Congreso y, sin él, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cerrará. Demócratas y republicanos no han avanzado en las conversaciones que mantienen desde el 2 de febrero sobre cómo debe aplicarse la ley migratoria, y el plazo para alcanzar un acuerdo finaliza este viernes, momento a partir del cual ya no está garantizada la financiación del departamento. El sábado, varias agencias del DHS, como la Administración de Seguridad del Transporte, encargada de la seguridad en los aeropuertos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Servicio Secreto, cerrarán si no se aprueban los fondos para su operación. El presidente Donald Trump accedió a la exigencia demócrata de que el DHS se separara de una ley de gasto más amplia aprobada la semana pasada. Ese paquete prolongó la financiación del departamento únicamente hasta el 13 de febrero.

El republicano John Thune, líder de la mayoría en el Senado, admitió que no veía forma de alcanzar un acuerdo esta semana y sugirió prorrogar temporalmente el presupuesto para que el DHS continúe operando. Esa no es la opción que respaldan todos los republicanos. Tampoco resulta atractiva para los demócratas.

“Hacen falta cambios drásticos en el Departamento de Seguridad Nacional antes de que avance un proyecto de ley de financiamiento del DHS”, afirmó Hakeem Jeffries, el líder demócrata en la Cámara, el lunes por la mañana. “Punto. Fin de la discusión”, concluyó. Las conversaciones giran en torno al enfoque que deben seguir los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y otras entidades involucradas en las detenciones de migrantes. La violencia con la que se han llevado a cabo las redadas de la cruzada contra la inmigración de Trump y la muerte de los ciudadanos estadounidenses Renne Good y Alex Pretti, por disparos de agentes migratorios el mes pasado en Minneapolis, impulsaron las demandas de los demócratas para financiar el DHS, las cuales resumieron en 10 puntos.

Uno de los obstáculos que ha detenido las negociaciones es el uso de máscaras por parte de los agentes, una práctica común desde el inicio de la campaña de Trump para lograr la mayor deportación de la historia. Los demócratas exigen que los agentes realicen las detenciones con el rostro al descubierto, pero los republicanos sostienen que retirarles las máscaras pone en riesgo a los funcionarios. “La razón por la que no podemos hacer eso es que los sometería a un gran daño [y] sus familias a un gran riesgo porque la gente los está exponiendo y atacando”, dijo el lunes el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. “Tenemos que hablar sobre cosas que sean razonables y alcanzables”.

Otra de las barreras que parecen insuperables radica en la exigencia de contar con una orden judicial para llevar a cabo detenciones. Los agentes del ICE han recibido instrucciones para ingresar a viviendas y arrestar a sus ocupantes con solo una orden administrativa, emitida por la propia agencia. Los demócratas sostienen que se requiere una orden judicial, tal como lo establece la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de actuaciones policiales irrazonables. Según esta, los funcionarios federales no pueden irrumpir en hogares salvo en circunstancias excepcionales, debidamente justificadas y legalmente reconocidas.

La Administración Trump presentó una contrapropuesta el lunes, pero los demócratas la rechazaron, considerándola insuficiente. Ambas partes han sido vagas sobre los detalles concretos de lo que propone la Casa Blanca, aunque los legisladores señalaron que uno de los principales puntos de disputa persiste: la exigencia demócrata de que los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza obtengan una autorización judicial antes de entrar a viviendas o establecimientos.

El senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, describió esa propuesta como “completamente inviable” en una entrevista con CNBC. Por su parte, el presidente del caucus hispano demócrata, Adriano Espaillat, reconoció la ausencia de consenso: “Las órdenes judiciales y los agentes sin máscara son una línea roja. Son innegociables, un camino sin salida”, señaló en un comunicado. “Se trata de preservar la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, agregó.

Otras exigencias de los demócratas incluyen la obligación de que los agentes lleven identificación; la protección de lugares sensibles como escuelas, hospitales, iglesias y centros de votación; el fin de la discriminación racial en las detenciones y el respeto a los estándares de uso de la fuerza. Todas estas prácticas han sido comunes en las redadas realizadas durante los últimos meses, lo que ha sembrado el miedo en las comunidades migrantes y la indignación a buena parte de la sociedad.

Hasta ahora, el único punto en el que parecen haber coincidido es en que los agentes deban usar cámaras corporales, pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya había anunciado que lo harían después de la muerte de Pretti.

Paradójicamente, si el DHS tuviera que cerrar por falta de presupuesto, eso no afectaría al ICE, la principal fuente de desacuerdo, ya que la agencia migratoria dispone de fondos suficientes, aprobados en la “gran y hermosa” ley, la gran ley fiscal de Trump que se aprobó el verano pasado para seguir operando, en teoría, otros cuatro años.