El Govern rectifica en su plan de incentivos para que los ambulatorios acorten el tiempo de las bajas laborales

Para lograr el acuerdo con los comunes y sacar adelante los presupuestos autonómicos, el Govern ha tenido que hacer varios gestos. Uno de ellos ha sido guardar en un cajón una medida impulsada por el Departamento de Salud, que preveía incentivos económicos para los centros de atención primaria (CAP) que lograsen acortar las bajas laborales en enfermedades osteoarticulares y mentales. En el acuerdo entre el PSC y los comunes consta una referencia a esta polémica medida, que puso en pie de guerra a los sindicatos, a los sanitarios y a parte de la oposición en el Parlament, pero que contaba con el aplauso de las patronales empresariales. “El Departamento de Salud garantizará que ningún médico ni ningún equipo directivo de los CAP vean reducidas sus condiciones económicas por la duración o la cuantía de las incapacidades temporales, prevaleciendo siempre que la prescripción y el seguimiento de estas atienda a criterios profesionales”, reza el acuerdo entre socialistas y comunes.

La medida, que se empezó a comunicar a los equipos directivos de los ambulatorios el pasado viernes, tenía por objetivo mejorar la eficiencia en la organización de los centros y en los procesos para evitar que las bajas laborales se alargasen “más de lo necesario” a causa de retrasos en los diagnósticos o en las pruebas, según explicaron entonces. Para lograr esta eficiencia, Salud quería establecer unos incentivos económicos que solo percibirían los CAP que lograsen los objetivos, mientras se garantizaba que los demás centros recibirían la misma financiación que siempre, y no menos, pero sin los incentivos.

La propuesta cosechó críticas por parte de casi todos los sindicatos y asociaciones de médicos, ya que consideraron que la medida “coacciona el criterio médico” y “señala a los trabajadores”. En el Parlament, grupos como los de los comunes, ERC y la CUP criticaron este mecanismo de incentivos impulsado por la consejera de Salud, Olga Pané. No es la primera vez que el departamento trata de buscar un mecanismo que permita acortar las bajas, en un contexto en el que el debate sobre las incapacidades temporales está muy encendido, también en España, por la presión de las patronales para que los gobiernos atajen el incremento del absentismo laboral.

Finalmente, el acuerdo entre comunes y socialistas ha obligado a Salud a poner por escrito esta garantía de que ningún médico ni centro de atención primaria verá reducidas sus capacidades económicas por las bajas laborales. Fuentes del departamento evitan decir si se trata de una retractación sobre la medida propuesta hace una semana, pero tampoco lo niegan. El texto suscrito apunta que “el departamento abordará la mejora necesaria en el acceso y el tiempo de espera a las pruebas diagnósticas de las personas en incapacidad temporal a través de acuerdos ya firmados con los agentes sociales”.

En el Parlament, tras conocerse el acuerdo para los presupuestos, las organizaciones sanitarias La Capçalera y el Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP) han comparecido junto a diputados de los comunes, ERC y la CUP para anunciar que han logrado por tercera vez la retirada de los incentivos económicos vinculados a acortar la duración de las bajas laborales en atención primaria. Las entidades han acusado a Salud de haber planteado una medida que “vulneraba el derecho a la salud y el criterio médico” al ligar parte del presupuesto de los CAP al objetivo de reducir días de incapacidad temporal. Los colectivos han señalado que “no se trata de recortar bajas ni sus duraciones, sino de agilizar los diagnósticos, y la forma de hacerlo es destinar presupuesto a la atención primaria”.