La vida en Cisjordania, a merced de la ocupación: “Si abres la puerta, bien; si no, la tiran y te sacan”

Saher, palestino, sabe que cada vez que un grupo de judíos israelíes religiosos quiere visitar la Tumba de Yosef en su ciudad, Nablus, él va a pasar unas cuatro horas en la calle con su esposa y sus hijos, haga el tiempo que haga. Una entidad privada y un consejo de colonos organizan las excursiones en autobús, fuertemente protegidas por el ejército israelí y que suelen acabar en disturbios (a veces con víctimas mortales) con los jóvenes de la zona. Como el derecho de los fieles a rezar en la Tumba de Yosef (sobre la que no existe consenso arqueológico y que veneran varias religiones) importa mucho más que el de Saher a tener una vida normal, “entre 20 y 30 soldados” se plantan cada vez en su casa sin avisar, y los echan.

“Si abres la puerta, bien; si no, la tiran y te sacan. Les da igual si llueve fuera o si tienes hijos. Yo tengo siete y la última vez uno de ellos necesitaba ir al hospital. Los soldados me decían que no llamara a la ambulancia porque no le permitirían entrar en la zona. Tuvimos que andar hasta la calle Al Quds [a una hora a pie] con el niño enfermo”, cuenta Saher, que no quiere dar su apellido ni ser fotografiado, por miedo a represalias.

Saher solo sabe que las visitas a la tumba son lunes y miércoles, pero no siempre se organizan. Algunos vecinos consultan grupos de Telegram de colonos para intentar entender cuándo tendrán lugar. Vive en un barrio de Nablus que casi toca con el campamento de refugiados de Balata, en el escaso 18% de Cisjordania (llamado zona A) que controla plenamente la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Pero su casa está muy cerca de la tumba, que los Acuerdos de Oslo consagraron hace tres décadas como una miniisla israelí en medio de zona A, dejando el terreno abonado para un pulso que ―como todo en la región― va ganando Israel.

Su caso es también un ejemplo del impacto, como fichas del dominó, de la decisión tomada por las autoridades israelíes en octubre de 2023, a raíz de la masacre cometida el 7 de octubre de aquel año por Hamás, de anular sine die los permisos de trabajo en Israel de más de 100.000 palestinos de Gaza y Cisjordania. Solo dejaron los de decenas de miles que trabajan en los asentamientos judíos o en tareas consideradas vitales, como preparar comida a los soldados.

Los palestinos que trabajan en Israel suponen el 22% de la fuerza laboral de Cisjordania, son responsables del único salario de muchas familias (con casi cuatro hijos de media) y sustento indirecto de muchas otras, como la de Saher. Él trabaja como conductor de los típicos taxis compartidos locales, que salen cuando se llenan. Y hacía de lanzadera para estos operarios entre Nablus y el puesto militar de control más cercano. Siempre de madrugada, porque muchos trabajaban en la construcción, la agricultura o la hostelería, por lo que tenían que estar al alba en sus puestos.

“Ya no va casi nadie”, lamenta. “Antes hacía tres o cuatro viajes de ida y vuelta al día. Ahora, uno cada tres días, más o menos”, cuenta. Gana 50 shekels (casi 14 euros) al día y maldice a Hamás por haber lanzado en 2023 el ataque que ha puesto patas arriba su vida y todo Oriente Próximo. “¿No pensaron antes en qué nos harían los israelíes tras matarles a 1.200 personas?”, protesta. Lo llama despectivamente “el 7 de zapato”, en vez de 7 de octubre: los zapatos son considerados sucios en la cultura árabe y se usan para insultos o afrentas graves, como el periodista iraquí que se los lanzó en 2008 en Bagdad al entonces presidente de EE UU, George W. Bush, en protesta por la invasión de su país.

Ganando terreno

La ocupación militar israelí viene ganando terreno desde su inicio en 1967. Cuando tomaron Cisjordania (además de Gaza, el Golán sirio y el Sinaí egipcio) en apenas seis días de guerra, las autoridades israelíes estaban entre sorprendidas, eufóricas y preocupadas por la responsabilidad que eso suponía. Seis décadas después, gestionan un sistema cada vez más opresivo que protege a 500.000 colonos israelíes (bajo la legislación civil de su país) mientras convierte la vida de los tres millones de palestinos de Cisjordania (bajo ley castrense israelí) en una especie de lucha diaria. Llena, sobre todo, de incertidumbre.

Una orden militar israelí, un nuevo asentamiento (más de 140 en dos años, entre los aprobados retroactivamente y los construidos) o el miedo a los colonos pueden convertir de repente en inaccesible un terreno privado agrícola del que dependía una familia, legado de padres a hijos durante generaciones. Una casa puede ser demolida por haber sido construida en zona C (el 60% de Cisjordania bajo pleno control israelí) sin un permiso que las autoridades militares no dan prácticamente nunca.

