Sin etiquetas, control ni precaución: desregular los transgénicos en Europa comportaría graves riesgos

En julio de 2023, la Comisión Europea presentó una propuesta para la desregulación generalizada de las plantas obtenidas mediante nuevas técnicas genómicas (NTG). Desde entonces, el debate ha avanzado a un ritmo inusualmente rápido y sin mucho eco mediático, a pesar de la magnitud de sus repercusiones. El 19 de diciembre de 2025, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) de la UE votó por mayoría cualificada a favor de la desregulación, que permitiría que un gran número de estos organismos modificados genéticamente (OMG) no sean sometidos a una evaluación de riesgos específica, ni estén sujetos a etiquetado ni a trazabilidad, de conformidad con el procedimiento legislativo 2023/0226 (COD) del Observatorio Legislativo del Parlamento Europeo. Si el Parlamento Europeo no presenta ninguna moción de rechazo o enmienda esta primavera, se aprobará una ley que afectará a los alimentos que llegan a nuestros platos y a todo el entorno natural.

Esta desregulación se produce en un contexto de crisis climática y agroalimentaria. El campo español sufre sequías prolongadas, olas de calor y nuevas plagas. Pero la urgencia climática no puede ser una excusa para imponer falsas soluciones ni para rebajar estándares democráticos, sanitarios y ambientales. Si algo está en juego, en primer lugar, es el derecho de las personas consumidoras a saber qué comen, algo que se perdería porque los nuevos transgénicos no deberán aparecer identificados con ninguna etiqueta.

Sin etiquetado: el derecho a la información en peligro

La propuesta divide las NTG en dos categorías. Las de “categoría 1”, consideradas equivalentes a plantas convencionales, quedarían exentas de las obligaciones básicas que hoy rigen para los OMG: evaluación de riesgos obligatoria, etiquetado, trazabilidad y métodos de detección. En la práctica, serían tratadas como variedades tradicionales.

Esto implica que los productos derivados de estas plantas podrían llegar a supermercados y comedores sin ninguna indicación visible para el consumidor. El Parlamento Europeo defendió inicialmente que todas las NTG debían estar sujetas a etiquetado y trazabilidad, pero esa exigencia no se mantuvo en el acuerdo provisional.

No se trata de una cuestión ideológica, sino de un principio básico recogido en la legislación alimentaria europea: el derecho a la información. Científicos y organizaciones sociales han advertido de que eliminar el etiquetado socava ese derecho y debilita la transparencia del mercado. Además, sin métodos de detección obligatorios, sería extremadamente difícil identificar la presencia de estas modificaciones genéticas en la cadena alimentaria.

La falta de trazabilidad también afecta a agricultores ecológicos y convencionales que deseen permanecer libres de transgénicos. Sin herramientas de control, la contaminación cruzada podría pasar desapercibida, comprometiendo certificaciones y exportaciones. El coste del autocontrol recaería, paradójicamente, en quienes opten por no usar estas técnicas.

En un momento en que la población reclama más información sobre el origen y la calidad de los alimentos, eliminar el etiquetado supone un retroceso democrático difícilmente justificable.

Riesgos para la salud: lo que dice la ciencia y lo que aún no sabemos

Los defensores de las NTG sostienen que herramientas como CRISPR, también conocida como “tijeras genéticas”, permiten modificaciones “precisas” y que muchas alteraciones podrían haberse producido de forma natural. Sin embargo, la precisión molecular no equivale automáticamente a la ausencia de riesgo. Los CRISPR se basan en mecanismos complejos de reparación del ADN, que producen mutaciones en las que podrían alterarse de manera inadvertida rasgos vitales y alterar las cadenas tróficas en las que se desenvuelve una planta.

La literatura científica ha documentado efectos no deseados en la edición genética, incluidos cambios y alteraciones metabólicas inesperadas. La propia Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria francesa (Anses) ha señalado que algunas NTG pueden generar modificaciones complejas que requieren evaluación caso por caso. Asimismo, la Oficina Federal para la Conservación de la Naturaleza de Alemania ha defendido una regulación basada en la ciencia que mantenga evaluaciones rigurosas antes de la comercialización. El principio de precaución —piedra angular del derecho ambiental europeo— existe, precisamente, para gestionar incertidumbres cuando los datos son incompletos.

La propuesta de modificación, al eximir a la mayoría de las NTG de evaluación obligatoria, debilita ese principio. Y al suprimir la trazabilidad, dificulta la vigilancia posterior a la comercialización. Si en el futuro surgiera un problema sanitario, la ausencia de sistemas de seguimiento complicaría la identificación del origen.

