Compromís, sobre la gestión de Catalá de los apartamentos turísticos: “Ni son mil ni están cerrados”

“Ni son mil ni están cerrados”, ha asegurado este jueves Papi Robles, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, desde el interior de un apartamento turístico en el barrio de la Malva-rosa sobre el que hace dos años pesaba una orden de cierre pero sigue anunciándose en las plataformas del alquiler. El grupo de la oposición ha denunciado la falta de celo del gobierno local, de PP y Vox, en la persecución de los alojamientos turísticos en situación irregular que proliferan por toda la capital. En un bajo de unos 30 metros cuadrados, que Compromís ha alquilado dos noches por 177 euros, Robles ha explicado que sobre el inmueble pesaba una orden cierre de hace dos años y, sin embargo, seguía en el mercado. Por eso han podido alquilarlo. Prácticamente a la vez que el grupo de la oposición denunciaba la situación, la alcaldesa María José Catalá, del PP, ha presumido de que ha cerrado un 14% de pisos turísticos en dos años y medio de mandato.

Papi Robles, acompañada de líderes vecinales de los barrios costeros, ha detallado el recorrido de su grupo para rastrear este y otros inmuebles parecidos. “Estamos dentro de uno de los 1.000 apartamentos turísticos que [la alcaldesa María José] Catalá dice que ha cerrado”, ha señalado la portavoz valencianista al pie de la cama. Su formación, nada más enterarse del anuncio de la alcaldesa en octubre de 2025 sobre la existencia de “clausurado” más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en la ciudad —específicamente desde que impuso una moratoria sobre nuevas aperturas en mayo de 2024— solicitó al gobierno local una lista para verificarlo. No les facilitaron los datos y tuvieron que recurrir al Síndic de Greuges (defensor del pueblo autonómico) para pedir protección. Tras luchar por ello, finalmente, Urbanismo les envió un pdf con “800 direcciones” sometidas a inspección municipal.

“Nos han enviado un pdf en el que prácticamente no se podía comprobar la información. Pero hemos hecho un trabajo meticuloso y hemos detectado las direcciones de los apartamentos, que no son 1.000 sino 800 los inspeccionados y solo ”algunos de estos han acabado en cierre”, ha detallado la concejala, que acusa a Catalá de “mentir”. “Hemos identificado algunos de esos pisos, hemos entrado en una plataforma y contratado este apartamento en el que estamos”, ha explicado.

La alcaldesa, según Robles, “se ha enterado de que íbamos a hacer este acto y esta mañana a las ocho ha notificado a la asociación de vecinos del Cabanyal, que ha denunciado la actividad supuestamente irregular, que este apartamento tiene licencia. Pero hasta la fecha, lo único que sabía el grupo municipal es que desde hace dos años pesaba una orden de cierre, “por tanto debería de haber hecho un seguimiento”. La portavoz ha advertido que Compromís “no dejará de perseguir esta actividad ilegal que está arrasando nuestra ciudad. Si mañana necesitamos alquilar otro piso para revelar otra mentira, lo haremos”.

La portavoz acusa a la alcaldesa de “vender” la ciudad por la puerta de atrás”. Esta coalición, cuyo alcalde Joan Ribó gobernó la capital durante ocho años, ha cursado más de 5.000 denuncias, con direcciones concretas, de apartamentos ilegales que los ciudadanos les han ido comunicando a través de una web que crearon bajo el nombre de Quenotetiren.com. “Queremos construir la ciudad para la gente que vive en ella, no para la gente que vienen a hacer negocio a costa de nuestro derecho a tener una vivienda digna”. Según Compromís, en 2024 hubo una intervención de la Policía Local sobre ese piso turístico y días después se emitió una orden de cierre. “Desde ese momento, este apartamento ha estado disponible”, ha reiterado Robles.

Daniel Adell, presidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar, ha explicado el trabajo que su organización realiza para contener la apertura descontrolada de apartamentos en un barrio extremadamente atractivo para los turistas, ya que se encuentra a solo cientos de metros de las playas urbanas de València. “La normativa exige al Ayuntamiento que haga pública la lista de viviendas legales en la ciudad, pero no nos la han facilitado. Por eso, nosotros solicitamos explicaciones por cada obra que observamos, por cada apartamento turístico que detectamos en apertura, especialmente cuando aparece en un segundo o tercer piso. Hemos enviado más de 450 comunicaciones al Ayuntamiento para que actúe contra este tsunami que está desplazando a los vecinos de la Malva-rosa, el Cabanyal, el Grau o la Illa Perduda. Nos entristece mucho que un gobierno local no apoye a los residentes de un barrio, pues nos encontramos en plena crisis habitacional y pedimos a las autoridades que detengan esta locura”, ha afirmado Adell.

Julián Mascaró, secretario de la misma asociación, detalla que el Ayuntamiento les informó esta mañana que el expediente relacionado con el piso denunciado como supuestamente irregular ha sido cerrado al contar con un título habilitante anterior a la moratoria municipal de 2024. “Es la respuesta que estamos recibiendo a la mayoría de las denuncias que estamos poniendo”, señala Mascaró. A lo que Adell añade: “Este modelo nos está arrasando”.

Vicente Gallart, otro de los líderes vecinales del Cabanyal, menciona el registro de la reforma de la ordenanza de viviendas turísticas de Valencia respecto a la moratoria sobre nuevas aperturas. “Ahí aparece que en la ciudad de València había a principios de 2025 un total de 11.612 apartamentos turísticos ofrecidos por las plataformas. De esos, solo había 5.848 pisos que aparecían en el registro de la Generalitat, luego hay 6.000 “manifiestamente ilegales”.

El gobierno local de Valencia ha utilizado la denuncia de la oposición y de los vecinos para presentar un nuevo conjunto de datos: en dos años y medio de mandato, han disminuido el número de apartamentos turísticos un 14%. “Desde que el Ayuntamiento aprobó la moratoria que suspendía la concesión de licencias de apartamentos turísticos en mayo de 2024, la cantidad de alojamientos registrados en la base de datos municipal pasó de 10.516 a 9.057”, señalan.

Y en respuesta a la portavoz Papi Robles, el PP responsabiliza a la “barra libre que PSPV y Compromís impusieron en la ciudad durante sus ocho años de gobierno”. “Si hubieran contado la verdad, habrían explicado que la petición de licencia de apartamento turístico que hoy han puesto de ejemplo es de 2022, cuando gobernaba Compromís”. “Había una denuncia de la asociación de vecinos y esta mañana se les ha comunicado a la asociación de vecinos que el apartamento dispone de licencia y es legal” de la situación generada por las viviendas turísticas.