La justicia española cita al CEO de Cloudflare por

La Justicia española ha dado un paso sin precedentes en la lucha contra la piratería audiovisual al citar a declarar como investigado al consejero delegado de Cloudflare Inc., el estadounidense Matthew Browning Prince, por su presunta implicación en un caso de piratería que afecta directamente a los derechos del fútbol profesional. El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha acordado la admisión a trámite de una querella criminal interpuesta conjuntamente por LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital, matriz de Movistar Plus+, propietaria de los derechos de emisión.

Este auto supone la primera citación judicial en España a una compañía tecnológica de los Estados Unidos por delitos contra la propiedad intelectual, lo que marca un hito en la jurisprudencia digital del país. El tribunal obliga al CEO de la compañía, dedicada a la gestión y distribución de contenidos por Internet, a comparecer el próximo 7 de abril, enfrentándose a cargos de extrema gravedad que incluyen delitos contra la propiedad intelectual, amenazas y obstrucción a la justicia.

La acción penal no solo se dirige contra Matthew Prince a título personal, sino también contra la propia entidad jurídica Cloudflare Inc., que figura como imputada en la causa. Los hechos objeto de investigación se remontan a la facilitación de servicios tecnológicos que, según los querellantes, impiden deliberadamente la eficacia de una resolución judicial previa emitida por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona el 18 de diciembre de 2024. Aquel fallo autorizaba a LaLiga y a Movistar Plus+ a notificar a los proveedores de acceso a internet en España las direcciones IP que facilitasen el acceso ilícito a contenidos protegidos durante cada jornada de competición, permitiendo un bloqueo dinámico de las mismas.

Sin embargo, la infraestructura de Cloudflare habría servido como un muro de contención que imposibilitó la ejecución de estas medidas, protegiendo a las plataformas que retransmiten el fútbol de manera ilegal. Se da la circunstancia de que Cloudflare fichó al ex responsable de ciberseguridad de Telefónica, Chema Alonso, cuando este abandonó la operadora en marzo de 2025.

Según los informes incluidos en la denuncia, se calcula que cerca del 38% de los sistemas y servicios que distribuyen material del torneo de modo ilegal en España hacen uso de las herramientas de red y seguridad de Cloudflare. La acusación sostiene que la firma y su responsable habrían realizado diversas maniobras con el fin de bloquear la aplicación normal y tranquila del dictamen de Barcelona.

Las partes querellantes atribuyen a la tecnológica estadounidense delitos tipificados en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal, en relación con el artículo 31 bis, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y el artículo 288 del mismo cuerpo legal. A esto se suma un presunto delito de amenazas recogido en el artículo 171, o alternativamente de coacciones bajo el artículo 172, junto con un delito de obstrucción a la justicia según el artículo 464, en concurso medial con los anteriores.

Una amplia red

La centralidad de Cloudflare en la cadena de la piratería audiovisual es un punto crítico en la investigación penal. La empresa, que cuenta con una filial en la Unión Europea denominada Cloudflare Portugal Unipessoal Lda, intervendría de forma directa o facilitadora en un porcentaje muy relevante de los delitos cometidos en territorio español. Según sus propias comunicaciones corporativas, Cloudflare opera una red de más de 335 ciudades en 125 países y se interconecta con más de 13.000 redes. Su arquitectura global permite que clientes que operan servicios de IPTV ilegales, portales de streaming pirata, listas m3u, cyberlockers y sistemas de cardsharing utilicen su red como un intermediario que oculta la dirección IP real de los servidores ilícitos mediante un sistema de reverse proxy. De este modo, la dirección visible en internet es siempre una IP de Cloudflare, tras la cual quedan protegidos los servidores que emiten el contenido sin autorización.

Según los querellantes, además de la ocultación, Cloudflare dota a estas plataformas de alojamiento temporal, transporte y almacenamiento en caché de flujos de streaming con contenidos ilícitos de LaLiga, distribuidos a través de su red CDN global compuesta por más de 330 nodos.

La querella sostiene que la compañía desempeña funciones esenciales en toda la cadena de valor de la piratería, gestionando las direcciones IP que alojan los contenidos, las de las webs que los suministran y las de los reproductores que permiten su visualización. Por todo ello, LaLiga y Movistar Plus+ defienden que Cloudflare no es un mero transmisor neutro, sino un actor imprescindible sin el cual estas plataformas no podrían operar con la estabilidad y el anonimato que poseen actualmente.

La evidencia presentada por la parte demandante resulta determinante al indicar que Cloudflare posee los medios tecnológicos para restringir al instante la entrada a los sitios web infractores que ampara en sus servidores si tuviera la voluntad de hacerlo. Ha quedado demostrado que la compañía obtuvo por encima de 114 notificaciones oficiales, casi una por cada fecha de torneo, incluyendo datos muy precisos acerca de los portales prohibidos que hacían uso de sus sistemas. Aun cuando se ha verificado la entrega de dichas advertencias, la firma de tecnología no parece haber implementado acciones resolutivas para detener las operaciones ilícitas, lo cual consolida el argumento sobre el entorpecimiento de la labor judicial.

Un factor agravante adicional resaltado por la corte consiste en las declaraciones abiertas efectuadas por el mismo Matthew Prince. El director ejecutivo de Cloudflare ha manifestado repetidamente que los fallos legales de naciones ajenas a los Estados Unidos no vinculan a su firma. Resulta todavía más controvertida su advertencia de que, si se le obligara a acatar tales regulaciones globales, implementaría acciones tecnológicas con repercusiones indirectas hasta en sistemas de protección y urgencias en Europa. Dichos comentarios han sido vistos por los demandantes como un tipo de presión y un desafío frontal a la autonomía jurídica de los países de la Unión Europea, intensificando una disputa que trasciende lo mercantil para situarse en el ámbito del bienestar social y la observancia del marco legal.

La causa se encuentra actualmente en fase de instrucción, y el juzgado madrileño sigue acordando diligencias de investigación para desentrañar la actividad completa de Cloudflare en relación con estos hechos. El éxito de esta querella podría suponer un cambio de paradigma global, obligando a los gigantes tecnológicos que operan bajo leyes estadounidenses a acatar las sentencias de los tribunales europeos cuando sus servicios se utilicen para cometer delitos en suelo comunitario.