Es todo tan imprevisible que las emisoras de radio palestinas recitan la situación de los puestos de control como si fuese la previsión meteorológica. Una voz los enumera añadiendo “salek” (se mueve, en árabe) o muglaq (cerrado). La mayoría se guía, sin embargo, por grupos de WhatsApp o Telegram con infinidad de miembros. Se basan en el conocimiento compartido. Cuando alguien llega a un puesto de control, manda un whatsapp al grupo explicando su situación, generalmente acompañado de una foto y de un emoji de OK verde o una cruz en rojo. Otros llaman a amigos o conocidos que pueden físicamente ver el puesto: el mismo que en un momento dado está abierto y sin soldados puede cerrar pocos minutos más tarde.

Hay, en muchos casos, un sistema dual de carreteras. Las más rápidas e ininterrumpidas están concebidas para el libre movimiento de los colonos. Cada vez se ven más banderas israelíes (plantadas incluso frente a casas de palestinos) o símbolos judíos colgados o en los quitamiedos. También pegatinas o banderas de movimientos mesiánicos, como los que abogan por demoler en Jerusalén la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al Aqsa (tercer lugar más sagrado del Islam) para edificar el tercer templo judío allí donde se alzaron los dos destruidos hace dos milenios. O grafitis con frases como “Que os quemen la aldea”, “Mahoma es un cerdo”, “Venganza” o “Somos los dueños del lugar”.

Los coches con matrícula amarilla, expedida por Israel, pueden tomar estas vías, aunque a veces comparten tramos con los palestinos. La ministra de Transportes, Miri Regev, inauguró justamente en 2023 un desvío que conecta en una hora Jerusalén y Huwara, una de esas partes de Cisjordania antes consideradas remotas o peligrosas y hoy llena de carteles sobre el Mesías. Para facilitar la vida a 8.000 colonos, las autoridades expropiaron 40 hectáreas de tierras privadas palestinas y gastaron el equivalente a 11.000 euros por colono.

De atasco en atasco

Los palestinos viven, en cambio, de atasco en atasco. Sus matrículas, verdes o blancas, les dan acceso a un laberinto de carreteras secundarias trufadas de retenes y puestos militares de control. No solo para acceder a Israel, sino a menudo fracturando el movimiento interno entre municipios. Las localidades tienen accesos bloqueados por barreras levadizas (más de cien), montañas de arena o grandes bloques de cemento. Israel justifica su necesidad en la lucha contra el terrorismo.

Junto a una de estas barreras (hoy abierta desde la mañana), los ganaderos de los pueblos cercanos venden y compran ganado en una explanada en Beit Furik, también en el norte de Cisjordania. La feria se celebra dos veces por semana, pero anda de capa caída, entre que pocos madrugan en Ramadán, que llueve y que falta dinero en general. Los funcionarios solo cobran la mitad del sueldo, porque Israel retiene fondos a la ANP, y el desempleo ronda el 30%.

Por eso, Muhamad Darahme no está “nada feliz” de vender sus cabras un 40% más caras que hace dos años. “Los colonos no nos dejan espacio para sacarlas a pastar, así que tenemos que comprar pienso, y es más caro. Además, cuando están todas juntas en el mismo sitio acaban cogiendo enfermedades”, lamenta, mientras un hombre mira la dentadura de una para ver si merece el desembolso.

Mahmud Sirur no tiene ganado. Vende solo frutas deshidratadas, que compra a agricultores y seca él mismo. “Mira lo que llevo hecho en toda la mañana”, dice, mientras la mayoría de vendedores recoge ya sus cosas. Saca del bolsillo 30 shekels, unos ocho euros. “El que antes venía y me compraba un kilo ahora me pide solo cinco shekels. Yo lo entiendo. La gente tiene que elegir. ¿Qué van a hacer? ¿Comprarme a mí, que vendo fruta seca, o tomates y patatas?”.

Sirur cuenta con orgullo que, pese a no tener él estudios, logró que cuatro de sus hijos fuesen a la universidad y dos sean hoy abogadas. La quinta, añade con tristeza, “está en casa”. “Deseando que hoy me haya ido bien y traiga dinero para poder pagarle la universidad”.

Ninguno de estos fenómenos es nuevo. Ya el año 2022 —con el único Gobierno sin Benjamín Netanyahu al frente desde 2009— fue particularmente violento en Cisjordania, con los asentamientos creciendo a un ritmo entonces inédito. Y han aumentado desde que el derechista Netanyahu regresó al poder en 2023, por primera vez sin un solo socio de coalición a su izquierda (solo ultranacionalistas y ultraortodoxos) y dando amplios poderes sobre los asuntos civiles de Cisjordania a su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Este último es un ardiente defensor de la colonización que insiste en que “Palestina no existe” y sueña con restaurar el Gran Israel bíblico, que se extiende a los países vecinos.

