Ábalos, Koldo García y Aldama comparecen por primera vez ante el Supremo, frente al tribunal que los juzgará

José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se enfrentarán este jueves, por primera vez, frente a frente con los siete magistrados del Tribunal Supremo que les van a juzgar en los próximos meses. La vista oral del exministro, su exasesor y el comisionista por la supuesta trama relacionada con la adquisición de mascarillas durante la pandemia de covid-19 aún no tiene fecha, pero la Sala Penal prevé celebrarla en las próximas semanas y ha programado para este jueves la audiencia preliminar, en la que se evaluarán, entre otros aspectos, las solicitudes de las defensas de Ábalos y García para que la causa sea declarada nula y ni siquiera avance a juicio, donde ambos afrontarán peticiones de penas de hasta 30 años de cárcel. El tercer implicado, el empresario Aldama, ha admitido los delitos y ha obtenido una reducción en la petición de penas, pero la Fiscalía Anticorrupción no piensa llegar a un acuerdo de conformidad si este implica aceptar la reducción adicional que exige la defensa del empresario.

La sesión que acoge este jueves el Salón de Plenos del Supremo sirve de introducción al juicio que la Sala Penal planea celebrar en el mismo recinto durante los próximos meses. Se tratarán cuestiones técnicas preliminares planteadas por las defensas, pero gran parte del foco se centrará en Ábalos y Koldo García, quienes aparecerán por primera vez en público desde que ingresaron en prisión provisional el pasado 27 de noviembre. Ambos serán trasladados al amanecer desde la prisión de Soto del Real (Madrid) hasta el alto tribunal, donde llegarán en un vehículo policial por una entrada lateral y recorrerán a pie, bajo escolta, el trayecto hasta el Salón de Plenos.

No se espera que el exministro y su exasesor intervengan en esta sesión, en la que, de momento, solo hablan las partes acusadoras y defensoras. Tanto el abogado de Ábalos como el de Koldo presentarán una serie de cuestiones preliminares en las que denuncian presuntas violaciones de derechos y piden la nulidad del proceso. La defensa del exdirigente socialista sostiene, entre otros argumentos, que la Guardia Civil pudo llevar a cabo una “investigación clandestina” porque, según afirma, inició su investigación antes de que el caso llegara al Supremo y el Congreso levantara la inmunidad parlamentaria de la que Ábalos gozaba como diputado. El escrito defensivo también menciona una supuesta “indefensión” por la decisión del instructor, el magistrado Leopoldo Puente, de cerrar la investigación sin realizar varias pruebas destinadas a contradecir la versión de la acusación.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, replica algunas quejas de la defensa del exministro y añade nuevas, como que, según su versión, el exasesor de Ábalos está siendo investigado “simultáneamente” por los mismos hechos tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional, donde se examina la porción del caso que no involucra directamente a Ábalos, el único aforado en el procedimiento hasta que renunció a su escaño hace unas semanas. García también sostiene una violación de su derecho a la defensa, pues el alto tribunal no ha investigado a algunos “actores fundamentales” de los presuntos delitos. En concreto, la defensa exige al Supremo que examine a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos que fue contratada, a solicitud suya y con la intermediación de su entonces asesor, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

En el caso de Aldama, la defensa, liderada por el abogado José Antonio Choclán, no busca anular el proceso. El comisionista ha aceptado los hechos, aunque con ciertas precisiones frente a la versión ofrecida por la acusación, la cual solo pide siete años de prisión al considerar su colaboración con la justicia. Sin embargo, la defensa busca que esta solicitud de pena se reduzca aún más mediante la aplicación de un grado más alto en la atenuante de confesión.

La ley permite que en la audiencia preliminar se proponga un acuerdo con la Fiscalía, pero fuentes cercanas indican que no ha habido ningún diálogo entre la defensa de Aldama y el ministerio público, y que Anticorrupción no piensa aceptar una pena inferior a siete años.