El nuevo mapa de la delincuencia

Primero cayó El Botox, a finales de enero, en Michoacán, y apenas un día más tarde siguió Ryan Wedding, que se entregó, supuestamente, en Ciudad de México. Las autoridades se centraron en las semanas siguientes en el sur de Sinaloa, en jaque por la brutalidad de una célula ligada a Los Chapitos, mientras el Ejército gestaba, en Jalisco, su gran golpe, la caída del escurridizo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la enorme telaraña criminal de las Américas, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Su muerte, en un intercambio de balas con militares, constata el acelerón de las autoridades mexicanas contra el crimen. Pero la desaparición de unos y otros del tablero de juego deja al país huérfano de liderazgo criminal y abre un periodo de incertidumbre, en que la violencia aparece como una posibilidad amenazante.

En México, y en América Latina en general, el crimen ya no es solo narcotráfico. El viejo paradigma donde cocaína, marihuana y heroína impulsaban industrias ilícitas, sobre todo en zonas rurales, ha dado paso a una realidad distinta, mucho más compleja. Cualquier economía es botín, desde el aguacate y el limón de Michoacán, a los puestos de los mercadillos ambulantes y las rutas de transporte en Guerrero, el robo de gasolinas de los ductos de la petrolera nacional, Pemex... Donde hay dinero, ahí está el crimen, que además ha abaratado sus negocios de drogas, dejando el campo, apostando por lo sintético. En este paradigma, el CJNG y el Mencho abrieron camino, mientras armaban nuevas redes de protección, amparadas en el poder político de ámbito regional.

Más allá del Mencho, los cambios en el mundo delictivo son múltiples en los últimos meses, más si se añaden a la ecuación las erosiones que han sufrido las principales facciones del Cartel de Sinaloa, sobre todo la de Los Chapitos, liderada por los hijos del viejo capo criminal Joaquín El Chapo Guzmán. La facción de Los Mayos y la del Chapo Isidro también han sufrido bajas, aunque en menor medida. Los golpes a grupos criminales de Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas o Tabasco, por nombrar algunos, acaban de pintar el paisaje y elevan también preguntas sobre la eficacia de la estrategia gubernamental, que presume decenas de miles de detenidos en estos 17 meses de mandato, una reducción considerable en la violencia homicida y un esfuerzo en contener la extorsión.

Hay dudas y el sur de Sinaloa las refleja como ninguna otra región. Después de casi un año y medio de operativos, con cientos de detenidos y otras tantas bajas, principalmente en el centro del Estado, redes criminales del sur han elevado el nivel de violencia, como si lo ocurrido en los meses anteriores no fuera con ellas. El 23 de enero, un grupo ligado a Los Chapitos, según dijo el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, desapareció a un grupo de 10 trabajadores de una mina en la cabecera municipal de Concordia, cerca de la muy turística Mazatlán. Las autoridades han identificado los cuerpos de siete, exhumados de fosas clandestinas cercanas. Más o menos por entonces, integrantes del mismo grupo desaparecieron a cuatro turistas del Estado de México, en Mazatlán. No se ha vuelto a saber de ellos.

La supuesta fortaleza de Los Chapitos, que ha visto caer a mandos relevantes en el último par de años, es motivo de asombro e inquietud. Este hecho, tal como sucede con el Mencho, pone de relieve la controversia sobre los alcances de la política de seguridad del Gobierno y el destino de la criminalidad en la nación, el célebre panorama delictivo. El responsable del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, analiza esta cuestión. “La presión de EE UU a México en materia de seguridad obliga a dar respuestas que no desmontan estructuras [criminales], pero sí colapsan liderazgos, generando no menos, sino más violencia”, argumenta. “En síntesis, ¿van por los liderazgos o por las estructuras del crimen?”, aclara.

Su pregunta da en el clavo. México lleva 20 años en guerra contra el crimen organizado, con picos de agresividad, caso del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), y valles, experiencia de los años del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Y en todo este tiempo, el ciclo de aparición, crecimiento, ataque y colapso de liderazgos criminales se ha repetido varias veces, caso de Los Zetas o los Caballeros Templarios. El crimen resiste, se adapta, evoluciona. “Todo lo del Mencho hace que olvidemos que esto es un ciclo de repetición muy antiguo”, dice López Portillo. “Y todo lo que se comenta estos días omite la base social, económica, política del CJNG, ignorando la interacción con el Estado, replicando la idea de que Estado y delincuencia organizada son cosas separadas. Es muy frustrante”, protesta.

