El Gobierno confía en que los documentos del 23-F acaben con los bulos pero no aclara si afectan al rey emérito

El Gobierno tiene ya todo listo para una histórica desclasificación de documentos, que incluye todo lo que se ha encontrado en Interior, Defensa y Exteriores sobre el 23-F. No hay grabaciones, no hay archivos sonoros, pero sí transcripciones de conversaciones y “puede que alguna imagen”, según la ministra portavoz, Elma Sáiz. Son 153 “unidades documentales”, y todo se hará público este miércoles a mediodía en la web de La Moncloa.

El Ejecutivo no quiere aclarar si estos documentos van a suponer un cambio importante en el relato oficial del 23-F, y no contestó una pregunta expresa sobre la posibilidad de que se altere la imagen sobre el papel del rey emérito, Juan Carlos I, en ese golpe cuyo líder intelectual era Alfonso Armada, una persona muy cercana al monarca.

Pero sí confía en que esta desclasificación, que define como una decisión histórica que acaba con la “anomalía” de que España tenga en secreto esos documentos tan relevantes 45 años después —algo que no hacen los países del entorno occidental y regido por una ley de secretos oficiales franquista, de 196 8— sirva al menos para luchar contra “los bulos”, especialmente de la ultraderecha, según explicó la portavoz.

“Sabemos que el algoritmo tiene mucha fuerza para difundir bulos, pero con esta desclasificación al menos impedimos que la ultraderecha siga utilizando los bulos para difundir teorías y para desinformar a j óvenes que piensan que con Franco se vivía mejor y cantan el Cara al sol en los colegios”, señaló Sáiz tras un Consejo de Ministros que tenía este asunto como tema estrella.

El Gobierno sostiene que ni siquiera el presidente conoce la documentación, que están gestionando profesionales de Defensa, Interior y Exteriores, donde estaba custodiado el grueso de la documentación. Sánchez sí informó al rey Felipe VI de que se iba a producir esta desclasificación, sobre la que hay un gran interés por ver si revela algo de lo que fue esa tarde en Zarzuela, el palacio donde estuvo el rey Juan Carlos, y al que llamaban muchos mandos militares para saber si el jefe del Estado y de los ejércitos avalaba ese golpe instigado por Armada. Por eso fue decisivo que Sabino Fernández Campo, entonces jefe de la Casa del Rey, dijera a esos militares, cuando preguntaban por Armada, “ni está ni se le espera” en Zarzuela, una forma de apuntar que el rey no estaba detrás. Sin embargo, las horas que tardó Juan Carlos I en salir a condenar el golpe y los movimientos de esos primeros momentos siempre han generado sospechas sobre la verdadera intención inicial del rey, y por eso esta desclasificación ha sido siempre reclamaba desde la izquierda y hay expectativas importantes sobre ella.

El Gobierno no quiere aclarar más de momento, con el pretexto de que los ministros no conocen los documentos, solo los funcionarios que los custodian, pero sí reivindica esta decisión y confía en que no se quede solo en el 23-F, sino que puedan desclasificar otros documentos de periodos clave de la turbulenta historia española. Pero para eso, según explicó la portavoz, sería necesario aprobar al fin la ley de secretos oficiales que lleva años durmiendo en el Congreso. El Ejecutivo confía en que ahora haya consenso para hacerlo. El PNV, que ha reivindicado históricamente este asunto, tiene una reforma registrada de algunos puntos de la ley del 68, pero el Gobierno registró otra con una reforma completa, una ley nueva, que tenía algunas limitaciones que no gustaban a los nacionalistas. La discusión se quedó ahí y no se ha reactivado. Ahora el Ejecutivo intentará reanimarla aunque será muy difícil que cuente con los votos del PP, que no quiere saber nada de acuerdos con el Gobierno, y por tanto tendrá que negociarla dentro de la mayoría, algo siempre complejo porque varios grupos no comparten los límites que quiere poner el ministerio de Félix Bolaños, que lidera esta norma.

La portavoz admitió que hasta este martes, cuando el Consejo de Ministros decidió la desclasificación, España “vivía una anomalía democrática”, porque varios países del entorno como Alemania o EE UU ya habían desclasificado cuestiones relativas al 23-F mientras Italia o Grecia han desclasificado otras relacionadas con los crímenes nazis, Grecia. “Este Gobierno corrobora así un compromiso claro con la memoria. Este es el único Gobierno que ha hecho algo así, y ahora vamos a buscar los consensos para cambiar la ley y que este tipo de desclasificaciones se produzcan de manera automática y decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma”, sentenció.