Los García Caparrós aguardan la nueva

El pasado lunes, la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torrija, remitía a las hermanas del Manuel José García Caparrós —el sindicalista de 18 años que murió asesinado por la Policía mientras participaba en las manifestaciones de los andaluces a favor de la autonomía plena el 4 de diciembre de 1977 en Málaga— una carta en la que denegaba su condición de víctima del terrorismo. Para ellas, ese documento, cuyo adelanto por elDiario.es les ha molestado enormemente, se ha convertido en “la carta de la vergüenza”. “La falta de empatía y corresponsabilidad para con las víctimas, como demuestra esa carta de contestación, lo hace más grave e inhumano”, han censurado Puri, Pepi y Loli, en una nota de prensa que han publicado con motivo de la rueda de prensa que han ofrecido este viernes en Málaga en la esquina donde su hermano fue abatido por una bala disparada por un miembro de la policía armada.

“Si el problema es la ley en la que no encaja, entonces, cambien la ley. Es incomprensible que hayan pasado 20 años y no se haya avanzado nada”, explica a este diario Loli García Caparrós. La familia del joven lleva, de la mano de la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición, todo ese tiempo peleando con las administraciones para que tanto su hermano, como otras personas que fallecieron a manos de la policía armada en los años inmediatamente posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco, sean reconocidas como víctimas del terrorismo. “Ya está bien de palmaditas en la espalda”, se queja Joaquín Recio, vocal de la entidad, a este diario.

Durante el transcurso de esta semana, las agrupaciones izquierdistas de la región, para las cuales el sindicalista representa un icono de la entrega y la defensa del autonomismo, se han activado con el objetivo de modificar la resolución de Interior, entorpeciendo la labor de la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Tal exigencia, coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía (28-F),, motivó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicara el pasado miércoles que una alteración de la Ley de Memoria Democrática de 2022, incorporando un punto suprimido en la legislación de 2007, posibilitaría que García Caparrós sea distinguido como víctima de violencia política o represión ideológica, una atribución propia del Ministerio de Presidencia. Al día siguiente, y por la intervención de la propia Montero, el Ejecutivo informó que el martes venidero ratificará una revisión rápida de la Ley de Memoria Democrática y de la Ley de apoyo a las víctimas del terrorismo para satisfacer las reclamaciones de los familiares de García Caparrós.

“Vamos a confiar en que esta vez salga adelante la reforma de las leyes”, comenta Loli. “Cualquier vía para el reconocimiento y reparación nos parece bien, de hecho, esa vía fue la que exploramos en 2007”, menciona Recio respecto al apartado de la Ley de Memoria de 2007 que resultó anulado. Esa modificación acelerada que el Gobierno pretende validar el martes que viene tendrá que ser ratificada posteriormente en un Parlamento sumamente dividido y en el cual la memoria democrática y el terrorismo difícilmente generan acuerdos. Debido a ello, las hermanas recurren al presidente de la Junta de Andalucía y a su lealtad con su lucha y el andalucismo, con el fin de que presione al PP para que brinde su apoyo. “Somos todos andaluces, estaría muy mal que Moreno no les dijera a los suyos que apoyen la reforma. Esperamos que todos los partidos lo hagan”, afirma Loli.

Los parientes de García Caparrós rememoran en el escrito que su hermano “como a muchos jóvenes más” fue asesinado por un integrante de la policía armada. “Hubo un plan por parte de la ultraderecha para generar tensión y miedo. No son casos aislados, como han demostrado las tesis doctorales, los documentales, las investigaciones… Lo que hay es un manto de impunidad que llega hasta hoy”, manifiestan las hermanas en una nota que han dado a conocer este viernes.

Choque en el Parlamento andaluz

La portavoz del PSOE de Andalucía, María Márquez, fue quien anunció en el Parlamento andaluz, este jueves, la intención del Gobierno central de modificar las normas para que García Caparrós pueda ser reconocido como víctima del terrorismo. “A ver si le cogen el teléfono en Madrid y defiende usted la memoria de Andalucía y la memoria de Caparrós y el PP vota que sí a la modificación de ley”, le requirió la dirigente socialista al presidente andaluz, en alusión a cuando, hace unos meses, e l PP nacional votó en el Congreso en contra de la desclasificación del expediente sobre el asesinato del joven malagueño, pese a que en la Cámara andaluza los populares lo hicieron a favor. “Moreno dijo que eso fue un despiste, sería mucha tomadura de pelo que volviera a pasar”, sostiene Loli.

Desde que Moreno llegó a la Junta se ha esforzado por incorporar al PP a la senda del andalucismo y entre los gestos para significarse como defensor de ese movimiento político y cultural —al que su partido siempre se había mostrado refractario— destaca su reunión en el Palacio de San Telmo con las hermanas García Caparrós en 2022. El joven sindicalista es además el símbolo del 4 de diciembre, que el Gobierno de Moreno también ha institucionalizado como el Día de la Bandera.

El líder del PP también recibió preguntas sobre su compromiso con la distinción como afectado por el terrorismo del ciudadano de Málaga por parte de la representante de Por Andalucía, Inma Nieto. Su partido presentó este jueves una iniciativa no legislativa con el fin de que el Parlamento andaluz solicitara al Congreso de los Diputados otorgar el estatus de víctima del terrorismo a García Caparrós, modificando así la lectura limitada de la normativa actual. Moreno contestó señalando que la facultad para dicha acreditación pertenecía a Interior y le instó a que su coalición lo exigiera al Ministerio de forma directa, remarcando que actúan como aliados de Gobierno del PSOE.

La PNL de la coalición no será necesaria tras la decisión del Gobierno central de modificar la normativa vigente. Con esta medida, no solo se permitirá reconocer la figura de García Caparrós y garantizar a su familia el derecho a una indemnización económica y acceder a ayudas y exenciones fiscales, sino que también se abre la puerta, como advierte Recio, a que otras 300 víctimas de terrorismo de Estado durante la transición puedan tener esa misma condición.

Como se indicaba en la “carta de la vergüenza” de Interior, para ser reconocido como víctima del terrorismo, de acuerdo con la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo, es necesario tener “una sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la ley”, o, en el caso de no existir un fallo judicial, “que se hayan incoado o llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

Esa es la misma contestación que han recibido, como recordaba Recio, otros familiares de víctimas de la transición, como los de Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Monter que el 10 de mayo de 1981 fueron torturados y asesinados por la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería), cuando se dirigían a la comunión del hermano del primero en Pechina. Primero aseguraron que se trataba de los tres etarras que dos días antes habían atentado contra el teniente general Joaquín Valenzuela; luego sostuvieron que eran tres delincuentes comunes; por último, confesaron que los confundieron con los terroristas y afirmaron que los mataron cuando intentaban huir. “Solicitamos al Estado el reconocimiento en dos ocasiones y lo denegaron exponiendo lo mismo que a la familia de Caparrós. Si se modifica la ley, lo volveremos a plantear”, indica a este diario Francisco Mañas, hermano de Juan, que recuerda que también el Parlamento de Cantabria, de donde eran los otros dos asesinados, también denegó ese reconocimiento. “Es muy complicado tratar estos temas en España y más ahora con la crispación política en la que nos vemos”, dice Mañas.