Genocidio cubano

El bloqueo cubano nunca había estado tan intensificado como en la actualidad. Bajo la amenaza de imponer aranceles a cualquier nación que le venda o suministre petróleo a la isla, el Gobierno de Donald Trump está logrando estrangular a Cuba ejerce una crueldad sin precedentes.

Hoy, a la crisis económica estructural que ya padecía la isla, se une la escasez de combustible que está logrando paralizar no solo el transporte y el turismo, sino también los servicios de salud, el suministro de agua y, por supuesto, la producción de alimentos. No hay duda de que tal política está cobrando vidas.

La apuesta sigue siendo la misma: que la asfixia económica provoque la caída del régimen.

El problema es que los datos empíricos muestran que los bloqueos rara vez logran ese fin. Al contrario, una extensa bibliografía académica ha registrado que las sanciones económicas frecuentemente destruyen las economías nacionales y generan graves crisis humanitarias, sin que esto conduzca a la instauración de regímenes más democráticos.

A veces, los bloqueos terminan incluso favoreciendo indirectamente a las élites gobernantes de los países sancionados, ya que la población incrementa su apoyo al verlos como víctimas de presiones externas. Por si eso no fuera suficiente, las sanciones debilitan la capacidad de vigilancia estatal, lo que facilita un aumento de la corrupción.

Entre 1970 y 1990, las sanciones implementadas por Estados Unidos dirigidas a diversos países tuvieron éxito solo en el 21% de los casos. Como ha registrado el Instituto Peterson para la Economía Internacional, su eficacia se restringe casi por completo a situaciones donde los objetivos son limitados y no implican un cambio completo de régimen.

El ejemplo clásico de la ineficacia de las sanciones para lograr transformaciones políticas profundas es el embargo impuesto por la ONU a Irak en los años 90, tras la invasión de Kuwait por parte del régimen de Saddam Husein. En su momento, se pensó que el bloqueo sería suficiente para fomentar la democratización del país, pero sucedió justo lo opuesto: el embargo afectó de forma desmedida a la población civil sin modificar en lo esencial el liderazgo político.

La economía iraquí quedó arruinada. La hiperinflación forzó a millones de familias de clase media a la pobreza y elevó el trabajo infantil, la malnutrición y la mortalidad materna. La escasez de alimentos y medicinas provocó brotes de cólera, hepatitis y fiebre tifoidea, además de un aumento alarmante de muertes por enfermedades curables. Algunas estimaciones sitúan en medio millón el número de niños que murieron como resultado del embargo.

En su momento, la FAO describió el efecto del embargo como un “sufrimiento humano generalizado”, y el coordinador humanitario de la ONU en Irak dimitió, argumentando que las sanciones constituían un genocidio.

Por supuesto, así como hoy muchos juristas afirman que lo que sucede en Gaza no constituye legalmente un genocidio, en aquel momento también hubo quienes rechazaron esa lectura.

Pero más allá de discusiones legalistas, lo innegable es que el bloqueo a Irak generó una catástrofe humanitaria sin provocar el colapso del régimen. El liderazgo iraquí suavizó algunas de sus medidas, pero no fue derrocado. Terminó siendo eliminado mediante una invasión, con todas las consecuencias que hoy conocemos para Estados Unidos.

Por este y numerosos otros casos análogos, la ciencia política ha demostrado desde hace más de veinte años que los embargos no constituyen un instrumento efectivo para impulsar cambios de régimen.

Durante un tiempo se creyó que lo más efectivo era aplicar “sanciones quirúrgicas”, es decir, políticas que impactaran estratégicamente a las élites políticas sin perjudicar a la población (por ejemplo, bloqueos de cuentas bancarias o sanciones aéreas contra líderes políticos). Sin embargo, evidencia reciente ha demostrado que tampoco estas logran los resultados deseados, especialmente en países autocráticos donde, aun si las sanciones generan mayor movilización popular, esta puede ser sofocada por el Estado.

Es por todo lo anterior que ante Cuba no deben existir dudas. La política de asfixia económica impulsada por Estados Unidos no constituye una vía hacia la democratización de la isla, sino la imposición de un sufrimiento humano indiscriminado.

La ayuda humanitaria que México está proveyendo a la isla no debe interpretarse como un respaldo político, sino como un esfuerzo desesperado por impedir un genocidio a pocos kilómetros de su costa. México no está enviando armas ni recursos económicos. Está enviando leche en polvo, carne, arroz y frijoles. Es increíble que una ayuda de este tipo provoque críticas.

Si como humanidad buscamos fomentar la democracia y los derechos humanos, debemos dejar atrás políticas que generan sufrimiento masivo y optar por rutas que sitúen la vida, la dignidad y el bienestar de la población civil en el núcleo de toda acción diplomática.

Por ahora, es fundamental monitorear de cerca las consecuencias de las sanciones estadounidenses en Cuba. Si estas empiezan a costar vidas, el mundo debe unirse en una condena unánime.

No podemos aceptar el castigo colectivo como un instrumento de presión política.