Conservación efectiva para una naturaleza segura

Es marzo y nuestra naturaleza recorrida, visitada y disfrutada por familias, turistas y excursionistas, retoma sus propios ritmos y llega la oportunidad de hacer algunas reflexiones sobre nuestro relacionamiento con los espacios naturales; con esa pulsión que llega cada verano como una necesidad manifiesta de pausar y reconectarnos.

En ocasiones, en prensa o en redes sociales, se destacan y promocionan territorios del país por su naturaleza, y se les invita a recorrer y visitar. Muchas veces estos llamados se hacen sin considerar que dichas áreas no tienen ni las regulaciones, ni las capacidades, ni los equipamientos requeridos para un adecuado tratamiento de la presencia humana, ni menos para la gestión, fiscalización, vigilancia y monitoreo de la naturaleza. “Evitar las promesas atractivas, pero vacías”, decía un reconocido filántropo de Patagonia en una entrevista reciente con el diario La Nación.

Cuidar la naturaleza es cuidar de nosotros mismos. Fuimos testigos, en noviembre pasado, de un trágico accidente que costó la vida de un grupo de cinco turistas en el parque nacional Torres del Paine; esto llevó a un debate sobre la ausencia de guardaparques, protocolos y equipamiento institucional para hacer frente a estas situaciones. Con el tiempo y los lamentables incendios forestales en Lirquén, ese debate desapareció.

Meses más tarde y sin mucha prensa, la Corte Suprema confirmó el rechazo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique a un recurso de amparo económico interpuesto por empresas y personas naturales dedicadas al turismo de aventura en el Glaciar Exploradores, ante la decisión del administrador del parque nacional Laguna San Rafael de no renovar los permisos para desarrollar servicios de ecoturismo en el glaciar, dada una fase activa de desintegración del glaciar y un riesgo geológico grave, lo que sin duda pondría en riesgo la vida de potenciales visitantes.

Ya en el año 2020 el informe de auditoría N°381 de la Contraloría General de la República evidenciaba la “falta de instrumentos de manejo de áreas protegidas”, vinculado a su vez con la escasa “disponibilidad de presupuesto y de personal” lo que “podría poner en riesgo el manejo y gestión de las AP” al desatender labores de monitoreo de las amenazas que pueden afectarlas, como asimismo, de vigilancia, prevención, fiscalización y atención ante emergencias.

Vemos en estos casos, situaciones disímiles respecto de la actuación de las instituciones públicas, operadores turísticos y los propios visitantes a las áreas protegidas y otros espacios naturales.

Hoy contamos con la ley 21.600 que establece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, servicio público encargado de la protección y conservación de la biodiversidad y de gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), y desde aquella base, reconocer y facilitar actividades educacionales, turísticas y recreativas de manera consistente con los objetos de protección.

A partir del pasado dos de febrero, el Servicio se encuentra en fase de operación y una de sus principales tareas es elaborar el plan estratégico del SNAP, en cuyo camino debemos atender primero aquellas cuestiones básicas y habilitadoras del manejo de las áreas protegidas como personal adecuado (administradores de áreas y dotación de guardaparques en número y condiciones laborales adecuadas; equipamiento e infraestructura básica operacional); plan de manejo actualizado y en implementación; instancias de gestión participativa y de gobernanza inclusiva y equitativa; roles activos de fiscalización y vigilancia; y labores permanentes de monitoreo de la naturaleza y de sus amenazas. Todo con base a una adecuada planificación, gestión del conocimiento y generación y administración de evidencia; lo que en WCS denominamos la “práctica efectiva de la conservación”.

Velar por la salud de la naturaleza es también velar por la salud y la vida de las personas. Hacemos un llamado a que la administración de Gobierno entrante, dé continuidad y fortalezca dicha política pública como parte de los compromisos del Estado con su propia ciudadanía.