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La Oficina de Proximidad es el

Por encima de 3.000 hogares se han visto favorecidos en Bilbao y diversas poblaciones vascas por renovaciones completas en domicilios y entornos urbanos.

Amparo García Maza, vecina de Torre Urizar, en el barrio Irala de Bilbao.FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Amparo García logrará descender desde su cuarta planta hasta la vía pública sin necesidad de transitar por ninguno de los 87 peldaños. Las labores para implantar un elevador en su inmueble se encuentran cerca de concluir. Hasta la fecha, esta bilbaína de 71 años ha abandonado su hogar sin grandes complicaciones. En realidad, le ha resultado incluso “bien”, debido a que se encuentra “operada de las dos rodillas sin tener que hacer ninguna rehabilitación”. No obstante, admite que el elevador “será una gran ayuda”. La vivienda donde reside era propiedad de sus progenitores y cuenta ya con 107 años de antigüedad, al igual que el conjunto del barrio. Aparte del flamante elevador, los vecinos han realizado otras reformas importantes, tales como el revestimiento de la fachada, la sustitución de ventanales o el montaje de calderas recientes con una inversión de 12 millones de euros. Todas estas gestiones se coordinaron a través de una Oficina de Proximidad.

Esta propuesta supera la simple restauración de pisos y entradas al enfocarse en la regeneración urbana integral. Está incluido dentro de un programa que el Gobierno vasco desarrolla en más de 25 puntos y ha ayudado a casi 3.000 núcleos familiares desde el año 2019. La situación de este bloque habitacional, identificado como Torre Urizar y localizado en el vecindario de Irala, ha evolucionado significativamente, operando como un ensayo para llevar la labor a toda la demarcación, reforzando las dimensiones social, económica y ambiental por medio de un programa europeo.

Dichos cambios se coordinan a través de las delegaciones de cercanía, situadas en el propio vecindario y que el Gobierno vasco inaugura en los bajos de los inmuebles. Rocío Alonso se encarga, entre diferentes puntos, del de Otxarkoaga, uno de los pioneros en activarse al lado del de Txonta, en Eibar (Gipuzkoa, 27.000 habitantes). En esta ocasión, 240 domicilios forman parte actualmente de la iniciativa. “Acompañamos a toda la vecindad, tanto en lo técnico, como en lo social”, señala Alonso. En estos momentos, la labor se focaliza “en la rehabilitación de los edificios, tanto energética, como de accesibilidad universal”.

Estamos siempre a su lado

Los propietarios acuden a estas oficinas, llamadas Opengela, para resolver cualquier duda o comunicar cualquier problema. “Siempre estamos para acompañarlos. Asistimos a todas las juntas o comisiones donde se tomen decisiones. Y, muy importante, damos respuesta a todos sus miedos, sobre todo, económicos”, añade Alonso y detalla que son barrios donde viven familias con pocos recursos. “Quitarles esos miedos ayuda a afrontar todo este proceso de la mejor manera”, se felicita. Las primeras ayudas alcanzaban los 5.000 euros por vivienda; actualmente, esa cantidad se ha triplicado para quienes cumplen todos los requisitos.

La profesional de la arquitectura manifiesta un gran orgullo por las recientes intervenciones realizadas en esta zona. “Las viviendas de Otxarkoaga son muy pequeñas, de unos 50 metros cuadrados, y tras hablarlo con los propietarios y tomar la decisión, las hemos ampliado con balcones salientes de la fachada”, enfatiza ella. La meta consistía en otorgar “respuesta a la carencia de habitabilidad” y se ha logrado parcialmente mediante estos trabajos, promovidos asimismo por Viviendas Municipales de Bilbao.

La misma actuación también se ha llevado a cabo en otros barrios que participan en el programa. Es el caso de Elgoibar (Gipuzkoa, 11.700 habitantes). Allí la sociedad urbanística de rehabilitación de la comarca, Debegesa, también ha colocado terrazas en las viviendas que no las tenían, entre otras actuaciones, con un presupuesto protegible de casi tres millones de euros.

Eider Etxegarai también es urbanista y atiende la oficina de este municipio, además de la de Soraluze (Gipuzkoa, 3.800 habitantes). Entre estos dos puntos se han acometido trabajos en más de 120 viviendas. Además, “en este municipio, las comunidades han tenido que adquirir unos locales para poder realizar el paso del ascensor”, explica Etxegarai por teléfono a Papallones. Para ello, han contado con una previsión de gasto de 4,75 millones de euros.

Confianza entre el vecindario

Las dos encargadas de las delegaciones de cercanía concuerdan en “la importancia de generar desde un principio confianza, tanto a nivel de comunidad, como individual”. “Somos una ventanilla única y tenemos que serlo en todo el proceso; en un primer momento, con dudas de la propia actuación, pero según avanza el proceso surgen nuevas cuestiones, como las morosidades”, señala Etxegarai.

Alonso reconoce que conciliar intereses de comunidades con “bagaje histórico” no siempre es fácil. Cuando la consejería y las instituciones locales se ponen de acuerdo, ellas entran en estas comunidades de propietarios. “Todas ellas tienen una historia detrás y cuesta llegar a puntos en común. Por ejemplo, en Otxarkoaga no se consiguió llegar a un acuerdo, no por el proyecto o por la propuesta, sino por casuísticas que tenía la propia vecindad”, recuerda.

Las intervenciones no se limitan a la infraestructura. En Torre Urizar, Viviendas Municipales de Bilbao organizó una charla para que los vecinos comprendieran mejor su factura energética y aprendieran hábitos más eficientes. También les ofrecieron consejos: “Las fachadas actuales actúan como un abrigo por lo que no es bueno dejar ventilando todo el día, a pesar de tener humedades. Con diez minutos suficiente”, explica Alonso, preguntada por el error más común entre el vecindario de estas zonas.

Viviendas antiguas

En Euskadi, los edificios superan de media los 60 años de antigüedad. “Esto es una rémora desde el punto de vista de la huella energética, pero también desde el punto de vista social”, reconoce el consejero de Vivienda del Gobierno vasco, Denis Itxaso. La cuantía del Ejecutivo para regenerar los barrios degradados supera los 130 millones de euros.

“Estos edificios albergan personas que en muchos casos tienen algún tipo de vulnerabilidad. Se trata de actuar sobre estas zonas que tenemos totalmente identificadas y monitorizas para crear un país más igualitario”, añade Itxaso. Por eso, estos servicios de proximidad “nos permiten orientar, informar y acompañar al vecindario en un proceso generado desde la confianza”. “Estamos consiguiendo que muchos edificios mejoren notablemente sus condiciones y, con ello, la vida cotidiana de las personas que los habitan”, subraya.

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