La esposa de Josep Pujol decide no declarar en el juicio contra el ‘expresident’ y sus hijos

El juicio al clan Pujol, que se celebra desde el pasado noviembre en la Audiencia Nacional, prosigue esta semana con interrogatorios a más testigos. Este lunes, la expectación se concentraba en Laura Vila, esposa de Josep Pujol Ferrusola (el tercero de los hijos del expresident catalán Jordi Pujol y la fallecida Marta Ferrusola), y Ramón Gironès, hermano de Mercè Gironès (exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del exjefe del Govern). Sin embargo, ambos citados se han acogido a su derecho a no responder en una causa donde se encuentran procesados sus familiares. “No voy a declarar”, ha avanzado Laura Vila. “No quiero declarar”, ha remachado también Ramón Gironès.

Las partes, por tanto, no han podido preguntar a los dos testigos sobre las operaciones sospechosas que cercan a la familia Pujol. Tanto Laura Vila como Ramón Gironès, que llegó a estar imputado en la causa, aparecen mencionados en la resolución dictada en julio de 2020 que puso fin a la investigación del juez instructor José de la Mata. En ese escrito, el magistrado señaló que la esposa de Josep Pujol constaba como titular de una cuenta que recibió en agosto de 2007 un importe de 300.000 euros procedente de una “subcuenta” que manejaba su marido.

Por su parte, el sumario vinculó a Ramón Gironés con una empresa salpicada en las pesquisas: Active Translation, constituida en los años noventa para dedicarse a “servicios de secretariado y traducciones de todos los idiomas”; pero que en 2002 cambió su objeto social a “operaciones sobre inmuebles en general, la administración y gestión de empresas, y la participación en otras sociedades con idéntico o análogo objeto social”. Según la instrucción, el excuñado de Jordi Pujol Ferrusola comenzó a ejercer en noviembre de 2004 de administrador en dicha mercantil, en la que el primogénito figuraba como apoderado desde el agosto anterior.

El juez De la Mata apuntó contra dicha compañía: “Active Translation no ha ejercido ninguna actividad real de ningún tipo, no teniendo compras a mercantiles, proveedores, ventas a clientes, costes asociados a su ejercicio mercantil, etcétera”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita en este juicio hasta nueve años de cárcel para el expresidente Jordi Pujol; 29 años para su primogénito (Jordi Pujol Ferrusola); 14 años para otro de sus hijos (Josep); y ocho años para el resto de vástagos (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta). El ministerio también reclama 17 años de reclusión para Mercè Gironès. Al acabar su investigación, el magistrado De la Mata concluyó que la familia había ocultado una enorme fortuna en el extranjero, que se había nutrido de comisiones ilegales cobradas a cambio de su influencia en la vida pública catalana.

“Los Pujol Ferrusola han mantenido y gestionado durante años este importante patrimonio económico de procedencia ilícita, tanto en Andorra como en otras jurisdicciones”, explicó el juez instructor al procesarlos, cuando añadió: “Y, durante todo ese tiempo, lo destinaron a toda clase de inversiones mobiliarias, inmobiliarias y operaciones financieras de distinta índole, con el objetivo de reintegrarlo a la vida comercial lícita, siempre en beneficio de la familia y de cada uno de sus integrantes”. Según el sumario, el primogénito “asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos”.