Cuarteles para el nuevo orden

En 2025, mientras Trump afeaba a España su —según él— escaso gasto militar, el Gobierno aprobaba el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa con una inversión de más de 10.400 millones, elevando el gasto total en Defensa a 33.123 millones de euros durante el pasado ejercicio que permitirá, según datos del ejecutivo, alcanzar el objetivo del 2% comprometido con la OTAN.

De dichos fondos, más de 10.400 millones —más de un 35%— corresponden a la partida para la mejora de las infraestructuras, condiciones laborales, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas; un 31% al desarrollo de nuevas capacidades de telecomunicación y ciberseguridad; casi un 19% a la compra de nuevos equipos de defensa y disuasión; algo más del 16% al apoyo a la gestión de emergencias, y un 3% a la mejora de las condiciones de seguridad de los militares españoles desplegados en el exterior. Esto se traduce en 31 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) previstos hasta 2037.

“El plan refleja una visión moderna de la Defensa, alineada con los desafíos globales y las prioridades europeas, apostando por la innovación tecnológica, las capacidades de doble uso y la mejora del equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, lo que sitúa a nuestro país en la senda de una autonomía estratégica más sólida y resiliente”, resume César Ramos, director general de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE). Aunque avisa: “Este impulso debe apoyarse en una planificación presupuestaria estable y sostenida, que aporte a las empresas el horizonte necesario para desplegar todo su potencial”.

Esas empresas son mayoritariamente españolas, ya que se especifica que el 87% de esta inversión, es decir unos 9.000 millones de euros, recaerían en compañías españolas y menos del 5% se gastará fuera de la Unión Europea. Y además, las elegidas han sido fundamentalmente tres: Indra, Airbus y Navantia, que se han llevado el 90% de los programas.

“Esta apuesta inversora supone un impulso estratégico sin precedentes para la industria nacional de defensa, ya que proporciona estabilidad a largo plazo, favorece la planificación tecnológica y consolida capacidades industriales críticas. Además, permite a España reforzar su autonomía estratégica, aumentar su competitividad internacional y asegurar un retorno económico e innovador significativo para el país”, señala Cristina Abad, directora de Estrategia y Sostenibilidad de Navantia, quien apunta a su vez que la “inversión en estos nuevos PEM se encuentra cerca de la mitad de toda la inversión acumulada en Programas Especiales de Modernización de las FFAA que se llevaron a cabo durante los 30 años anteriores”.

Seguridad digital

La segunda partida de este plan está destinada a desarrollar y adquirir nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad. Esto se traduce, entre otras cosas, en la modernización de los sistemas de comunicación cifradas, la adquisición de nuevos satélites y radares, actualizar los mecanismos de conectividad y ampliar la ciberseguridad. “El plan representa una oportunidad histórica. Ahora nos corresponde convertir esa voluntad en capacidades reales y desplegables que otorguen a nuestro país autoridad de diseño y soberanía tecnológica”, asegura Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo Oesía.

Para Furnells, la autonomía estratégica es fundamental, no solo se trata de disponer de medios sino de mantener la capacidad soberana de transformarlos cuando se necesite, algo muy importante al ritmo que avanzan los acontecimientos y la propia tecnología. “En defensa, quien domina la arquitectura tecnológica conserva la capacidad de evolucionar y proteger los sistemas a lo largo de todo su ciclo de vida”, sentencia. Su empresa participa en un PEM sobre medios de cifrado de voz táctica y datos, y en otro —adjudicado a Santa Bárbara— en el que apoyará la modernización de los vehículos de combate Pizarro actualizando la optrónica.

Un ecosistema industrial de alianzas tecnológicas es algo vital para Furnell, que no cree que la autonomía estratégica se alcance desde el aislamiento. “Estas alianzas —con grandes integradores, con pymes altamente especializadas y con socios tecnológicos europeos y transatlánticos— refuerzan la resiliencia de la cadena de suministro, elevan el nivel tecnológico conjunto y posicionan a la industria española como un actor fiable en entornos aliados”, asegura Furnell, a la vez que aboga por adoptar nuevos enfoques: “Ciclos de desarrollo más cortos, mayor interacción con el usuario operativo, arquitecturas y plataformas basadas en software con actualizaciones evolutivas que permitan adaptar las capacidades a un entorno de amenazas dinámico”. En definitiva, capacidad de adaptación y resiliencia industrial.

Sin embargo, las alianzas europeas no han sido las beneficiarias a la hora de adjudicar proyectos. “Se ha primado la política industrial hacia adentro, española, frente a la de la UE”, responde Antonio Fonfría, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, que considera que en este reparto se ha impedido “la competencia de empresas de otros países y, sorprendentemente, va en contra de las declaraciones de los responsables políticos de hacer más Europa”.