En la misma línea, la académica Rossana Reguillo, autora de Necromáquina. Cuando morir no es suficiente, un ensayo fundamental sobre las formas de la violencia en el país, señala las flaquezas de la estrategia de seguridad. “Esto [del Mencho] prueba otra vez la ausencia de políticas de Estado que avancen sobre el verdadero problema que representan estos grupos. Se opta por decapitar y no desmantelar. Haciendo esto, provocas el surgimiento de otras cabezas. Ya nos sabemos esta película, la hemos visto miles de veces”, critica. “Y es que además”, añade, “esta maquinaria, esta necromaquinaria, opera sin menchos, chapos, etcétera, opera como redes criminales”, insiste.

Tanta duda e incertidumbre dibujan el escenario presente, momento en que las ausencias reclaman protagonismo. En la tierra caliente de Michoacán, la caída del Bótox, líder de una banda de extorsionadores con cantidad de intereses en la potente agroindustria del limón, ha mandado a la cueva a viejos socios y enemigos, cautos ante la posibilidad de que el mazo gubernamental se fije en ellos. La caída del Bótox y otros, tras varios asesinatos de alto perfil, como el de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, mantienen a Michoacán en estado de espera. Por su lado, la salida de Wedding del tablero de juego criminal ha supuesto un gran golpe al flujo de cocaína de México a Estados Unidos y Canadá, a juzgar por los comentarios del Gobierno de Donald Trump, que ha pintado a Wedding como un Pablo Escobar moderno, comparación discutible, en términos de liderazgo y volumen de negocio.

Desde octubre de 2024, cuando Sheinbaum llegó a Palacio Nacional, el Gobierno ha apuntado con cierta tibieza a las estructuras de las que hablan los expertos, enraizadas en un magma de complicidad político-criminal. En el Estado de México, por ejemplo, el más poblado del país, que rodea tres cuartas partes de la capital, el Gabinete de Seguridad lanzó, en noviembre de 2024, la Operación Enjambre, dirigida precisamente a desmantelar esta red de complicidades. Las autoridades detuvieron a funcionarios de diez municipios de la entidad, entre ellos varios jefes de policía, integrantes todos de un contubernio criminal ligado al grupo criminal La Nueva Familia Michoacana. Igual que el CJNG o el Cartel de Sinaloa, el Gobierno de Trump designó hace justo un año a este grupo como una organización narcoterrorista.

La Operación Enjambre expuso brevemente la profunda problemática nacional, cuya complejidad superaba las previsiones iniciales. No se trata simplemente de que servidores públicos y mandos de policía brinden protección a delincuentes o ignoren sus acciones ilícitas. En realidad, forman parte de un sistema de cooptación institucional en los ámbitos local y regional, donde los grupos delictivos, aparte de imponer cobros a ciudadanos y administraciones, se han transformado en suministradores forzosos. Carne de ave, tortillas, vegetales, materiales de construcción, conjuntos musicales para celebraciones locales… Cualquier producto o servicio es gestionado por ellos, quienes asimismo demandan puestos en los ejecutivos municipales, policía, secretaría de Gobierno, buscando dominar los registros de negocios y de hogares con parientes en el extranjero que envían dinero, y demás.

La acción gubernamental trataba así de aflojar estos nudos delictivos. Hace unos meses, el Gabinete de Seguridad expandió la Operación Enjambre precisamente a Jalisco, bastión del CJNG, con la detención del alcalde de Tequila y tres funcionarios más. Las autoridades acusan al alcalde de liderar un esquema de extorsión a los empresarios tequileros y cerveceros de la zona, de manos del CJNG. Antes, el alcalde, adscrito a Morena, partido de Sheinbaum, ya había estado en la mira del Gabinete de Seguridad, por hacer apología del grupo criminal y del Mencho, invitando al municipio a un grupo de corridos que dedica canciones al capo y exhibe su imagen en pantallas en sus conciertos.

