Ir al contenido
_
_
_
_
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el pleno extraordinario en el Congreso de los diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). Este pleno únicamente trata sobre la reforma del Reglamento del Congreso que permitirá, entre otras cosas, establecer un régimen sancionador para periodistas acreditados que obstaculicen la labor parlamentaria o la de otros informadores. En el debate se discutirán y votarán las enmiendas de PP y Vox que buscan frenar o modificar la propuesta impulsada por PSOE y sus socios, quienes defienden la necesidad de regular las acreditaciones de prensa y fijar normas de convivencia en la Cámara. 08 JULIO 2025 Jesús Hellín / Europa Press 08/07/2025FOTO: Jesús Hellín (Europa Press)
Ley de Secretos Oficiales

¿Qué podría cambiar con la nueva ley de secretos del Estado? Guía rápida para no perderse

El Gobierno se prepara para dar un paso importante en la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una norma heredada del franquismo que sigue vigente con apenas modificaciones desde 1968.

Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe este martes el anteproyecto de una nueva Ley de Información Clasificada.

¿Por qué es importante? Aunque el texto aún puede cambiar, su contenido ya anticipa un giro de fondo en cómo se gestionan, protegen y desclasifican los secretos de Estado.

Estas son algunas claves:

  • Bolaños se convertiría en el nuevo “guardián de los secretos”. Si el anteproyecto sale adelante, el Ministerio de Presidencia asumirá el control de la Autoridad Nacional de Información Clasificada, hasta ahora en manos del CNI (Defensa).
  • Multas de hasta 2,5 millones por revelar información. Las multas van de 800.001 a 2,5 millones de euros. La ley no excluye a periodistas, dejando en manos de los jueces decidir si prevalece el derecho a la información o el deber de guardar secreto.
  • Fechas de caducidad para los secretos. La nueva norma prevé desclasificar automáticamente los documentos tras un plazo: entre cuatro y 45 años, según el nivel de confidencialidad (pero podrá haber prórrogas o reclasificaciones justificadas).
  • El Supremo tendrá la última palabra. Los jueces ya no podrán pedir directamente al Gobierno que desclasifique, sino que deberán hacerlo a través del Tribunal Supremo, que evaluará el caso y decidirá cómo actuar.
  • Y se levantará el secreto de todos los documentos clasificados anteriores a 1981, lo que incluye la dictadura franquista y la transición.

©Foto: Jesús Hellín (Europa Press)

Si quieres saber más, puedes leer aquí.

_
_