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Carteles mexicanos
Columna

Economías de guerra

Las organizaciones criminales viven una situación límite que las obliga a sostener, e incluso intensificar, sus capacidades operativas, de inteligencia y de logística

Vehículos calcinados en Puerto Vallarta, el 23 de febrero.Alfonso Lepe (REUTERS)

Atrapados en las imágenes estereotípicas que de la actual delincuencia nacional hemos construido, dejamos de ver su complejidad y extensión. Un buen ejemplo es la manera en la que, en los cartones, el cine, la música y otros medios de comunicación, la personificación de los delincuentes ha quedado reducida a los sicarios. A tipos que utilizan cierto tipo de camisas, joyería, vehículos, cancioneros y otros signos exteriores de riqueza, acompañados de una pistola fajada al cinto o portando un cuerno de chivo. Gracias a la amplia difusión de este tipo de imágenes, la delincuencia ha quedado reducida al sicariato. Por lo mismo, se ha asumido que el combate a los pistoleros implica desmantelar a las organizaciones y que su muerte es una contingencia propia de la actividad que eligieron desempeñar.

Un caso igualmente complejo es el que tiene que ver con la economía delincuencial, al asumirse que los enormes ingresos producidos por sus muchas actividades se dedican a gastos suntuarios. A la compra y uso de ostentosos vehículos, joyería, ropa, así como a la realización de fiestas o a la de cirugías estéticas y arreglos corporales. El decremento del ingreso y del gasto provenientes de los delitos a estos signos materiales permite, desde luego, identificar a un colectivo o, al menos, a algunos de sus integrantes. Mediante los conceptos de cultura buchona o narca se constituye un grupo, se le encapsula y diferencia de otros. Como sucede con la reducción del narcotráfico a la personificación en sus sicarios, la disminución de sus ingresos a los gastos suntuarios de sus integrantes oculta componentes muy complejos. Signos que, sencillamente, están impidiendo que nos demos cuenta de las economías de guerra prevalecientes en el país.

En México, existen hoy importantes carteles y grupos delictivos. Asociaciones establecidas para obtener ganancias ilícitas para sus asociados, mediante la intermediación parasitaria impuesta con medios violentos en la propiedad, el trabajo, la producción y el consumo de los ciudadanos de un Estado (Leonardo Sciascia). Relevantes por tres factores. El primero es la presencia territorial que han alcanzado hasta el extremo de desplazar tanto a las autoridades como a otros grupos rivales. El segundo, la diversificación de sus operaciones en una amplia serie de rubros. El tercero, la imposición de su presencia y sus mandatos por medio de su propia violencia. La existencia de los carteles pasa por la posibilidad de alcanzar y mantener este último factor en condiciones cuasi monopólicas o monopólicas. Solo si puede ejercer su propia violencia puede mantener el control territorial, realizar sus actividades ilícitas, extraer ganancias, así como seguir ejerciendo su propia y violenta dominación.

El problema que enfrentan los carteles es que su presencia, sus actividades y su coacción deben ser impuestas en dos grandes frentes. Por una parte, ante las autoridades que les reclaman la ilicitud de sus conductas y pretenden hacer valer el monopolio estatal del uso de la fuerza; por otra parte, ante los demás grupos delictivos que buscan imponer sus propias condiciones ilícitas. Debido a que el sustento final de la presencia, las acciones y la propia coacción es la violencia, los carteles y el Estado compiten violentamente para lograr y mantener esa violencia, salvo que se hayan producido reparticiones.

Cualquier cartel o grupo delictivo de cierto tamaño mantiene a diario combates armados para alcanzar o sostener posiciones, evitar capturas y asesinatos. Por ello tiene que aplicar lo que los analistas de la guerra consideran sus tres ejes fundamentales: operaciones, inteligencia y logística. Por la primera, tienen que contar con un amplio número de “soldados”, mantenidos, armados y entrenados, capaces de realizar —voluntaria o forzadamente— las acciones militares que les sean ordenadas. Los ejércitos enfrentados tienen que contar con las condiciones necesarias para reemplazar a las personas asesinadas o capturadas, pues de ello depende la posibilidad de mantenerse en el combate a lo largo del tiempo. Mediante las tareas de inteligencia, los combatientes —mandos y soldados— deben conocer la localización de sus enemigos estatales o delincuenciales, adelantar sus posiciones, conocer sus rutas y actividades, así como identificar puntos de interés militar u operativos. Finalmente, mediante la logística, deben aportar todos los elementos materiales necesarios para sostener los dos esfuerzos anteriores y los de la propia proveeduría. Esta última, destacadamente, es la generadora de una economía de guerra.

