La Fiscalía pide a Igualdad que bloquee las webs de 13 agencias de vientres de alquiler

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el trámite administrativo para bloquear el acceso desde España a las páginas web de 13 agencias extracomunitarias dedicadas al sector de la gestación subrogada o vientres de alquiler. El ministerio público, que acusa a estas empresas por “ofrecer y realizar prácticas comerciales de gestación subrogada” declaradas “ilegales” en España, toma esta medida tras abrir una investigación sobre ellas tras recibir múltiples denuncias por publicidad ilegal.

En su escrito, la Fiscalía señala a, entre otras, Go4Baby, que se define en su web como una agencia de gestación subrogada con “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania y para toda clase de familias en Colombia y México“. ”Vuestro sueño mucho más cerca", promete a parejas y personas interesadas, que añade: “Os ayudamos a construir vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby ya fue demandada en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promocionar esta práctica en España. También se apunta contra Success–Maternidad Subrogada, que tiene sus oficinas generales en EE UU e Israel; contra las estadounidenses Circle Surrogacy, Growing Generations y Invest Medical LLC; contra la georgiana Betaplus Fertility; y contra la mexicana Miracle Surrogacy.

El listado incluye a las empresas Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el documento de la Fiscalía, estas agencias operaban principalmente en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. Papallones verificó que, este miércoles, todos sus sitios web eran accesibles desde España.

A través de una resolución firmada este martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el ministerio público detalla que su investigación se originó en múltiples denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que también activó la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones inicialmente se enfocaron en ocho entidades y, por cuestiones de competencia, se distribuyeron posteriormente entre varias fiscalías provinciales (de Barcelona, Madrid y Málaga), que lograron que varias “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal”.

Pero, durante las investigaciones de las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, “se puso de manifiesto la existencia de otras entidades situadas fuera del territorio de la Unión Europea, que realizan prácticas comerciales sobre gestación subrogada, accesibles y visitables en su web desde España”. Esta parte se transfirió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la jurisdicción y, el pasado diciembre, comenzó a recolectar datos sobre las 13 empresas actualmente señaladas para bloquear sus sitios digitales.

En la comunicación remitida al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía subraya la urgencia de bloquear el acceso a esos sitios web desde España para cumplir con la legislación nacional sobre la protección de los derechos de las mujeres. En este sentido, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la ley clasifica los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva” y recomienda adoptar acciones para su “prevención” y “persecución”. Consultada por este medio, una portavoz del Ministerio de Igualdad afirmó que aún no pueden analizar el documento porque no lo han recibido.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las actuaciones administrativas pertinentes”, se ponga en contacto con las empresas que ofrecen servicios de acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone) para que bloqueen el acceso a esas páginas web, así como a cualquier subdominio que lleve al contenido “ilícito”. Asimismo, si Igualdad considera que esta medida podría afectar datos protegidos por los derechos a la libertad de expresión y a la información, la Fiscalía recomienda solicitar la “preceptiva resolución judicial” para poder implementarla.