Los 30 minutos en los que la vida de Cristian Paniego pendió de un hilo, a juicio

La Audiencia Provincial de Toledo ha sentado en el banquillo a un médico y una enfermera acusados de un presunto delito de omisión de deber de socorro a Cristian Paniego, el joven de 21 años que murió tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras disputaba un partido de fútbol el 27 de enero de 2018 en el polideportivo municipal de Corral de Almaguer (Toledo). El juicio con jurado popular comenzó el miércoles y ha seguido este jueves con la prueba testifical y pericial. El viernes se entregará el veredicto a los nueve miembros que componen el jurado. La familia, que durante el juicio ha retirado su acusación contra el médico, pide una inhabilitación de tres años para la enfermera, una multa de 24 euros diarios durante 12 meses y una indemnización para los herederos de la víctima. La Fiscalía reclama la absolución de esta profesional al entender que lo ocurrido fue fruto de una “concatenación de malentendidos con un fatal desenlace”.

Ese 27 de enero de hace ocho años, Cristian se desplomó a escasos minutos del final del partido. El joven sufría una cardiopatía asintomática diagnosticada a los siete años de edad que, hasta entonces, no le había impedido jugar con sus amigos a su deporte favorito. Cristian cayó al suelo del campo, golpeándose en la cabeza. A partir de ahí una concatenación de infortunios o de errores, que es lo que tratará de dirimir el juicio, agravó las opciones de vida del joven. Varios compañeros de pachanga llamaron al 112 pero la asistencia, según la familia, tardó casi 30 minutos en llegar. El campo contaba con un desfibrilador, pero ninguno de los presentes aquella tarde sabía cómo utilizarlo. A las llamadas al teléfono de emergencias se sumaron las carreras al centro de salud del municipio, a 650 metros del pabellón, de amigos y familiares de Cristian pidiendo auxilio. El joven fue trasladado al Hospital Universitario de Toledo, pero murió al día siguiente.

El ambulatorio de Corral de Almaguer contaba aquel día con dos equipos. Según la acusación, la enfermera, V.M.F., les dijo que uno de los dos se encontraba fuera atendiendo un servicio, y que el otro, por cuestiones de protocolo, no podía ausentarse del centro de salud, además de no disponer de vehículo. Los amigos de Cristian se ofrecieron a llevar a la enfermera y al facultativo en su coche pero ésta, según la familia, lo rechazó. En su declaración este miércoles, la enfermera explicó que movilizar el instrumental necesario para atender la urgencia requería tiempo porque “es fijo y pesa” y que la ambulancia que ya había activado el 112 y se dirigía al campo ya disponía de él. Según su relato, la información trasladada por el primero de los jóvenes personados en el centro no reflejaba, afirmó, la gravedad de la situación. “Dijo que se había caído y que tenía una brecha. Eso no es una urgencia para salir corriendo”.

El tiempo, mientras, corría en contra de Cristian. La enfermera afirmó que el 112 llamó directamente al equipo de avisos al ser alertado desde el campo y que no supo que se trataba de una “prioridad cero”, la mayor de las posibles, hasta que la madre, la cuñada y un amigo de Cristian le comunicaron que padecía una cardiopatía y que el tono de su piel se estaba amoratando. El médico que se encontraba con ella aquella tarde, A.M.A., imputado inicialmente en la misma causa, declaró que la enfermera no le avisó “de nada” y que, de haberlo sabido, hubiera dejado a los pacientes que estaba atendiendo para auxiliar al joven hasta llegada de la UVI móvil. “Seguramente pensó que sería una cosa que no era urgente”, afirmó. La enfermera desmiente el relato del médico y asegura que sí le habló de la brecha que sufrió Cristian al desplomarse en el pabellón. “Se lo trasladé cuando vino el primer chico”, insistió ante el jurado popular.

La acusación particular sostiene que los recursos desplegados por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) aquella tarde “no eran los de una caída banal” y que las llamadas que la enfermera realizó al 112 no eximen a los acusados de haber hecho más. “Solo la constancia de que la víctima ya está efectivamente atendida posibilita entender que cesaba la situación de desamparo”, defienden los abogados de la familia. La madre de Cristian, Milagros Hortelano, que ha testificado este jueves, ha reiterado que la enfermera le dijo que no podía abandonar el centro de salud. “Les dije que mi hijo era cardiópata, que estaba en el suelo, moradito, y que me echaran una mano. Me dijo que no podía salir, que el soporte vital venía en camino, y volví otra vez al pabellón”. Cuando llegó, la UVI móvil que se había desplazado desde Quintanar de la Orden, a unos 24 kilómetros de Corral de Almaguer, le comunicó que su hijo “estaba en parada [cardiorrespiratoria]”.

Tras la prueba testifical y pericial, las partes han elevado hoy sus conclusiones finales. La Fiscalía exime a ambos sanitarios de cualquier responsabilidad (la familia de Cristian ha retirado su acusación contra el médico) y apunta a un cúmulo de malentendidos con un desenlace trágico. Los dos, asegura, “actuaron con total profesionalidad médica” y recuerda que nadie, excepto la madre, conocía la cardiopatía que sufría Cristian. La representante del Ministerio Fiscal cree que el caso no encaja en el delito por omisión de socorro. Para que eso ocurra, recuerda, ha de concurrir “una denegación de auxilio o abandono, con dolo” y ninguno de los dos sanitarios, sostiene, lo hicieron. Una tesis que refuerza la forense, que señala un “sesgo de información” que no ayudó a discernir la gravedad de la urgencia. “Estimando el tiempo de asistencia y el tipo de urgencia que se estaba transmitiendo en ese momento, entiendo que no ha habido mala praxis y que fue un infortunio”.