Un informante con conocimiento sobre la delincuencia en el Estado de México y en el territorio nacional comentaba hace unos meses a este periódico que los logros del Operativo Enjambre, previo a la acción en Tequila, resultaban bastante limitados. “Era importante empezar, pero esto es mucho más profundo”, afirmaba. Con el Enjambre sucedía lo mismo que con la criminalidad: los mandos eliminaban el liderazgo de la red delictiva en el ámbito oficial, pero no lograban deshacer los procesos, las bases ni las extensas redes de corrupción arraigadas. El interrogante reside en cómo intervenir en dicho sistema, dentro de una nación donde, tal como señala López Portillo, la impartición de justicia padece una fragilidad histórica.

La latitud y longitud, el ocaso del Mencho y el porvenir del CJNG definen las líneas del mañana. Posterior al fallecimiento del cabecilla, los cuerpos de seguridad localizaron registros de contabilidad vinculados al pago de salarios de gran cantidad de socios, sicarios, jefes, espías, e incluso de policías y otros funcionarios. Dichos archivos confirman el dominio total del CJNG sobre amplias áreas de Jalisco, cuya ciudad primordial, Guadalajara, será sede de diversos encuentros del mundial de fútbol este periodo estival. Por consiguiente, las dudas sobre los sucesores del Mencho carecen de la importancia que tiene la extensión del mando territorial actual. Aun así, la población de México se cuestiona en la actualidad qué sucederá y qué consecuencias traerá la desaparición del último gran jefe delictivo de la nación.

El secretario Harfuch señaló a finales de febrero durante una visita a Sinaloa que hay cuatro posibles candidatos al trono criminal, aunque sin dar nombres. El problema pasa por anticipar cómo será esa sucesión o, incluso, si existirá, si habrá batallas entre los caudillos del grupo. “El CJNG nació con un liderazgo muy centralizado, y este personaje que lo logró [Mencho], consiguió también cohesionar al grupo”, explica Salvador Maldonado, académico de El Colegio de Michoacán, experto en las dinámicas de violencia en la región. “Esa centralización ha puesto la sucesión en cuestión, porque no hay herederos de su talla. La duda es esa, cómo generar nuevas estabilidades, sin escisiones. Y cómo los nuevos liderazgos generarán incentivos para que se siga formando parte de esta organización”, añade.

Indicios sobre lo que se avecina podrían manifestarse en algunas semanas en Michoacán. Territorio colindante con Jalisco, los inicios del CJNG se localizan allí. El Mencho nació en una comunidad de Aguililla, próxima a la convulsa área de Apatzingán y la Tierra Caliente, que fue testigo, hace más de una década, de la rebelión de las autodefensas, una movilización popular y genuina frente a la criminalidad, personificada entonces por los Caballeros Templarios. La derrota de este grupo derivó en fracturas y coaliciones nuevas, que últimamente han situado al CJNG como la figura central de múltiples enfrentamientos en diversas zonas del Estado. “Todavía es pronto, pero es importante notar que las guerras regionales van a ser la piedra de toque del futuro del grupo. Es el punto central”, señala Maldonado.

Pero no es solo Michoacán. El CJNG mantiene pugnas en varios estados de la zona centro del país, sufragadas estos años de bonanza para el grupo criminal, con El Mencho al mando. Son guerras alimentadas por muchachos reclutados, a la fuerza o no, que combaten, como demuestran los documentos que dejó la captura del Mencho, por 200 o 300 dólares. La caída del Mencho pone en el alambre estos conflictos, su devenir. “Me preguntó qué pasará aquí a mediano plazo, con estos liderazgos bélicos, y sobre su expectativa del papel de nuevo coordinador”, reflexiona Maldonado. Reguillo apunta dos escenarios que complementan a Maldonado. “Uno, que haya una lucha intestina por un nuevo liderazgo unipersonal, lo que incrementaría la violencia, y además puede mandar un mensaje de debilidad a otros grupos. Y otro escenario es que haya gobierno de sombra, es decir, que todo estuviera ya pactado”, zanja.