Claves del proceso judicial contra Nicolás Maduro

La representación legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores sufrió su segundo tropiezo desde que comenzó el juicio a principios de enero. En la sesión del jueves 26 de marzo, el magistrado Alvin Hellerstein se negó a desestimar el caso que ha procesado a la pareja que ejerció el mando en Venezuela por más de diez años, y que hoy encara cargos de narcoterrorismo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El fallo del juez, que cuenta con 92 años, surge a raíz de la petición presentada por Barry Pollack (defensor de Maduro, célebre por haber conseguido la libertad de Julian Assange, el creador de Wikileaks) y Mark Donnelly (representante de Flores), donde argumentan que el impedimento del ministerio público para abonar sus servicios atenta contra la facultad de los procesados para designar su defensa jurídica, amparada constitucionalmente, sosteniendo que la vía exclusiva para resolver el conflicto consistía en la anulación del proceso contra sus clientes. Tanto Maduro como Flores manifestaron carecer de fondos para sufragar a sus juristas y solicitaron que fuera el Estado venezolano quien asumiera el pago de la factura, fundamentando que dicha medida está contemplada en las leyes de su nación.

“La ley venezolana no establece ‘la obligación’ del Estado de sufragar honorarios de abogados privados para representar en procesos judiciales a personas naturales acusadas penalmente”, explica el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien ha estado presente en las dos comparecencias de Maduro y Flores ante el juez. “Lo que sí establece es la obligación de representar o costear la representación judicial en casos en los que se vean afectados ‘los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República’. Por su parte, la ley estadounidense no reconoce el derecho de una persona natural acusada penalmente en una corte federal de acceder a fondos públicos de su país de origen para costear los honorarios de sus abogados”.

Sin embargo, Hellerstein cuestionó la justificación que el Departamento de Justicia esgrimió para impedir que el Gobierno de Venezuela costeara los honorarios de los abogados. El fiscal Kyle Wirshba respondió al juez que “el simple hecho de que existan relaciones con otro Gobierno”, el dirigido ahora por Delcy Rodríguez, no significa que Washington no pueda mantener sus sanciones. “Si el propósito de las sanciones radica en que los acusados ​​están saqueando la riqueza de Venezuela, permitirles acceder ahora a esos mismos fondos para costear su defensa socavaría las sanciones", reiteró al juez.

La fiscalía ha puesto en relieve que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) prohíbe expresamente el uso de fondos de una entidad sancionada para pagar los honorarios de los abogados de otra persona sancionada. Sin embargo, la institución emitió en febrero una licencia para autorizar los pagos del Gobierno de Venezuela a los abogados de Maduro y Flores, pero esta fue revocada horas después. Los fiscales aclararon que fueron expedidas por un “error administrativo”.

Pollack y Donelly han recurrido a múltiples razonamientos con el propósito de eludir las medidas restrictivas que afectan a sus clientes. En uno de sus escritos, indican que la OFAC ha consentido el empleo de capitales bloqueados de administraciones extranjeras para sufragar los costos de representación jurídica. Es un hecho que dicho organismo ha facultado a los Gobiernos de Rusia, Siria o Irán para costear la asesoría legal de sus naciones o entes públicos en litigios dentro de Estados Unidos, aunque jamás tratándose de individuos particulares.

Maduro y Flores, quienes se declararon “inocentes” de los delitos que se les imputan, quedaron a la espera de la fecha en la tendrá lugar la tercera audiencia de un proceso que demorará más de lo esperado.

La acusación

Si bien el primer indictment contra Nicolás Maduro data de 2020, la investigación que le precede tiene más de 10 años en curso, el trabajo de varias fiscalías del país (Nueva York y Florida) y fiscales internacionales. Fue así como el Departamento de Justicia emitió la segunda acusación contra Maduro y ahora contra Flores.

Al primero se le acusa de conspiración narcoterrorista, conspiración por importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. La exdiputada, expresidenta de la Asamblea Nacional y exprimera dama, enfrenta los mismos cargos que su esposo con excepción del último.

“No es improbable que sean condenados a cadena perpetua. Ha ocurrido en el pasado. El primer cargo contra Maduro (conspiración por narcoterrorismo) tiene una pena mínima obligatoria de 20 años de cárcel. El segundo (conspiración para importar cocaína) tiene una pena mínima de 10 años y una pena máxima de cadena perpetua. El rango es amplio, pero, sin duda, ambos acusados podrían permanecer el resto de sus vidas en prisión. Aunque aún falta mucho para saberlo”, indica El Fakih.

A propósito de la segunda audiencia del caso, el presidente Donald Trump declaró a la prensa que se presentarían cargos adicionales contra Maduro, pero no ofreció detalles al respecto.