Al menos, Fonfría espera que el plan movilice pymes y start-ups para que la financiación fluya aguas abajo, aumentando su impacto positivo. Lo cierto es que el tejido industrial de defensa en España está muy fragmentado —según TEDAE el 70% de sus asociados son pymes— y no consta de grandes corporaciones (Navantia es la primera empresa militar española que aparece en el ranking mundial de Defense New y lo hace en el puesto 84º). Y a pesar de ello, España es el octavo exportador mundial de material militar.

Una industria atomizada

Lo mismo sucede en Europa, como recoge en el artículo Algunas claves económicas para una industria europea de defensa más integrada del economista Miguel Ángel González Simón para la Fundación Funcas, en el que señala la atomización y la poca colaboración de este sector dentro de la UE: “En el caso de la Unión Europea, durante las últimas décadas el sector industrial de defensa se orientó hacia la fabricación de equipos especializados de pequeña escala, en un contexto de reducida colaboración. Ahora bien, los acontecimientos recientes han expuesto las limitaciones de esta organización para hacer frente a amenazas de alta intensidad”.

El sector ha tomado aire desde la aprobación de la Estrategia Industrial de Defensa en 2023, con el que se empieza a ganar músculo actuando como catalizador a lo largo de una amplia cadena de suministro diversificada. Según el informe Impacto económico y social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio en España elaborado por PwC para TEDAE, en 2024 la aportación al PIB de estas industrias fue de 21.919 millones de euros —equivalente al 1,4% del PIB nacional y al 12,9% del PIB industrial de España— y son responsables de 260.050 empleos, entre directos, indirectos e inducidos.

El principal desafío es convertir esa inversión pública en un retorno real para los ciudadanos. No en vano, según las previsiones del Gobierno, el impacto de este Plan en el PIB se estima entre 0,4 y 0,7% a corto plazo, además de la creación de 96.000 nuevos empleos, tanto directos como indirectos. El informe El aumento del gasto en defensa y su impacto en la economía española del Observatorio de Defensa y Sociedad señala además que las oportunidades de crecimiento para ciertas provincias en las que la presencia de bases o instalaciones de defensa podría actuar como palanca de desarrollo local, como puede ser el caso de Cádiz, Zaragoza, Murcia, Sevilla, A Coruña o Las Palmas de Gran Canaria, además de, cómo no, Madrid.

En el caso de Navantia, cuya implantación se da fundamentalmente en la zona de la Bahía de Cádiz, la ría de Ferrol y en Cartagena, el efecto de los nuevos proyectos se dejará notar de manera especial en esas zonas. “Supone un crecimiento de la huella industrial de la compañía a través de la cadena suministro, elevándose el idiosincrático efecto tractor de Navantia como industria de integración”, señala Abad, que contabiliza el impacto de la compañía en más de 1.800 millones de euros en el PIB, y en el empleo, tanto directo, indirecto e inducido, de cerca de 30.000 puestos de trabajo. En su último informe de Sostenibilidad recogen el dato de que su actividad en la ría de Ferrol genera el 22,4% de todo el empleo industrial de la provincia de A Coruña.

Si el sector de la industria de defensa quiere reivindicar su efecto tractor en la economía, hay una categoría en el que la consecuencia es directa; las llamadas infraestructuras y tecnologías duales. “Más allá de las infraestructuras exclusivamente militares, las de uso dual [civil y militar], como son los ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos también requieren de una inversión importante para garantizar una movilidad e interoperabilidad efectiva”, apunta Concha Santos, presidenta de ANCI, la asociación de las constructoras no cotizadas. Y es que la interoperabilidad entre infraestructuras civiles y militares permite acelerar la movilidad, incrementando la resiliencia nacional sin elevar los costes estructurales.

Transportes estratégicos

“Resulta prioritario completar los proyectos de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), como los Corredores Atlántico y Mediterráneo, así como las conexiones transfronterizas, y en este escenario el ferrocarril adquiere un papel protagonista, ámbito en el que las empresas españolas son referentes internacionales”, apostilla Santos. La interoperabilidad técnica y la conexión con puertos y aeropuertos convierten al ferrocarril en un multiplicador de capacidad logística, con mayor eficiencia energética y menor dependencia de combustibles fósiles, especialmente en líneas electrificadas.

Lo mismo sucede con las tecnologías duales que se conciben como esenciales para proteger infraestructuras críticas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, tanto civiles como militares. De hecho, en el plan estatal se apuesta específicamente por aquellas aplicaciones y dispositivos de doble propósito, y especifica que “el 84% de los PEM, a los que se dedican 3.807 millones de euros, se destinará a desarrollos con capacidad de generar aplicaciones en sectores civiles estratégicos, fortaleciendo así la competitividad tecnológica de España y su capacidad de innovación industrial”.