Sumar respalda la renovación automática de los arrendamientos y evalúa “cosmética” la propuesta tributaria del PSOE.

La reacción de Sumar ante la iniciativa que el Gobierno estudia para penalizar en el IRPF a los caseros que suban el alquiler ha resultado inmediata. Para el integrante menor de la alianza, la medida sugerida por el PSOE es escasa para contener una situación crítica cronificada en el sector del arrendamiento y que podría empeorar en los próximos ejercicios. “La única propuesta sobre la mesa con impacto real y no cosmético es la prórroga automática de los contratos”, afirman en la formación encabezada por Yolanda Díaz, la cual exige al sector socialista entablar conversaciones sobre el proyecto de real decreto ley e incorporar su visión relativa a la renovación automática de los arrendamientos que expiran este ejercicio. En caso opuesto, no dispondrían de su respaldo en el Congreso.

La propuesta del PSOE, revelada este viernes por Papallones, sugiere establecer un gravamen impositivo a los dueños que realicen incrementos de costes vistos como desproporcionados. Esta sugerencia se basa en el contexto presente, donde los arrendadores logran beneficiarse de un descuento global del 50% sobre las ganancias netas derivadas del arrendamiento de una vivienda habitual, un incentivo tributario que se otorga de forma directa. El concepto que se estudia consiste en incrementar dicho beneficio para los titulares que conserven o disminuyan el alquiler cada mes y reducirlo para aquellos que lo suban.

Pero en Sumar la lectura es muy distinta. Fuentes del Ministerio de Consumo señalan que conocían la propuesta, pero insisten en que no ha sido trabajada con ellos ni desarrollada de manera conjunta en el seno de la coalición. Insisten en que la solución al problema de la vivienda no puede ser únicamente la vía fiscal y reclaman que el planteamiento sea, en esencia, idéntico al que ya se puso sobre la mesa anteriormente, cuando el presidente Pedro Sánchez anunció la bonificación del 100% del IRPF en sus ganancias para los propietarios que renovaran los contratos de sus inquilinos sin subirles el precio del alquiler. Ya en ese entonces, Sumar rechazó esta fórmula y, en respuesta, presentó medidas más drásticas destinadas a intervenir el mercado inmobiliario, entre las que se encontraba la congelación de los alquileres.

El nuevo planteamiento fiscal ha vuelto a chocar con la visión de Sumar, que considera la propuesta más “un giro semántico que real”. Recuerda que los propietarios ya disfrutan de una rebaja del 50% en el IRPF por el alquiler de viviendas y, en ese contexto, desincentivar fiscalmente las subidas no supondría, a su juicio, un castigo real, sino una mera reducción de un privilegio existente. Con el mercado tensionado, sostienen, esa corrección no altera de forma significativa los incentivos del mercado.

Los cálculos propios de Sumar sugieren que, ante subidas totales del 40%, el impacto de la penalización fiscal sería marginal y carece de fuerza verdadera para reducir la presión sobre los arrendatarios. Por este motivo consideran la iniciativa como “cosmética” y sostienen que el remedio no debe estar sujeto a la disposición del propietario. A través del departamento que dirige Pablo Bustinduy rememoran que durante 2021 se suscribieron 632.369 acuerdos de arrendamiento que expiran en el presente ejercicio. Tales convenios involucran a más de 1,6 millones de ciudadanos, un volumen que alcanza cerca de 2,7 millones al incluir a aquellos cuyos compromisos finalizarían en 2027.

Sin apoyos suficientes

La propuesta que Hacienda y Vivienda estudian actualmente pasa por recortar la reducción fiscal del 50% en el IRPF en aquellos casos en los que el propietario decida subir el alquiler por encima de determinados niveles al finalizar un contrato. No se trata, por tanto, de eliminar la bonificación fiscal, sino de graduarla a la baja en función del comportamiento del arrendador: cuanto mayor sea la subida del alquiler, menor sería la reducción aplicable en el impuesto sobre la renta. El diseño técnico aún no está cerrado, pero en líneas generales la propuesta no afectaría a las actualizaciones ordinarias del alquiler, como las vinculadas al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda, publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La vía más probable para sacarla adelante sería la de un real decreto ley, que debería ser aprobado primero por el Consejo de Ministros y posteriormente convalidado en el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes. Ese trámite parlamentario es clave, ya que el Gobierno necesita reunir apoyos suficientes para que la medida entre en vigor y no decaiga en un momento en el que le cuesta generar mayorías parlamentarias, y con la negativa actual de su principal socio de Gobierno.

Desde el PSOE defienden que el IRPF puede actuar como palanca para desincentivar subidas abusivas sin recurrir a una regulación directa de los precios, en un contexto de fuerte encarecimiento del alquiler y creciente presión social sobre el acceso a la vivienda.