Deterioro

Todo ha empeorado, sin embargo, desde el ataque de Hamás en 2023 y la devastadora invasión de Gaza posterior. Lo sabe bien la familia Saada. Tiene cinco arrestados desde esa fecha. El último, Imad, de 30 años, la misma mañana en la que el periodista los visita.

Apenas han pasado cinco horas desde la redada israelí, pero la casa luce mejor que en el vídeo que grabaron al terminar, con muebles y objetos tirados por el suelo. Eso sí, faltan las puertas: las fuerzas especiales las echaron abajo con un sistema cuyo enorme estruendo despertó a los padres. “Estábamos durmiendo, después de rezar el Fayr [la primera oración del día]. De repente, hubo un sonido parecido a un terremoto. Nos despertamos asustados, salimos y vimos soldados justo sobre nuestras cabezas. Empezaron a decirnos palabras feas. ‘¿Quién eres? ¿Eres su padre?’. Nos pusieron a todos en una habitación. Se lo llevaron a otra y nos encerraron con llave”, recuerda entre lágrimas Nihaya, la madre del arrestado, rodeada de familiares y visitantes.

“Lo sacaron diciendo ‘¡basta, basta, venga!“, prosigue la mujer. ”Les seguí para que se vistiese, pero no me dejaron. Se lo llevaron con la ropa que llevaba mientras dormía. Les seguí por la calle y no me dejaron verlo. Se llevaron su documento de identidad y su teléfono. Lo blasfemaban. Pero gracias a Dios, terminó así [sin morir nadie]”.

Mientras, un carpintero toma las medidas de los marcos para encargar nuevas puertas. Es Ramadán, el mes musulmán del ayuno, y aún mediodía, así que nadie le ofrece el típico café de cortesía. Un niño pregunta por qué los soldados rompieron las puertas y la familia se enternece con su aún intacta inocencia.

Aquí, el arresto de Imad se vive como una suerte de orgullo y parte natural de la vida bajo ocupación. Nadie niega tampoco que la familia ha estado vinculada a grupos armados. Prima la sensación de engaño: Imad pasó dos años en las cárceles de la ANP, tras un acuerdo con Israel, y fue liberado hace uno con un compromiso verbal de que no sería arrestado de nuevo, según afirma Jaled, su hermano tres años mayor. Como es habitual, la familia no sabe dónde está y tardará varios días en saberlo.

Su padre, Shawqat, de 60 años, admite que pasó años como miliciano, evitando el arresto en el laberinto de callejuelas que conforma la ciudad vieja de Nablus. En 2008 firmó un pacto con la ANP para abandonar las armas a cambio de una vida normal y hoy admite el desmantelamiento por Israel de lo que aquí se llama “la resistencia”: las milicias que lo combaten. “No queda casi nada que se puede llamar resistencia. O son mártires [murieron en el marco del conflicto] o están encarcelados, por Israel o por la ANP”, señala.

Rafat está en la otra punta de Cisjordania: el agrícola y ganadero sur, casi al borde de la Línea Verde, la divisoria internacionalmente reconocida entre Israel y los territorios palestinos. Los vecinos no tienen muy claro si el establo que luce calcinado está en zona A, B o C (la diferencia puede ser cuestión de cientos de metros), pero sí la tragedia que supone a uno de ellos, Abdala Rawad, acabar de perder unas 85 cabezas de ganado. “Es como si me hubiesen quemado a mí”, dice alicaído. Valen 250.000 shekels (unos 68.000 euros).

Los cadáveres de ovejas y cabras están apilados, con la piel chamuscada y algunas vísceras por fuera. El olor a carne quemada impregna el ambiente, pero pesa menos que el malestar de los vecinos. No hay semana en Cisjordania sin robos o ataques al ganado de palestinos, así que todos dan por hecho que han sido colonos violentos de las proximidades, pese a carecer de pruebas.

Poco después, crece la indignación. La policía israelí, que mandó investigadores desde el asentamiento de Hebrón, emite un comunicado en el que señala un fallo eléctrico, que hizo arder las lonas del establo, como origen del incendio, que los testigos describen como violento y repentino. Es tal la desconfianza hacia las autoridades israelíes —y más aún hacia la policía, bajo el paraguas de un ministro ultraderechista, Itamar Ben Gvir— que nadie lo valora como posibilidad.

“No sirve de nada traer a la policía. Tampoco al ejército”, protesta uno de los vecinos, Naim Awadi, de 70 años. “Luego dejan que los colonos nos lancen los perros si intentamos sacar a pastar nuestro ganado. Aquí somos ganaderos y agricultores. Si nos queman el ganado, ¿de qué vamos a vivir?”.