El Supremo confirma que la Xunta y el Gobierno son responsables de la contaminación ganadera en el embalse de As Conchas y el río Limia.

Ya no existen escapatorias para las instituciones que omitieron su responsabilidad, ni para el agresivo sector pecuario que ha transformado durante años las zonas ourensanas de A Limia y A Baixa Limia en una cloaca. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación interpuestos el pasado estío por la Xunta de Galicia junto a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, vinculada al Gobierno central, frente a la sentencia histórica del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del anterior julio relativa a la polución por residuos animales en la presa de As Conchas y el cauce del Limia en Ourense. Esta resolución —que podría marcar un rumbo para otros territorios de España y Europa afectados por las descargas constantes en suelos y aguas de deyecciones y restos de granjas con gran presencia de nitratos, bacterias y antibióticos— admite que se han atropellado por mucho tiempo los derechos básicos de la ciudadanía.

La sentencia del Superior es desde ayer, según informa el colectivo ecologista Amigas de la Tierra, “firme y ejecutable”, y confirma que “la inacción de las autoridades ante la contaminación del embalse de As Conchas y el río Limia derivada de las explotaciones de ganadería industrial” violó, entre otros, “el derecho a la vida y a la integridad, al domicilio y a la vida privada, a la propiedad y al agua”. Los informes científicos presentados por las abogadas que representaron en esta demanda a los vecinos del poblado de As Conchas (el enclave, a la altura de la presa, donde se manifiesta la ponzoña del agua en sucesivos episodios tóxicos de cianobacterias) demostraron el descontrol y los peligros para el medio y la vida. En la zona, eminentemente agrícola y ganadera existen más de 300 granjas, sobre todo de cerdos y pollos, para alimentar la industria cárnica.

En este punto, cabe señalar a la asociación ecologista que impulsó (en compañía de ClientEarth y CECU) el proceso legal, “obliga a las autoridades competentes a establecer de manera efectiva las medidas necesarias para poner fin a la degradación del embalse y sus alrededores y restaurar los derechos vulnerados”. Conforme a la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la salvaguarda de las libertades esenciales debe priorizarse si los efectos de la producción ganadera a gran escala afectan a riesgo la vida de las personas, su salud y el medio ambiente.

El Supremo destaca que la convicción se sustenta en numerosa documentación y bases científicas donde expone que la “contaminación por nitratos y la eutrofización” del embalse de As Conchas (por encima de umbrales admitidos por la Organización Mundial de la Salud) “genera un riesgo cierto para la vida y la integridad, perturba gravemente el domicilio y la vida privada, y menoscaba igualmente la propiedad y el derecho al agua”. El embalse de As Conchas se utiliza, además, para usos recreativos, baño, deportes de remo y natación. En él, a pesar del riesgo ya conocido entonces, se celebraron campamentos escolares de verano y campeonatos deportivos. Los análisis demostraron también que las aguas subterráneas están afectadas y existen pozos y abastecimientos colectivos fuertemente contaminados.

El fallo del Superior, ya ratificado, impone compensaciones económicas a los residentes con sumas que llegan a los 30.000 euros por cada reclamante. Asimismo indica que la violación de derechos “está provocada por la inactividad de las Administraciones Públicas, Xunta y CHMS, que pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello, no han sido capaces de poner remedio alguno”.

Este es el primer caso en Europa que condena la gestión de las macrogranjas con el enfoque de los derechos fundamentales. Como consecuencia, la Xunta y la Confederación, que se revolvieron sin éxito contra el fallo, deberán “adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para que cesen los olores y la degradación ambiental del embalse de As Conchas y su entorno”. Las administraciones condenadas deberán “devolverles el pleno disfrute de los derechos fundamentales”. La demanda vecinal se dirigía también contra cinco consistorios de la comarca (Bande, Os Blancos, Trasmiras Lobeiras y Muiños), por no alertar a los vecinos ni prohibir a tiempo el baño y las actividades en el agua, pero el TSXG no condenó a la Administración local.

El tribunal gallego asimismo disponía en julio al Gobierno autónomo y a la entidad vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica “adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable limpia, segura y libre de microorganismos y sustancias químicas que constituyan una amenaza para la salud de las personas, a fin de devolverles el pleno disfrute de su derecho humano al agua”.

La sala reconocía que los vecinos “experimentan un innegable perjuicio moral que no ha cesado; además de las molestias provocadas por las emanaciones de gases y los olores provenientes del embalse”. Los magistrados destacaron que la “situación de riesgo para la salud derivada del consumo y utilización del agua, por la alta concentración de nitratos y cianobacterias” provoca “angustia y ansiedad” por prolongarse “casi 24 años”.

Quienes interpusieron la demanda y las entidades que brindan apoyo, Amigas de la Tierra, la agrupación de juristas ambientales ClientEarth y la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU, manifestaron ayer su satisfacción mediante una nota pública por la resolución de la justicia y la “victoria definitiva” que conlleva. Principalmente, puesto que las repercusiones de esta sentencia “pionero” no se restringen exclusivamente a las tierras de Ourense, sino que afectan a múltiples regiones donde la ganadería a gran escala se extiende también de manera desmedida.

“La confirmación de la sentencia envía un mensaje muy claro”, explica Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra: “Es el momento de que las Administraciones velen por los derechos fundamentales de su población y restauren el Embalse de As Conchas. Este reconocimiento es un hito histórico y esperamos que esta sentencia infunda esperanza a muchas personas y comunidades en situaciones similares”. “Nuestra salud y la naturaleza están por encima de los intereses de unos pocos”, reivindica la ecologista, “vamos a seguir ganando batallas frente a la ganadería industrial”.

“Con la inadmisión del recurso, los derechos fundamentales de los habitantes de As Conchas quedan confirmados y deben hacerse efectivos sin demora”, insta por su cuenta la letrada Nieves Noval, quien encabeza el grupo de sistemas alimentarios de ClientEarth. “La Xunta y la Confederación deben ejecutar inmediatamente la sentencia para que estos derechos se traduzcan por fin en una vida digna para las comunidades afectadas.”