Fase de descubrimiento

Durante este trimestre inicial del litigio legal ha tenido lugar la fase de revelación (discovery), donde los involucrados comienzan a acceder al conjunto de evidencias del bando opuesto. El ministerio público empieza a exponer los indicios iniciales frente a los imputados, al tiempo que los defensores de Maduro y Cilia arrancan con la planificación de su estrategia legal.

“En estos casos tan mediáticos, siempre se produce una interpretación del juicio en la opinión pública distinta al proceso que se lleva en los tribunales. La defensa de Maduro intentará ganar el juicio de la opinión pública con la presentación de mociones que, si bien saben que tienen muy poca probabilidad de éxito dentro de la corte, pueden generar tracción dentro de la población y la comunidad internacional”, comenta El Fakih.

Sin fianza ni inmunidad

En el caso de Maduro es improbable la posibilidad de una fianza. También en el de Flores. En este apartado, la corte evalúa el peligro de fuga y la gravedad de los cargos. Ambos han sido acusados de delitos federales asociados a temas de interés y seguridad nacional de Estados Unidos.

Tampoco aplica el principio de inmunidad ni la forma en cómo los acusados fueron capturados y puestos a la orden de la justicia. En Estados Unidos, la percepción de legitimidad de un gobierno extranjero es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, y Maduro no es reconocido como un gobernante legítimo por la Casa Blanca.

Antes de que empezara la vista, puramente procedimental, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas que se presentarían cargos adicionales contra Maduro, aunque sin ofrecer detalles al respecto.

Nexos con Clíver Alcalá

La acusación inicial indictment dirigida a Maduro relaciona el expediente con el antiguo edecán de Hugo Chávez, Clíver Alcalá, además del exoficial y previo director de inteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal. Los dos integran la red criminal que el Departamento de Justicia expone en su planteamiento judicial. La tesis de la fiscalía afirma que Maduro no ejecuta tales crímenes de forma aislada, sino que actúa junto a diversos individuos. Dentro de este reciente cargo judicial figuran igualmente Nicolás Maduro Guerra (descendiente del gobernante destituido), Diosdado Cabello (quien hoy encabeza el Ministerio del Interior y Justicia), Ramón Rodríguez Chacín (anterior titular de Defensa), Cilia Flores y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, identificado habitualmente como El Niño Guerrero (cabecilla o dirigente del grupo delictivo Tren de Aragua).

Hasta el momento, cada una de las personas involucradas en este proceso ha sido detenida o se ha sometido a las autoridades judiciales. Alcalá se puso a disposición del Gobierno colombiano en marzo de 2020, se le trasladó a Estados Unidos durante ese periodo y recibió una sentencia de 21 años y 6 meses de prisión en 2024. Las acusaciones relativas al narcoterrorismo se desestimaron, aunque admitió su responsabilidad al ayudar en la logística de armamento y asegurar el tránsito de envíos de cocaína destinados a Estados Unidos.

Carvajal resultó entregado por España el 19 de julio de 2023. Se declaró culpable el 25 de junio de 2025 por cargos de tráfico de drogas y terrorismo, mientras que la sesión para anunciar su condena continúa postergada desde el cierre de octubre del año previo. “El diferimiento de la sentencia del Pollo Carvajal puede darnos una idea de que está colaborando con la justicia a cambio de una rebaja de su pena. La fiscalía podría tener nuevos elementos de prueba contra Maduro”, añade El Fakih.

La conexión que existe entre Maduro y el Cartel de los Soles.

El Cartel de los Soles figura en diversos fragmentos del pliego acusatorio fiscal; sin embargo, bajo la tesis del proceso, la forma en que se estructura y se establece el nivel de involucramiento de todos los individuos procesados podría presentar variaciones.

El ministerio público perfecciona el relato de la causa con el fin de presentarse ante un tribunal popular encargado de decidir si existe responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. No obstante, todavía se desconoce si se alcanzará la etapa de juicio oral. En caso de que la solidez de las evidencias motive a los imputados a admitir su responsabilidad, no presenciaremos a Maduro y a Cilia comparecer ante un jurado, señala El Fakih.

Protección de pruebas y declarantes

El fiscal encargado del caso, Jay Clayton, solicitó al juez Hellerstein que prohíba a la defensa compartir material probatorio con los cuatro coacusados prófugos. Entre los que se encuentra el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. El documento entregado por el Departamento de Justicia explica que existe un “riesgo real de violencia” y que el entorno de Maduro podría utilizar la información para identificar y tomar represalias contra testigos y sus familias en Venezuela sin tener forma alguna de impedirlo.