Las trabajadoras de Antonio Arroyo, “el estafador de los pobres”, lo acusan: “Me dio la instrucción de engañar a los clientes”

El juicio contra “el mayor estafador hipotecario de España”, también conocido como “el estafador de los pobres”,, dio un giro este miércoles tras el testimonio de dos empleadas del principal acusado, Antonio Arroyo, de 72 años, el prestamista procesado —junto a otros ocho colaboradores suyos— en la macrocausa que se tramita en la Audiencia Provincial de Madrid por una extensa estafa. Ambas lo denunciaron y revelaron su supuesta forma de llevar a cabo el fraude.

“Me dio la instrucción de engañar a los clientes”, ha dicho una de ellas. “Actué en connivencia con Arroyo contra personas vulnerables, siendo yo consciente de que les hacíamos firmar documentos elaborados y falsificados por él, en los que firmaban cantidades ante notario muy superiores a las que se les entregaban en metálico y que difícilmente iban a ser capaces de devolver en los seis meses que ponía”, le han delatado, ante la sorpresa de la sala.

Antonio Arroyo ha calculado que ha otorgado “unas 1.100 operaciones” como prestamista en una década, por lo que hay cientos de hipotecas registradas a su nombre y al de sus empresas en el Registro de la Propiedad, ya que siempre exigía como garantía la vivienda de sus clientes.

Tras más de diez años huyendo de denuncias, acusaciones, arrestos y saliendo libre de juicios, ahora una treintena de supuestos afectados se ha unido para enfrentarse al mayor prestamista del país, el “rey del dinero fácil”, que este miércoles demostró su destreza en los tribunales, respondiendo punto por punto a las siete acusaciones, a la Fiscalía y a las nueve defensas.

María Antonia Muñoz y María Carmen Camblor, quienes actuaban como dos de las principales intermediarias de Antonio Arroyo en sus tramas de firmas de escrituras en sus notarías habituales de Madrid, han revelado cómo llevaban a cabo el fraude que llevó a decenas de familias humildes, que acudieron a Arroyo entre 2006 y 2012 buscando un préstamo para aliviar la presión de sus deudas, a perder sus hogares o caer en la ruina.

María Antonia Muñoz, una de las excolaboradoras de Arroyo encargada de identificar a posibles “clientes” que requieren “dinero rápido”, ha reconocido “Todos lo sabíamos, sabíamos que los clientes firmaban cantidades en la escritura que no se correspondían con lo que Antonio Arroyo les entregaba en la notaría, sabíamos que engañábamos a los clientes, llegamos a falsificar documentos bancarios para darle credibilidad a la firma, y yo misma me hice pasar por intermediaria de Caja Duero, igual que otro se hizo pasar por director de esa entidad”.

“Es todo mentira”, ha resuelto Arroyo, el último en declarar. El principal acusado se ha defendido de las acusaciones asegurando que “se trata de unas declaraciones acordadas con la Fiscalía y las acusaciones particulares” y los presuntos afectados. Ha negado todo.

Este miércoles declararon los nueve acusados, comenzando por las dos imputadas y finalizando con Arroyo, presentando relatos totalmente contrarios. Mientras ellas respaldaban la versión de las víctimas y detallaban el mecanismo del fraude ideado por Arroyo, que llevaban a cabo junto a él y otros colaboradores en las notarías de su confianza, él se limitó a afirmar que todo era “incierto” y se distanció de ellas.

Según Arroyo, los clientes entendían perfectamente las cláusulas de los documentos que firmaban, así como las condiciones de pago complejas (casi inviables) que se les exigían en esos actos notariales (cantidades que duplicaban o triplicaban el monto del préstamo solicitado, con plazo máximo de seis meses), y también sabían que el contrato que adquirían era una “hipoteca cambiaria”, es decir, que si no pagaban la suma exigida, corrían el riesgo de perder sus hogares (lo único que poseían).

La realidad es que muchos de los afectados perdieron sus hogares porque fueron subastados antes de que pudieran pagar la cantidad que les reclamaba Arroyo; algunos las vendieron a precios bajos para cubrir esa deuda repentina a la que fueron sometidos, y otros se arruinaron, arrastrando desde entonces problemas de embargos hasta el día de hoy.

“Yo quería el dinero, no las casas”

“A mi me interesaba el dinero, no las casas”, ha insistido Arroyo, en un interrogatorio que ha incluido un receso de unos minutos en el que el acusado ha impelido a los periodistas a “tomar buena nota”.

El prestamista ha querido presentarse como un profesional que trataba de “ayudar” a gente en apuros facilitándoles préstamos o “puentes hipotecarios” para salvar sus acuciantes deudas. Pero, según lo relatado por sus antiguas colaboradoras, esa ayuda consistía en aumentarles esas deudas con la firma de un préstamo de condiciones e intereses leoninos para ahogarles económicamente y después ofrecerles “una solución” o “facilidades de pago” que pasaban por poner en juego su vivienda, con la que les presionaban. O pagaban o se la quitaban “terceros” a quienes, previamente, Arroyo les había vendido esos derechos hipotecarios, como él mismo ha reconocido. Es decir, según lo relatado por sus propias colaboradoras, él les creaba el problema (ampliando su deuda) y luego les daba la solución, que pasaba porque le pagaran cantidades muy superiores a lo que ya le habían pedido si no querían perder sus casas.

La tensión ha ido in crescendo a lo largo de esta jornada de miércoles y, finalmente, varios cámaras de televisión y de este diario han sido agredidos por la exmujer de Antonio Arroyo y por él mismo en la puerta de la Audiencia Provincial, teniendo que intervenir la Policía Nacional. Tras las declaraciones de este miércoles, la Fiscalía ha rebajado de ocho a 3 años y medio la pena solicitada para Antonio Arroyo y pide dos años para las dos exempleadas. El juicio ha quedado pendiente de que este jueves las partes lean sus correspondientes informes.