Las acciones de un cartel frente a sus enemigos estatales o delictivos requieren de muy importantes recursos. Los soldados, comandantes, choferes, armeros, cocineros, custodios, espías y otros tantos jefes y empleados cobran sueldos, requieren atención médica, comida y otros insumos. Necesitan vehículos y estos, refacciones, reparaciones, blindajes y combustibles. Requieren equipos de comunicación, computadoras, drones y otros implementos de semejantes características. Ocupan armas de diverso calibre, municiones y explosivos para enfrentarse a soldados, marinos, guardias nacionales o sicarios rivales. Demandan fuertes cantidades de efectivo para pagar sobornos a las autoridades militares, policiales, aduanales, políticas, administrativas y judiciales. Necesitan fondos para abogados, notarios o registradores. Precisan recursos económicos para quienes lavan su dinero en operaciones financieras o comerciales.

Cada una de las actividades acabadas de mencionar conlleva importantes gastos, cuyas fuentes de recaudación provienen de las propias acciones ilícitas. Mientras las fuerzas estatales se financian mediante contribuciones, préstamos, emisión de moneda y otros mecanismos centralizados, los grupos delictivos lo hacen por otras vías. Desde luego están los recursos que se obtienen “lícitamente” después de lavado de dinero. Sin embargo, y de manera preponderante, sus ganancias vienen de la venta de productos y sustancias ilícitos, huachicol, trata de personas, derechos de piso, extorsiones, robos, pillajes y otros medios semejantes. Con independencia de lo amplio de estos enunciados, cada uno de ellos se integra por diversos componentes. Así, por ejemplo, el derecho de piso puede ser cobrado a otros delincuentes, a comerciantes ordinarios o a las propias autoridades. Más allá de las correspondientes particularidades, todas esas operaciones producen ganancias que, finalmente, son utilizadas para mantener el negocio y sostener la vida cotidiana —delictiva u ordinaria— de sus distintos integrantes.

El conjunto de las actividades desplegadas por las delincuencias constituye una economía completa que, tanto por sus condiciones de funcionamiento como de existencia, deben ser llamadas de guerra. Esto no sólo porque su diario actuar consista en un amplio número de operaciones de guerra, sino porque de su realización depende la sobrevivencia del grupo y de sus integrantes. De personas que saben que en los enfrentamientos contra el Estado pueden terminar muertas o detenidas y, frente a sus rivales, torturadas, asesinadas o desaparecidas.

En este contexto, las organizaciones criminales viven en una situación límite que las obliga a sostener, e incluso intensificar, sus capacidades operativas, de inteligencia y de logística. Para ello deben ampliar constantemente sus recursos de un número creciente de fuentes que, finalmente, se extraen de la población. En las cruentas y sostenidas guerras que en el país se despliegan por los delincuentes contra el Estado y contra sus enemigos, es altamente previsible el incremento de las actividades recaudatorias de recursos necesarios para sobrevivir. Los derechos de piso, las extorsiones, el pillaje y las demás formas ya señaladas, habrán de aumentar, al igual que las levas necesarias para mantener las tasas de reposición de los ejércitos.

La próxima vez que veamos o escuchemos las manifestaciones de la cultura narca o buchona, que se nos cuente de los autos de “alta gama”, de los relojes, las bolsas, las fiestas y otras maneras de expresión semejante, debemos saber que son meros signos de riqueza de algunos de los integrantes de los carteles, pero que en modo alguno representan ni muestran las economías de guerra que los mantienen. Economías completas y complejas que sostienen las luchas armadas que las organizaciones realizan contra el Estado mexicano y entre sí desde hace ya varios años. Luchas por el monopolio de la violencia y por los recursos de la población.

@JRCossio

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