Irán condena a la horca al menos a 26 manifestantes detenidos en las últimas protestas

Irán ha condenado a morir en la horca al menos a 26 de las decenas de miles de personas detenidas en la última oleada de protestas contra la República Islámica, en la que murieron más de 7.000 iraníes, según cálculos provisionales de distintas ONG. La información sobre esas condenas a muerte ya dictadas la ha proporcionado en un comunicado una organización iraní basada en Noruega, Iran Human Rights (IHR), que monitorea la aplicación de la pena capital en el país asiático y cuyas cifras han sido avaladas en el pasado por Naciones Unidas.

Esta organización ya había denunciado la condena a muerte -en una ejecución que se llevará a cabo en público-al atleta de 18 años Saleh Mohammadi, un caso incluido en esa cifra total de 26 condenados. IHR ha alertado también en su comunicado de que varios cientos de iraníes más, igualmente arrestados en las protestas, podrían acabar también en el patíbulo. Esas personas han sido acusadas de cargos que pueden acarrear una probable ejecución por el método que más se utiliza en Irán: la horca. Entre esas acusaciones destaca la de moharebeh o “enemistad con Dios”, una figura penal sin equivalencia en otros países.

La ONG iraní en el exilio asegura a su vez que, en esa lista de varios centenares de personas, figuran varios menores. El comunicado de la ONG alerta de un siniestro augurio que en Irán se está ya produciendo y que suele preceder a las ejecuciones: las confesiones televisadas de los acusados, normalmente extraídas con torturas, según han corroborado organizaciones internacionales como Amnistía Internacional.

De acuerdo con HRANA, otra ONG iraní en el exilio, HRANA —en Estados Unidos— al menos 54.000 personas fueron arrestadas por haber participado en las últimas protestas en Irán, o por haber sido acusadas de ello.

El pasado 16 de febrero, el jefe del poder judicial iraní, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, reiteró la orden de “enjuiciar y castigar a los principales responsables de los disturbios y actos terroristas”—así definen las autoridades del país a los manifestantes— y de actuar contra ellos “sin indulgencia”. En una conferencia de prensa celebrada al día siguiente, Asghar Jahangir, portavoz del poder judicial, anunció que se habían presentado 8.843 acusaciones formales en relación con las manifestaciones.

En su comunicado, Iran Human Rights solo desvela la identidad de otros siete de los 26 condenados a muerte, alegando “motivos de seguridad”. Se trata de Mohammad Amin Biglari, Ali Fahim, Abolfazl Salehi Siavashani, Amirhossein Hatami, Shahin Vahedparast Kolor, Shahab Zohdi y Yaser Rajaifar. Uno de ellos, Amirhossein Hatami, podría ser menor de 18 años, un extremo que la organización de derechos humanos asegura estar tratando de comprobar.

Ese joven y otros dos de los acusados fueron arrestados en Teherán el 8 de enero, la jornada en la que se desató la represión masiva de las protestas y en la que murieron muchas de las miles de víctimas de las fuerzas de seguridad y paramilitares. Otro de los siete condenados, Mohammad Amin, permaneció en detención incomunicada durante tres semanas mientras su padre lo buscaba en las morgues creyendo que había muerto, señala la nota de la ONG.

Como en otros casos, las confesiones de cinco de estos hombres—todos jóvenes—fueron difundidas por medios estatales iraníes el 18 de enero. En el video, se les describe como jóvenes “engañados e instruidos por elementos terroristas sionistas [israelíes] y estadounidenses” para atacar una base de la Guardia Revolucionaria en Teherán. Según los datos de IHR, dos de los acusados ni siquiera estaban en esa zona de la capital iraní, sino que fueron “arrestados en otro lugar” y posteriormente “se les incluyó en el caso” del supuesto ataque al cuartel del poderoso ejército paralelo iraní.

Los siete hombres fueron juzgados el 7 de febrero por la Sala 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán, en manos de la Guardia Revolucionaria, presidida por Abdolqasem Salavati, a quien se apoda en Irán de forma elocuente como “el juez de la horca”. Al día siguiente del inicio de las vistas, el 8 de febrero, todos fueron condenados a muerte por “enemistad con Dios”, destaca IHR. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han sancionado a Salavati por violar los derechos humanos.

Los acusados fueron juzgados sin ninguna garantía procesal, de acuerdo con el relato de la ONG. En una entrevista con el diario reformista Emtedad el 18 de febrero, Hassan Aghakhani, un abogado contratado para representar a Mohammad Amin Biglari, de 19 años, afirmó que el juez les negó el permiso para “revisar el expediente del caso o presentar una defensa”.

Aunque la legislación iraní recoge el derecho de elegir abogado, una nota añadida en 2015 al artículo 48 del Código de Procedimiento Penal iraní limita este derecho en el caso de delitos acusados de delitos contra “la seguridad nacional”. En ese caso, los acusados solo pueden ser representados por un letrado incluido en una lista aprobada por las autoridades, lo que a menudo equivale a que no acceden a ningún tipo de defensa.

Las condenas a muerte en primera instancia en Irán pueden ser recurridas en un plazo de 20 días, según las leyes del país. Sin embargo, las autoridades iraníes han ejecutado en el pasado a reos antes de que expirara ese plazo.

Majidreza Rahnavard, un manifestante detenido durante la anterior oleada de protestas contra el régimen en 2022 —las del movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, desatadas por la muerte a manos de la policía de la joven kurda Yina Mahsa Amini— fue ahorcado en público cuando solo habían transcurrido 23 días de su arresto y 18 de su condena en primera instancia. También en aquella ocasión, las organizaciones de derechos humanos denunciaron torturas y un juicio fulminante y sin garantías.

Cuando Rahnavard fue ahorcado el 12 de diciembre de 2022, las organizaciones de derechos humanos criticaron el uso ejemplarizante de esas ejecuciones públicas para infundir miedo a la población, especialmente en el contexto de las sucesivas oleadas de protestas contra el régimen que han sacudido Irán en los últimos años. Ese país es el que ejecuta a más personas en relación con su población del mundo.

Tras las últimas manifestaciones contra la República Islámica en Irán, advierte en la nota de IHR su director, Mahmood Amiry-Moghaddam, “el peligro de ejecuciones masivas de manifestantes detenidos es real e inminente”, dado que “las autoridades parecen decididas a continuar la matanza de manifestantes, esta vez en prisión”.

Amiry-Moghaddam insta a la comunidad internacional “a actuar con urgencia y determinación para detener estas ejecuciones. Salvar la vida de los manifestantes detenidos debe ser la máxima prioridad en cualquier diálogo o negociación con la República Islámica”, destaca en alusión a las negociaciones para un acuerdo nuclear entre Teherán y Washington que el martes concluyeron su segunda ronda en la ciudad suiza de Ginebra.