El PSOE se opone a anular la condena de cárcel al ultraderechista que facilitó un ciberataque al partido

El PSOE ha movido ficha contra Raul Stancu, un ultraderechista sentenciado a un año de cárcel por instigar y facilitar un ciberataque a la web del partido en noviembre de 2023, cuando diversos grupos extremistas alentaban una ola de protestas ante la sede de los socialistas en Ferraz. La formación ya ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo para oponerse a la reclamación del condenado de que se anule la pena de prisión dictada contra él. La defensa intenta tirar abajo el castigo impuesto, alegando que Stancu solo impulsó “una acción de protesta” política; pero el PSOE incide en que la Audiencia Nacional ya ha descartado esa tesis en dos ocasiones.

El magistrado José Manuel Clemente Fernández-Prieto, responsable del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, condenó el pasado septiembre al ultraderechista por hacer “un llamamiento masivo y generalizado” contra la web de los socialistas, y facilitar la herramienta informática para perpetrar el ciberataque. Stancu, residente en la provincia de Girona y nacido en Rumania, utilizó para ello una cuenta de la red social X (antiguo Twitter), que había abierto unas semanas antes y que usaba para propagar mensajes racistas y xenófobos. Esa misma pena de prisión fue confirmada después, en noviembre, por la Sala de lo Penal.

“Buena gente, si podéis hacerle llegar esto a más gente sería de mucha ayuda. Hemos desarrollado una herramienta para atacar en modo de protesta al Gobierno”, tuiteó el ultra, de 37 años, a las 14.42 del 7 de noviembre de 2023. Además, el condenado incorporaba un enlace a un “script o herramienta” diseñada para realizar “peticiones masivas” a las web (que provocan así su caída). En esos días se habían convocado protestas ultraderechistas contra las sedes del partido por los acuerdos con las fuerzas independentistas para investir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo.

Después de que la Sala de lo Penal confirmase la condena de un año de prisión y el pago de 40.376,75 euros al partido —en concepto de indemnización, más los intereses, por lo que costó reparar la plataforma digital—, la defensa recurrió al Supremo, que aún no se ha pronunciado. Los letrados del ultraderechista, Jaume Agustí García y Mónica Aguilar, han argumentado ante el alto tribunal que las sentencias de la Audiencia Nacional atribuyen a su cliente “el resultado” del ciberataque, pese a que su “ejecución material dependió de terceros” (“Se pretende convertir en autor del daño a quien difunde un enlace, pese a que el eventual colapso deriva de la actuación masiva de otros usuarios”); además de afirmar que él no tenía “intención de causar un daño patrimonial grave y permanente”, sino de ejecutar “una acción de protesta”.

Sin embargo, el PSOE rechaza todos los argumentos que ha expuesto la defensa para intentar que el Supremo anule la condena. Así consta en un escrito remitido por los socialistas al alto tribunal, fechado el 5 de febrero y al que tuvo acceso Papallones. En ese texto, el partido incide en que la Audiencia Nacional ya ha “rechazado expresamente” la tesis de que Stancu impulsó una “protesta política”, y recuerda que el tribunal atribuyó al ultra una “conducta dolosa, intencional, reiterada y consciente”.

La Audiencia Nacional lo resumió de esta forma: “[Stancu] no realiza una acción de protesta individualizada, que nunca habría podido colapsar la página web del PSOE, sino que, por el contrario, realiza un llamamiento masivo y generalizado a enviar los mensajes que él mismo coloca en su página, al tiempo que facilita el medio (el script) para que una masa ingente pueda acceder directamente a la página atacada, enviando los mensajes pretendidos, por lo que necesariamente tenía que representarse y aceptar que la página podía colapsar”.

Los socialistas acusan al ultraderechista de presentar ante el Supremo un “recurso instrumental y dilatorio”. “No respeta los hechos declarados probados. Se limita a realizar una nueva, interesada y parcial valoración de la prueba que se practicó en el plenario”, afirma el PSOE, que pide al alto tribunal que ni siquiera admita a trámite el recurso de casación que le ha enviado la defensa: “Lo que se pretende es que la Sala de ese alto tribunal, con otras competencias, valore nuevamente la prueba practicada en el acto del juicio, lo que está expresamente excluido del ámbito del recurso de casación”.