Condenado un grupo de extrema derecha en Italia por intento de reorganización del partido fascista

Un total de 12 miembros de un conocido grupo neofascista italiano, CasaPound, han sido condenados este jueves por un tribunal de Bari, en el sur del país, por reorganización del partido fascista. Los jueces han aplicado por primera vez en este siglo la llamada ley Scelba, aprobada en 1952, una norma clave en el nacimiento de la nueva república tras la Segunda Guerra Mundial, erigida sobre la idea de que el fascismo nunca más se volviera a repetir. La ley se aplicó en los años setenta a grupos neofascistas como el terrorista Ordine Nuovo y Avanguardia Nazionale, y a algunas organizaciones en los años noventa, pero es la primera vez que se recurre a ella en las últimas tres décadas.

Militantes de CasaPound han afrontado hasta ahora numerosos procesos, pero los jueces nunca habían considerado probado este extremo. Es una señal importante de los tribunales, pues desde la llegada de la ultraderechista Giorgia Meloni al Gobierno se han disparado las exhibiciones públicas de tipo fascista, aunque nunca habían tenido una respuesta judicial tan clara. Es más, el Tribunal de Casación, equivalente al Supremo, estableció en 2024 que hacer el saludo fascista no es delito en actos conmemorativos, salvo que haya un riesgo de reconstruir el partido fascista. CasaPound, por ejemplo, ha celebrado numerosos actos de este tipo con cientos de personas en los últimos años.

La condena ha llegado en el proceso por la agresión de un grupo de matones de la organización a manifestantes de izquierda en Bari en 2018. Entre ellos estaba la parlamentaria europea Eleonora Forenza, del partido Refundación Comunista, que con otras personas protestaba contra el entonces ministro de Interior y líder de la Liga, el ultraderechista Matteo Salvini.

El tribunal ha condenado a los 12 acusados a penas de entre un año y medio y dos años y medio de cárcel, y privación de derechos políticos por cinco. En concreto, la sentencia constata la violación de los artículos 1 y 5 de la ley de 1952. El primero define la reorganización del partido fascista cuando “una asociación o un movimiento persigue fines antidemocráticos propios del partido fascista, exaltando, amenazando o usando la violencia como método de lucha política”. También añade entre sus actividades propugnar la supresión de libertades constitucionales, denigrar la democracia y hacer propaganda racista. En resumen, “cumplir manifestaciones exteriores de carácter fascista”. En cuanto al artículo 5, castiga a quien “con palabras, gestos o en cualquier otro modo cumpla públicamente manifestaciones usuales del partido fascista disuelto”.

CasaPound, cuyo símbolo es una tortuga negra, nació como movimiento en 2003 cuando varios miembros ocuparon un edificio de seis pisos en el centro de Roma, en la calle Napoléon III, para convertirlo en centro social. Es un tipo de recinto muy popular en Italia, gestionado por colectivos juveniles y que realiza actividades culturales y sociales, generalmente de izquierda. Pero el de CasaPound se convirtió en el primero estable de una agrupación de extrema derecha, aunque en los apartamentos se instalaron a vivir familias de conocidos y afines.

Un grupo de dirigentes ya ha sido condenado por la ocupación, y el juicio en segunda instancia se celebrará el próximo mes de abril. Sin embargo, la policía no desaloja el edificio, algo que ha desatado muchas críticas en los últimos meses a la tolerancia del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni. Porque lo cierto es que las autoridades sí han vaciado por la fuerza dos centros sociales que eran bastiones de la izquierda, el Leonkavallo de Milán, en agosto de 2025, y el Askatasuna de Turín, el pasado diciembre.

CasaPound se convirtió en partido político en 2008, y empezó a presentarse a elecciones. Llegó a obtener más de 300.000 votos en 2018, pero en 2019 dejó de concurrir a las urnas. Su fundador, Gianluca Iannone, fue condenado en 2009 a cuatro años de cárcel por agresión a un agente de los Carabinieri, y numerosos miembros han sido acusados de violencia y apología del fascismo en los tribunales, algunos de ellos a periodistas.

La sentencia de este jueves, un proceso que comenzó en 2022, es de primera instancia y será recurrida. La ley no prevé la disolución de una organización por este motivo hasta que no haya una condena definitiva, pero tras el fallo judicial, cuya argumentación escrita se conocerá en un plazo de 90 días, como es habitual en Italia, se han alzado muchas voces para pedir que se disuelva la organización. En el pasado, el ministro del Interior ya actuó en algunas ocasiones tras una primera sentencia.

Una de las denunciantes, Eleonora Forenza, declaró que queda demostrado, no solo que la agresión tuvo “el sello de un escuadrón de tipo fascista”, sino el juicio político de fondo: “CasaPound es una organización neofascista. No tiene que ser desalojada, tiene que ser disuelta, y es fundamental recordarlo en este momento de la historia de la República”.

Toda la oposición, Partido Demócrata (PD), el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) e Izquierda y Verdes (AVS), ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Matteo Piantedosi, que es quien debería ordenar la disolución de la organización.

“Es una sentencia muy importante porque por primera vez se establece que CasaPound ha intentado reorganizar el partido fascista”, ha declarado la líder del PD, Elly Schlein. “Ahora que una sentencia lo establece, al Gobierno no le queda más que hacer lo que pedimos desde hace tiempo: disolver CasaPound, disolver las organizaciones neofascistas como está previsto en nuestra Constitución”.