Un plan suficiente de momento

El paquete económico contra los efectos de la guerra de Irán es adecuado. Por ahora, un ahora que puede variar súbitamente si la guerra se agrava y alarga.

¿Por qué? Primero, porque el apoyo público dispuesto es relevante, 5.000 millones de euros. Pero en principio limitado, proporcionado. No de barra libre indefinida, como el de los 25.000 millones desplegados cuando la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Concuerda con la coyuntura de hoy: volátil, pero es la que hay.

La coyuntura, eso crucial. No nos hallamos ante un bloqueo de la actividad económica, tal como sucedió en 2020, con un hundimiento integral de la expansión. El BBVA Research mantiene su previsión de repunte del PIB al 2,4% para 2026: la contienda tan solo representaría, bajo una perspectiva macro (excluyendo la microhumanidad, los fallecidos y el padecimiento), el sacrificio de las dos décimas del ajuste positivo que se estaba cerrando. Tampoco se percibe una escalada de precios mayor al 10%, como en aquella época, pues los especialistas más cautos proyectan su incremento rondando el 4% este año, frente al actual 2% largo.

Asimismo, esta nación se encuentra mejor preparada para afrontar desafíos y sacudidas. Tal como señalaba hace poco el habitualmente exigente Jordi Sevilla, el endeudamiento de hogares y compañías ha disminuido; las entidades bancarias no muestran debilidades; las corporaciones han incrementado su volumen; el ámbito de los servicios, sin contar el turismo, se expande por encima de aquel y representa actualmente el 7% del PIB. Por lo tanto, no resultaba necesario actuar con prisas ni de forma angustiada.

Segundo, el paquete se entreteje de equilibrios. Y de las experiencias del pasado. Las subvenciones o ayudas directas que se practicaron antes (los 20 céntimos al litro de carburante para todo bicho viviente) acabaron demostrándose fiscalmente regresivas y menos eficaces. Así que ahora se reservan solo a un segmento. El de los más afectados: transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores, industrias electrointensivas, muy dependientes de la electricidad (un mínimo del 50% de sus costes) y muy creadoras/mantenedoras de empleo, en la siderurgia, la química, la metalurgia, los gases industriales…

Estas medidas se complementan con recortes tributarios, efectivamente, aunque dirigidos únicamente al elemento que origina el incremento de costes: los impuestos sobre la energía ―resaltando la disminución del IVA (en electricidad, gas, gasolinas) del 21% al 10%―, los cuales aminoran 30 céntimos el litro de gasolina, de forma inmediata. Se trata de un alivio real, aunque no total, ya que permite espacio para una acción similar si la situación se agrava. Se evitan los imprudentes respaldos masivos a una ofensiva frente a los tributos, la ineficacia presupuestaria y el desmantelamiento del Estado que promueve el ultraliberalismo remanente.

Y tercero. Es un paquete modesto por su ambición transversal, de no marcar paquete político exclusivista, que habría conducido a su fracaso. Apela al mínimo común denominador, clave para su eventual éxito parlamentario.

Evita confundirse con una reforma fiscal general ―rebaja del IRPF incluida, poco vinculada al desafío de Irán―, como auspiciaba la derecha; pero reduce los impuestos implicados. Y diluye mezclarse demasiado con otra vuelta de tuerca intervencionista-unilateral de izquierda radical en la política de vivienda, mediante un segundo decreto de viabilidad retórica, aleatoria o azarosa. Ni tan mal.