Los mandos de la ‘policía patriótica’ minimizan en el juicio sus maniobras contra los Pujol

El juicio contra el clan Pujol, que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado noviembre, ha combinado este martes un cóctel explosivo: policía patriótica y Operación Cataluña. Cuatro antiguos altos mandos de la Policía Nacional se han sentado ante el tribunal para ser interrogados como testigos sobre las presuntas maniobras urdidas, hace una década, para buscar de forma ilícita pruebas que incriminasen al expresident Jordi Pujol y a su familia. Pero poco han aclarado. Eugenio Pino, quien fuera el máximo jefe operativo de la institución entre 2012 y 2016; los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Marcelino Martín-Blas, y el inspector Bonifacio Díez se han desentendido de esa supuesta trama parapolicial y se han cruzado acusaciones mutuas.

La Audiencia Nacional programó todas estas comparecencias a petición de las defensas, que tratan de demostrar que la causa está viciada desde el origen. Los abogados de Josep y Oriol Pujol, dos de los siete hijos del exmandatario catalán (todos, acusados), plantean que este proceso debe anularse porque, según sostienen, está contaminado por las estratagemas extrajudiciales desplegadas en el Ministerio del Interior para actuar contra el clan del expresidente catalán con el objetivo de torpedear el procés independentista. En esas maniobras encajan, por ejemplo, las presiones a la BPA (Banca Privada de Andorra); la declaración de Victoria Álvarez, que había sido amante del primogénito Jordi Pujol Ferrusola (contó que le había visto trajinar mochilas repletas de billetes de 500 euros entre Cataluña y Andorra); y el intento de Eugenio Pino de introducir en el caso Pujol un pendrive con datos bancarios obtenidos de “forma ilícita” (asunto por el que ha sido condenado a un año de cárcel).

Pero las defensas poco han logrado extraer este martes de sus declaraciones. Ninguno de los antiguos mandos policiales ha revelado datos nuevos. Como acostumbran a hacer desde que estalló el escándalo, se han escudado en que no participaron de forma directa en las maniobras contra los Pujol y en que apenas les llegó entonces algún comentario a través de terceros (“eran chascarrillos”, ha resumido Villarejo). Sus estrategias han pasado, igualmente, por lanzarse reproches mutuos.

Eugenio Pino, que ostentó el cargo de director adjunto operativo (DAO) del cuerpo con el Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido el primero en sentarse ante el tribunal. El exjefe de la Policía ha asegurado que fue Martín-Blas quien, en cierto momento, le llevó datos sobre cuentas bancarias de los Pujol en Andorra, pero ha añadido que él se desentendió y que su subalterno nunca le comentó quién le había proporcionado esa información: “Esa pregunta en la Policía no la solemos hacer”, ha contestado a un abogado. Pino ha aseverado que tampoco sabe si esos datos son los mismos que se publicaron después en El Mundo: el diario divulgó un pantallazo con depósitos de varios miembros de la familia en la BPA. Ha acusado a Martín Blas y a Villarejo, sin embargo, de atribuirse el mérito de la difusión.

Marcelino Martín Blas, en cambio, ha atribuido a Pino la iniciativa para establecer vías de comunicación con “colaboradores” que podían facilitar datos comprometedores sobre la familia del expresident. Según ha relatado, a iniciativa de su superior, tuvo un contacto fallido en un hotel con Joan Pau Miquel, consejero delegado de la extinta Banca Privada d’Andorra (BPA); y acudió después a una boda junto al DAO, que les sirvió para volver a llegar hasta Miquel, quien les facilitó un “papel antiguo”, que “ponía el nombre de Pujol o del padre del señor Pujol”. Según ha remachado, él le dio ese papel a Pino: “Pero lo que se publicó en El Mundo no era lo que me habían dado a mí”.

Villarejo dice sentirse “coaccionado”

Por su parte, José Manuel Villarejo había preparado otra estrategia para evitar las preguntas de los abogados de la familia Pujol. “Me voy a acoger a mi derecho a no declarar”, ha avanzado a los jueces, alegando que se encuentra “imputado” en Andorra en la investigación sobre la Operación Cataluña. Pero de poco le ha valido esa excusa. El magistrado José Ricardo de Prada le ha advertido de que corresponde al tribunal determinar si debe responder o no, en función del contenido de cada cuestión que se le plantee. Además, otro letrado ha avisado después de que el comisario jubilado declaró en la causa del Principado como testigo, no como investigado.

Pese a ello, la maniobra de Villarejo ha marcado todo su interrogatorio. Con su habitual tono socarrón (“parece que estamos en un programa del corazón”, ha dicho en cierto momento), el antiguo policía ha negado su implicación en cualquier maniobra irregular para conseguir información bancaria sobre el expresident y su entorno. También, ante la insistencia de las defensas en busca de sus contradicciones, ha intentado eludir numerosas cuestiones: “No voy a contestar a nada relacionado con Andorra”, ha llegado a espetar, antes de que De Prada le haya cortado tajante: “Le vuelvo a recordar que tiene el deber inexcusable de decir la verdad y de responder a la pregunta. Y le recuerdo que no decir la verdad o ocultar algún dato, puede incurrir en un delito de falso testimonio”.

—¡Me siento coaccionado por el tribunal! —ha exclamado entonces Villarejo.

Este comisario, abiertamente enfrentado con Martín-Blas desde hace años, ha apostillado que supo por “chascarrillos” que su compañero se “encargó” hace una década del tema de los Pujol. Sin embargo, Villarejo ha negado que él se hiciese pasar por abogado para hablar con el empresario Javier de la Rosa y con Victoria Álvarez, pese a las numerosas pruebas que lo señalan. Ante sus preguntas por sus contactos con Álvarez, el antiguo policía ha vuelto a sacar su tono burlón: “He conocido a muchas mujeres en mi vida. Me suena de haber hablado alguna vez con ella [...] Creo que la conozco, pero soy muy mayor”.