Demócratas acuden ante los tribun

Organizaciones ecologistas y las administraciones estatales de los demócratas, encabezadas por California, pretenden oponerse legalmente a la anulación, anunciada este jueves por el presidente Donald Trump, de los topes a las emisiones contaminantes, fundamentadas en el criterio científico que relaciona su origen con el calentamiento global. Sin embargo, ambos sectores, ecologistas y demócratas, no poseen el vigor requerido ante el empuje de los republicanos: si los colectivos ambientales están bajo el foco del rechazo científico de Trump, los demócratas persisten, transcurrido año y medio desde las elecciones de 2024, en la búsqueda de un referente claro y de un diálogo provechoso con diversos estratos de la sociedad.

El adalid de esta judicialización será Gavin Newsom, gobernador demócrata de California y a quien muchos ven como posible candidato a la presidencia en 2028. Tras el anuncio de la Casa Blanca, Newsom escribió el jueves en su cuenta de la red X: “La Administración de Donald Trump afirma falsamente que los gases de efecto invernadero no son una amenaza para la salud pública, infringiendo la ley para volver a doblegarse ante la industria petrolera. California luchará contra esta acción ilegal en los tribunales”.

Este viernes, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el gobernador, que se ha enfrentado en varias ocasiones a Trump, ha vuelto a incidir en “la urgente necesidad de tomar medidas decisivas contra la crisis climática”. “Quiero dejar claro que la Administración de Donald Trump es temporal. El compromiso de California no lo es. Él se irá dentro de tres años. Nuestra determinación de hacer frente al cambio climático es duradera y seguimos siendo un socio estable y fiable en esa lucha”, ha dicho.

También reaccionó al negacionismo de Washington el expresidente demócrata Barack Obama, durante cuyo primer mandato se estableció el llamado dictamen de peligro, reflejo del consenso científico sobre el efecto dañino en la salud de seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión. “Hoy [por el jueves], la Administración de Trump ha revocado la declaración de peligro: la resolución que servía de base para limitar las emisiones de los tubos de escape y las normas sobre centrales eléctricas. Sin ella, estaremos menos seguros, menos sanos y menos capacitados para luchar contra el cambio climático, todo ello para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar aún más dinero”, escribió el exmandatario en X.

La prevista judicialización de la derogación de la propuesta de ley trumpista 2060-AW71, que elimina todas las limitaciones para los vehículos, desde los sedanes hasta los camiones de 18 ruedas —el sector que genera la mayor parte de las emisiones en Estados Unidos—, será una batalla ardua, previsiblemente atizada por las próximas elecciones de medio mandato, en noviembre, en las que los demócratas intentarán recortar el control republicano de las dos Cámaras del Congreso.

El proceso legal, asimismo, plantea un panorama de triunfo incierto si, tal como anticipan los republicanos, las impugnaciones alcanzan al Tribunal Supremo, cuya composición mayoritariamente conservadora representó una de las herencias clave de la primera administración de Trump. Ciertas organizaciones ambientales ponen su confianza en el sistema legal, esperando que las cortes conserven su tendencia de apoyo a la potestad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas) con el fin de controlar las emisiones contaminantes a través de la Ley de Aire Limpio de 1963, precursora del pronunciamiento de 2009 de Obama.

Entre otros grupos, el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales y Earthjustice han anunciado que impugnarán la revocación ante los tribunales, lo que podría desencadenar una batalla legal de varios años hasta el Supremo. “Se presentará una demanda casi de inmediato, y nos veremos en los tribunales”, dijo el jueves David Doniger, abogado del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales.

Según la administración de Donald Trump, la cual ratificó una norma para favorecer a los coches de combustión en perjuicio de los vehículos eléctricos durante diciembre, las regulaciones que restringían las emisiones representan un lastre para las compañías y frenan el desarrollo financiero. La Casa Blanca sostiene que este recorte generará beneficios superiores a un billón de dólares para el sector privado, aunque los detractores señalan que se omiten los gastos significativamente más elevados derivados de la crisis climática y sus eventos climáticos severos —los cuales ya afectan los costes de las pólizas de seguros en regiones de la nación golpeadas por fuegos y desbordamientos constantes—, la subida del nivel oceánico y las consecuencias sanitarias vinculadas a las altas temperaturas.

La revocación de Trump revierte, con efecto inmediato, la promoción de los vehículos eléctricos de la era Biden, quien hizo pivotar en torno a la protección ambiental el grueso de su ambiciosa Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en sus siglas inglesas). Pero a la vez cuestiona la autoridad de la EPA para regular los gases de efecto invernadero, consagrada por una sentencia del Supremo en 2011. Con la medida, el líder MAGA avanza de paso en su intención de desmantelar la estructura de la Administración del Estado.

Los expertos jurídicos afirman que el cambio de política podría, por ejemplo, provocar un aumento de las demandas conocidas como “acciones por alteración del orden público”, una vía que había quedado bloqueada tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2011 que dictaminó que la regulación de los gases de efecto invernadero debía recaer en la EPA en lugar de los tribunales. El alto tribunal resolvió en esa sentencia histórica que los gases de efecto invernadero se consideran contaminantes atmosféricos en virtud de la Ley de Aire Limpio de 1963, lo que, en la práctica, obligaba a la EPA a regularlos.