Detienen a Carlos Baño, presidente de

La Policía Nacional ha detenido al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, por un supuesto delito de corrupción relacionado con unos bonos de consumo para ayuda a las pymes emitidos por la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia. Según confirman fuentes de la investigación, tras el arresto los agentes han registrado la sede de la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), también liderada por Baño, supuesto núcleo de la trama de fraude de subvenciones públicas que investiga la Fiscalía Anticorrupción a partir de varias denuncias anónimas.

La investigación se centra en si Baño, que tomó las riendas de la institución tras sustituir en el cargo a Mazón, se lucró a través de una sociedad interpuesta de la que es administrador único, Nexo Alicante Retail SL, con una campaña de bonos de activación del pequeño y mediano comercio impulsados por la Diputación de Alicante tras la pandemia, entre 2022 y 2023, cuando Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, estaba al frente de la institución supramunicipal. La iniciativa, puesta en marcha en una veintena de localidades alicantinas, consistía en estimular las compras en los establecimientos adheridos a la campaña. La intención era, tal como anunció en su día la Diputación, “potenciar las compras” con el apoyo hogares y establecimientos, promover “la reactivación económica del tejido comercial y el consumo local” y “ayudar a fidelizar y captar nueva clientela, así como sensibilizar a los consumidores de la importancia de realizar su compra en el comercio de proximidad”.

Las personas que pedían los vales pagaban la mitad de cada compra, mientras que el resto lo cubría la Diputación, enviando los fondos correspondientes a los consistorios participantes. Durante el trienio comprendido entre 2022 y 2024, se destinaron 58 millones de euros. Las supuestas irregularidades surgían a través de los convenios que cada localidad tenía que firmar con Facpyme o la Cámara de Comercio, instituciones lideradas por Baño, con el fin de coordinar la iniciativa. Dichos organismos gestionaban los abonos a los negocios participantes, permitían la adquisición digital de los vales o asumían la difusión mediática de los bonos consumo. Todo ello se realizaba por un importe que variaba según el nivel de facturación generado. Tales desembolsos, según se indica, constituyen uno de los puntos clave en las pesquisas de Anticorrupción.

Las sospechas recaen en Nexo Alicante Retail SL, una empresa registrada por Facpyme en julio de 2022, poco antes del inicio de la campaña de consumo. La entidad, al constar como organización empresarial sin ánimo de lucro, no puede obtener beneficios económicos de ninguna actividad. Y la sociedad creada con Baño al frente, y con la federación como único socio, se encargó de gestionar el dinero percibido por los ayuntamientos. Sus actividades, definidas en el objeto social, consistían en la organización de convenciones y ferias, apoyos a empresas, campañas publicitarias, asesoramiento empresarial y optimización de recursos, entre otras. Las denuncias presentadas ante la Fiscalía apuntan a que Facpyme pudo, presuntamente, obtener ganancias a través de esta sociedad.

Las diligencias de Anticorrupción han culminado esta mañana con la detención de Baño y el registro de las dependencias de Facpyme a cargo del grupo de blanqueo de capitales de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Desde la Cámara de Comercio aseguran que los registros no se han ampliado a sus instalaciones y que carecen de información sobre el arresto de su presidente, que esta mañana tenía que haber acudido a la presentación de un informe turístico en la propia entidad cameral. Nadie explicó las razones de su ausencia, que al conocerse, detonaron un considerable revuelo en Alicante y en toda la Comunidad Valenciana.

Desde Compromís, el diputado autonómico Gerard Fullana, que criticó el programa de bonos cuando era diputado provincial, asegura que esta campaña “fue aprobada sin ningún problema por Mazón” y fomentaba la creación de “nuevas empresas, como la del señor Baño, que hacían de intermediarios y se llevaban una porción del pastel”. Fullana subraya que, en su momento, denunció “cómo se convidaba a los municipios a utilizar estos intermediarios” así como “una organización administrativa que en muchos casos hacía imposible ejecutar esta ayuda si no hacías caso de las recomendaciones del PP”. Su sustituto en la Diputación, Ximo Perles, amplía sus sospechas sobre la Cámara a “las subvenciones que reciben de Alicante Gastronómica”, feria organizada por la misma entidad empresarial, “porque no las publican en su web y porque todavía no tienen un reglamento que determine cómo debe contratar la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que es un organismo público”.

La formación nacionalista se ha aliado con el PSOE en la Diputación para requerir una sesión extraordinaria y una comisión investigadora que clarifique los posibles puntos oscuros de los bonos de comercio. El vocero socialista, Vicente Arques, asegura que “la gravedad de las informaciones conocidas hace imprescindibles” toda suerte de justificaciones “y que se investigue con transparencia cualquier posible irregularidad en la gestión de fondos públicos”. Desde las filas del PSOE solicitan que el hoy presidente de la Diputación, Toni Pérez, dé la cara, si bien recalcan que los incidentes tuvieron lugar bajo la gestión de Mazón en el organismo. “Será necesario conocer cuál fue el papel que desempeñó [Mazón] en la puesta en marcha y supervisión de este programa y cuál pudo ser su nivel de implicación en las decisiones relacionadas con su gestión”, asevera Arques.

Desde el PP, de momento las únicas declaraciones proceden del vicepresidente de la Generalitat y portavoz del Consell, José Díez, quien se ha limitado a expresar que la postura del gobierno autonómico en estos casos es la de “máximo respeto a la actuación y diligencias judiciales”, con la “presunción de inocencia por delante”.