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El Gobierno amplía hasta 1978 la fecha para solicitar la reparación para víctimas del franquismo

El Ejecutivo también ha aprobado una Declaración Institucional de reconocimiento a las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria

El dictador Francisco Franco, a la derecha, durante un acto en 1975 en El Pardo (Madrid), junto a su esposa, Carmen Franco, y los futuros reyes de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia. Reuters Photographer (REUTERS)

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes un real decreto ley donde amplía “el periodo de reconocimiento y reparación integral a favor de las víctimas” del franquismo hasta el 29 de diciembre de 1978. Fecha en la que entró en vigor la Constitución Española. La Ley de Memoria Democrática establecía hasta ahora que el marco temporal para solicitar una indemnización como “personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, así como de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes,” entre el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. El periodo de reconocimiento se ha ampliado cerca de un año.

El real decreto ley, que modifica la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, recoge un artículo único y seis disposiciones finales. El derecho a la indemnización y la reparación integral no aplicará a las personas que ya han sido indemnizadas “en virtud de la Ley de Memoria Histórica de 2007, sin perjuicio de las actualizaciones que correspondan”. La reparación económica será de 25.000 euros por víctima fallecida y se incluye “como preceptores” los hijos y cónyuge o “quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad”. Uno de los puntos de las condiciones para percibir una indemnización señala la “imposibilidad de recibirlas quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas”. Del terrorismo. El plazo para presentar las solicitudes será de un año, prorrogable un año más con acuerdo del Consejo de Ministros.

Del mismo modo, el documento aprobado destaca que las víctimas podrán reclamar indemnizaciones extraordinarias “en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes”. Estas cuantías van desde los 180.000 euros “en el caso de incapacidad permanente absoluta” hasta los 500.000 euros en los casos de “gran invalidez”. En estos casos entra el de Manuel José García Caparrós, el sindicalista de 18 años que murió asesinado por la Policía mientras participaba en las manifestaciones de los andaluces a favor de la autonomía plena el 4 de diciembre de 1977 en Málaga. Durante años, sus hermanas han luchado para que su familiar sea reconocido como víctima del terrorismo.

El Ejecutivo también ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros una Declaración Institucional de reconocimiento a las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. “El Gobierno condena la actuación desproporcionada de la Policía armada en aquellos sucesos y reafirma el compromiso con la memoria democrática, la verdad, la justicia y la reparación”, aparece en la declaración, publicada en el 50 aniversario de la tragedia, que también “expresa su reconocimiento y homenaje a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares”. Este episodio está considerado como la mayor matanza de la Transición.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, descubrieron este lunes una placa en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria que la declara “lugar de Memoria Democrática”. En ese templo, en marzo de 1976, cinco obreros fueron asesinados a tiros por parte de la policía, que intentaba desalojar a 4.000 personas que participaban dentro de la parroquia en una asamblea de trabajadores. Más de un centenar acabaron heridas por la represión de los agentes, al menos 42 de ellas por armas de fuego. En el mismo lugar de los hechos murieron Pedro María Martínez, de 27 años, y Francisco Aznar, de 17; Romualdo Barroso, de 19, gravemente herido, expiraba poco después. Dos de los otros 42 heridos de bala, José Castillo, de 32 años, y Bienvenido Pereda, de 30, fallecieron posteriormente. “Esta placa siempre va a recordar aquella masacre de aquel día 3 de marzo de 1976, cuando hubo una actuación tremendamente desproporcionada por parte de la Policía Armada de un gobierno continuista con la dictadura, que era el gobierno de Arias-Fraga”, dijo Martínez durante el evento de este lunes.

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