Marlaska anuncia una revisión “extraordinaria” del protocolo antiacoso de la Policía tras admitir que falló en el ‘caso DAO’

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este miércoles en el Congreso que su departamento ha puesto en marcha una revisión “extraordinaria” de los protocolos internos contra el acoso sexual en la Policía Nacional y en la Guardia Civil tras admitir que los actuales fracasaron en el caso de la agente que se ha querellado por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González . " Evidentemente han fallado. No hay duda al respecto “, ha afirmado.

Aunque comparecía en la comisión de Interior para hablar sobre la implementación de las balizas V16, el dispositivo luminoso y de geolocalización que desde el pasado 1 de enero es obligatorio para señalizar la presencia de un vehículo averiado en la vía, Grande-Marlaska ha aprovechado el turno de réplica para leer un texto que llevaba ya preparado y en el que defendía la actuación de su departamento cuando se conoció la denuncia. En este sentido ha recalcado que forzó la dimisión del entonces máximo responsable uniformado de la Policía “en menos de dos horas” desde que se conoció la querella en el que se le acusaba de violación. “Se le dio un cortísimo espacio de tiempo para que asumiera la responsabilidad y dimitiera. Y si él no asumía inmediatamente la responsabilidad, sabía que era cesado inmediatamente”, ha añadido.

La intervención del ministro se ha producido después de que los grupos parlamentarios de la oposición ―PP, Vox y UPN― no hayan dejado pasar la ocasión de pedirle explicaciones y exigir su dimisión. También le han pedido explicaciones otros del bloque de investidura. En concreto, EH Bildu y ERC. Era la última ocasión que iban a tener antes de las elecciones de Castilla y León y, sobre todo, antes de que el exjefe de la Policía Nacional declare ante el juez el próximo 17 de marzo. “Hágalo por la víctima y por el honor de todos los agentes de la Policía Nacional”, le ha espetado el popular Ángel Ibáñez al pedirle que abandonase la cartera. Ignacio Gil Lázaro, del partido de Santiago Abascal, le ha acusado de “mentir” en este caso, mientras que Alberto Catalán, de UPN, ha calificado al exjefe policial de “su protegido al que usted ha mantenido en el cargo” en referencia a que se le permitió seguir en su puesto una vez superó la edad de jubilación.

En su respuesta a todos ellos, el ministro ha recalcado que no puede “tolerar que alguien utilice este suceso para denigrar la reputación de la Policía Nacional”, en referencia a ciertas críticas lanzadas por la oposición que apuntaban a una supuesta impunidad por parte de altos mandos. “Simplemente no es cierto”, ha afirmado rotundo.

Grande-Marlaska ha insistido en calificar en varias ocasiones de “gravísimo” lo ocurrido. “Soy muy consciente del profundo dolor que esta situación ha ocasionado, sigue ocasionando y seguirá ocasionando desgraciadamente a la víctima de este presunto ataque a su libertad sexual por parte del más alto mando policial uniformado”, ha asegurado. También ha remarcado que su principal preocupación ha sido, precisamente, la agente agredida para que “tuviese toda la protección y todo el apoyo necesario para garantizar su completa defensa y obtener, si así lo decide la justicia, toda la reparación posible. Sabe la víctima de primera mano que me tiene a mí, a todo el Ministerio del Interior y a toda la Policía Nacional a su disposición en todo aquello que pueda necesitar en cualquier momento”, ha añadido. El ministro habló con la inspectora días después de lo sucedido y le puso protección policial, a petición de su abogado, después de que este denunciase que su identidad había sido difundida en chats de policías.

El máximo responsable de Interior ha recordado que ha sido este gobierno con él al frente del ministerio cuando se han aprobado los protocolos antiacoso de la Policía Nacional (en 2022) y de la Guardia Civil (en 2019), de los que ha añadido que “han servido para encarar situaciones similares, aunque no de tal extrema gravedad”. Aunque ha recordado que estos mecanismos son revisados y actualizados periódicamente, ha anunciado que había ordenado “activar una inspección extraordinaria” para saber “qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias” para “corregirlas”. “Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera”, ha dicho en referencia a que la mujer acudiera a la justicia en lugar de los cauces internos para denunciar lo ocurrido.

Cuestionado por la decisión de la Dirección General de la Policía de destinar a la mano derecha del DAO, el también comisario Óscar San Juan, a un puesto de la Comisaría General de Policía Científica tras haberle cesado de su anterior puesto por lo ocurrido, el ministro ha insistido en que a este mando policial “en algún sitio había que ponerle” ya que, hasta ahora, no tiene la condición de investigado en la causa ―la víctima pedía al juez en la querella que se le citara como testigo únicamente―. “Estamos a la esperar para actuar con la suficiente rotundidad a que la autoridad judicial nos guíe en un tema tan importante”, ha añadido tras recalcar que el puesto que ocupa este comisario no tiene ninguna relevancia operativa. San Juan, mano derecha del exjefe de la Policía, aparece citado en la querella en la que la agente por supuestamente haber intentado “comprar su silencio” a cambio de un destino laboral.