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Kast busca limitar la gratuidad universitaria y cobrar las deudas de los estudiantes con la banca privada que fueron avalados por el Estado

El presidente de Chile, a tres días de asumir, anuncia un proyecto de ‘Reconstrucción Nacional’ que incluye otras medidas económicas como la eliminación transitoria del IVA a la vivienda

El presidente de Chile, José Antonio Kast, en Santiago, Chile.Adriana Thomasa (EFE)

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha anunciado este sábado el primer gran proyecto de ley que impulsará en su Administración. La iniciativa ha sido denominada plan de Reconstrucción Nacional -en la línea del Gobierno de emergencia que pretende impulsar- y ha sido presentada por el mandatario en la localidad de Lirquén, en la región del Biobío, una de las más golpeadas con el megaincendio forestal que afectó a la zona centro y sur del país sudamericano el mes de enero.

La propuesta, que debe ser enviada al Congreso Nacional para ser debatida, incluye varias medidas económicas, entre ellas la rebaja de impuestos y la agilización de los permisos ambientales. Otros de los puntos clave apuntan al financiamiento de la educación superior, ya que el Gobierno pretende aplicar un cobro efectivo a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo estudiantil pactado por miles de alumnos para ingresar a la universidad que se obtiene a través de la banca privada con el aval de Estado. A ello se ha sumado la aplicación de un límite a la gratuidad universitaria, una medida implementada durante la segunda Administración de la presidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018) y que fue empujada por la generación que salió a las calles en 2011 y 2012, liderada, entre otros, por el estudiante Gabriel Boric.

Kast ha dicho que con el plan no solo se busca reconstruir las viviendas destruidas por los incendios del verano, sino que también apunta a la reactivación económica y el ordenamiento de las cuentas fiscales. “Ustedes van a ver que es más amplio que solamente una reconstrucción material. Es una reconstrucción económica, porque necesitamos más recursos. Es una reconstrucción institucional, de recuperar el respeto a las instituciones que hoy día están cuestionadas, estamos cuestionados”, ha dicho el presidente en el anuncio.

El mandatario ha criticado a la Administración de izquierdas del expresidente Gabriel Boric y ha defendido a su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ha acusado al Gobierno anterior de no dejar una caja fiscal de respaldo para que la economía chilena pueda enfrentar los efectos del conflicto en Oriente Próximo. “Se rompieron las finanzas públicas. De los últimos 18 años, en 16 Chile ha tenido un déficit, una deuda que ha ido creciendo. En 2008 nuestra deuda, equivalente al PIB, era de un 5% y hoy día es del 42%. ¿Qué familia resiste endeudándose 16 de 18 años?“, se ha preguntado Kast.

Fue el viernes donde hubo un choque importante entre ambas administraciones, justamente por el dinero con que el Gobierno de Boric dejó el Fisco. Quiroz habló de 40 millones de dólares, de acuerdo a los datos de diciembre, mientras su antecesor, a través de X, le replicó que fueron 1.406 con los datos de enero.

Kast este sábado ha reconocido que algunas medidas tomadas por su Gobierno serán impopulares, pero asegura que son necesarias para alcanzar un equilibro fiscal. “Al principio alguien va a decir, no, pero es que me quitaron esto. Pero se lo quitaron, ¿por qué? Porque alguien le mintió. Alguien le dijo que tenía todos los recursos, que no se preocupe, total, paga el que viene. Bueno, eso tiene que cambiar", ha enfatizado.

Los detalles del plan de Kast

La propuesta de Reconstrucción Nacional del presidente y de su Administración contempla cinco ejes. El primero es la reconstrucción física de los lugares destruidos por el megaincendio, lo que contempla la inyección de 400.000 millones de pesos (unos 435 millones de dólares) para la construcción de viviendas. A esta idea se agrega la rebaja transitoria del impuesto a las donaciones; la facultad para tesorería para condonar capital endeudado; y un régimen de repatriación de capitales.

Otra de las iniciativas es la reconstrucción económica, que contempla la eliminación transitoria del IVA a la vivienda; la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%; así como la reintegración del sistema tributario. A este eje se suma la denominada reconstrucción institucional, que considera la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); la agilización de concesiones marítimas; y y creación de canales expeditos para ampliaciones de faena. El ministro Quiroz ha defendido la baja de los impuestos y ha apuntado a la necesidad de atraer nuevas inversiones. “La idea es avanzar en una reducción gradual de impuestos, que permita reactivar la inversión privada. Si el sector privado cree en ese camino, la inversión puede comenzar a reactivarse incluso antes de que las rebajas se materialicen completamente”.

Para la reconstrucción fiscal, el proyecto propone limitar la gratuidad universitaria a las personas hasta los 30 años, además de frenar su extensión hacia otros deciles; una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema; y un fortalecimiento de los mecanismos de cobro del CAE. La situación de los deudores del CAE apunta hacia una de las principales promesas que el Gobierno de Boric ha dejado incumplidas, lo que él mismo reconoció en los últimos días de mandato. La Administración de izqu’erda durante su campaña para llegar a La Moneda había presentado un proyecto para poner fin al CAE y crear un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), pero la tramitación no alcanzó a terminar antes del cambio de mando. El fin del CAE y la gratuidad universitaria fueron las principales demandas del movimiento estudiantil de 2011, el mismo que impulsó las carreras políticas de las actuales figuras de la nueva izquierda como la exportavoz de Gobierno; Camila Vallejo; el exministro de Desarrollo Social; Giorgio Jackson; y el propio expresidente Boric.

El último eje del plan establece acciones de orden legal y seguridad como medidas de inclusión financiera para proteger a personas vulnerables frente a usura y crédito informal; el endurecimiento de penas al contrabando de cigarrillos; el endurecimiento de sanciones al transporte ilegal de migrantes; y el reforzamiento de la rectoría técnica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

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