Por ejemplo, hay más de 100 estudios en marcha para estudiar la modificación de la floración en plantas como la colza, con el objetivo de modificar la composición de los aceites extraídos para fines específicos, como la producción de agrocombustibles. Con la legislación planteada no se tendría que evaluar el impacto que pudiera tener en polinizadores o el medio ambiente en general. Hay que tener en cuenta que, una vez que la “contaminación biológica” llega al medio ambiente, permanece de forma permanente y puede multiplicarse exponencialmente, lo que hace prácticamente imposible mitigar sus efectos.

Frente al reduccionismo tecnológico que confía en que la innovación resolverá por sí sola la crisis ecosocial, voces críticas recuerdan que la sostenibilidad requiere transformaciones estructurales, no solo nuevas herramientas genéticas.

El mito de la adaptación al cambio climático mediante transgénicos

La propuesta legislativa va acompañada del mito de que las nuevas técnicas genómicas son imprescindibles para adaptar la agricultura al cambio climático, sobre todo frente a sequías y plagas. Sin embargo, el clima no cambia de forma simple: además de más periodos secos, hay lluvias torrenciales, olas de calor y bruscos descensos de temperatura. Es un escenario de mayor inestabilidad. Pensar que esta complejidad puede resolverse modificando un único gen en una planta resulta una simplificación excesiva de cómo funcionan los cultivos y los ecosistemas.

Frente a esa visión, existen enfoques más amplios y pegados a la realidad del campo. La selección de las mejores semillas y variedades locales y ecológicas trabaja en condiciones reales para seleccionar variedades adaptadas a cada territorio, mejorar la fertilidad del suelo y gestionar mejor el agua, además de apostar por cultivos resistentes. La experiencia demuestra que la diversidad en los sistemas agrícolas ofrece más protección frente a fenómenos extremos que la uniformidad.

Patentes y concentración: quién controla las semillas

El tercer gran riesgo, menos visible pero decisivo, es el de la propiedad intelectual. Aunque no siempre se destaque en la comunicación institucional, los transgénicos están en muy pocas manos y es previsible que la mayoría de las plantas desarrolladas mediante NTG estén protegidas por patentes.

Diversos análisis alertan de que estas técnicas pueden acelerar la privatización de la biodiversidad agrícola, reforzando el control corporativo sobre semillas y recursos genéticos. Esto puede situar en desventaja a pequeños y medianos obtentores frente a grandes multinacionales biotecnológicas. Recordemos que solo cuatro empresas controlan más del 60% del mercado mundial de semillas: Bayer, Corteva, ChemChina-Syngenta y BASF. Estas empresas también dominan en número de patentes de NTG.

La cuestión no es meramente económica. Las semillas son la base de la soberanía alimentaria. Si los agricultores dependen de variedades patentadas, con restricciones contractuales y costes asociados, su margen de autonomía se reduce. La reciente negociación europea sobre el reglamento de “material reproductivo vegetal” ya ha suscitado preocupación por el posible debilitamiento del derecho de los agricultores a seleccionar y producir sus propias semillas.

Además, la concentración empresarial puede distorsionar el mercado y limitar la diversidad genética disponible. Y, como hemos dicho, en un contexto de cambio climático la resiliencia depende de la diversidad, no de la homogeneización.

Una decisión con consecuencias inciertas y duraderas

Europa se enfrenta a un dilema legítimo: cómo adaptar su agricultura a un clima cambiante sin sacrificar garantías democráticas, sanitarias y ambientales. Los NTG pueden ser una herramienta más en la caja de herramientas, pero no deben escapar al control público.

La adaptación de la agricultura a este nuevo mundo debe partir de cambios en la gestión del suelo, la conservación de la biodiversidad y el libre acceso a la información y los recursos genéticos, soluciones que la nueva regulación de los transgénicos no solo no prevé, sino que socava.

Eliminar el etiquetado priva a los consumidores de su derecho a elegir. Rebajar las evaluaciones debilita el principio de precaución. Facilitar la patentabilidad sin contrapesos puede concentrar aún más el poder en el sistema agroalimentario.

La votación final en el Parlamento Europeo será decisiva. Lo que está en juego no es solo una técnica, sino el modelo de gobernanza alimentaria que queremos para las próximas décadas. En tiempos de incertidumbre, la transparencia y la precaución no son un lujo: son una necesidad democrática.