PP y el PSC respaldan la prohibición del velo íntegro en espacios públicos.

El PP y Vox no únicamente rivalizan por el voto del campo ante la cercanía de los comicios previstos para el 15 de marzo en Castilla y León. El bloque conservador y la extrema derecha pugnan igualmente por liderar el veto en zonas públicas del burka y el niqab, dos atuendos femeninos originarios de Afganistán y el golfo Pérsico donde el primero cubre íntegramente la figura femenina y el otro únicamente muestra la mirada, una discusión que la formación de Santiago Abascal trasladará este martes al Congreso de los Diputados. La sesión plenaria de la Cámara analizará la admisión a trámite de una propuesta legislativa de carácter orgánico para impedir su utilización, contemplando los “lugares privados con proyección a un espacio o uso público”. Esta iniciativa no repercute en el hiyab o pañuelo musulmán, un elemento de vestimenta y símbolo confesional que únicamente tapa el cabello y la garganta.

Ester Muñoz, quien ejerce como portavoz del PP en la Cámara Baja, ratificó este domingo que su partido respaldará la propuesta. “Tenemos que fijarnos en las cuestiones que nos unen [con Vox]”, ha manifestado. El dirigente de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, citó como muestra de un planteamiento sugerente de Vox “el respeto a la dignidad de las personas en el tema del burka” durante una charla este domingo en El Mundo.

La propuesta de Vox “para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público” justifica en la exposición de motivos que “la llegada masiva de inmigrantes de países con fuerte influencia islamista” plantea la cuestión de cómo deben actuar los poderes públicos frente a quienes “pretenden imponer las costumbres islamistas en el espacio público”. “Una falsa noción de tolerancia podría conducir a permitir la progresiva normalización de hábitos como la circulación masiva de personas con el rostro cubierto, pero ello supondría admitir como corriente una costumbre que es sencillamente incompatible con el modo de vida de nuestra civilización, además de entrañar graves peligros para la seguridad ciudadana”, se alega.

El texto defiende las penas de prisión de un año y seis meses a tres años para quienes impongan “mediante violencia, intimidación o cualquier forma de coacción, el uso de los velos denominados niqab y burka”. Y añade que si “la víctima” se encuentra “en una situación de especial vulnerabilidad” por enfermedad, discapacidad o ser menor de edad, el responsable será castigado con una pena de cárcel de dos años y seis meses a cuatro años.

La proposición promueve además la modificación de las leyes de protección de la seguridad ciudadana y sobre derechos y libertades de los extranjeros en España con el propósito de que lor originarios de otros países que realicen conductas tipificadas como muy graves puedan ser expulsados de España “previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción”. El partido ultra, que anunció en noviembre la proposición para debatir en las Cortes la prohibición del velo integral, pretende modificar la ley de Seguridad Ciudadana para castigar con hasta 600 euros el uso del niqab o el burka en espacios públicos, así como la imposición del mismo por parte de los padres o tutores de una menor. La reincidencia en esta infracción podría ser sancionada con hasta 30.000 euros de multa.

El PP ya integró en la ponencia política de su Congreso Nacional del pasado estío su negativa ante el burka y el niqab. “Ninguna tradición ni creencia puede justificar prácticas que invisibilizan u oprimen a la mujer. El uso del burka o el niqab suponen una negación simbólica y práctica de su libertad y colisionan con principios superiores como la seguridad. Frente a esto, reivindicamos los valores de dignidad, autonomía y plena participación de la mujer en el espacio público, principios esenciales de nuestra democracia”, indicaban los populares. Bajo esa premisa, el Parlamento de Baleares, autonomía que el PP dirige en minoría, ratificó a inicios de febrero una proposición no de ley con el fin de exhortar al Gobierno central a vetar el uso del burka en zonas públicas. Dicha propuesta obtuvo el apoyo del PP y de Vox frente al rechazo del PSOE y otros grupos de izquierda.

Esta disposición forzará igualmente a Junts a definir su postura durante el crecimiento de Aliança Catalana, formación que podría aventajarle como segundo partido en Cataluña mediante una retórica islamófoba y soberanista. La dirección neoconvergente ratificó en mayo anterior su rechazo al burka y al niqab, además de oponerse al empleo de toda clase de velo por menores en entornos públicos de enseñanza obligatoria, tanto en centros escolares como en tareas fuera del horario lectivo o deportivo. En caso de que Junts brinde su apoyo, la iniciativa legislativa se admitirá a trámite, si bien su evolución futura quedará supeditada a la Mesa de la Cámara, órgano donde los sectores de izquierda poseen el control mayoritario.