Los sindicatos argentinos salen a las calles para rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por Milei

Con huelgas y marchas, los principales sindicatos de Argentina protestarán este miércoles contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La movilización principal tendrá lugar en Buenos Aires, frente al Congreso, donde el proyecto destinado a modificar el régimen de trabajo iniciará su debate hacia el mediodía. En las últimas horas, el Ejecutivo ultra aceptó 28 ajustes al texto original y busca lograr la media sanción en el Senado, antes de intentar la aprobación final en la Cámara de Diputados.

“El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias”, señaló la mayor organización sindical del país, la Confederación General del Trabajo (CGT). “Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja”, enfatizó la central obrera en su llamado a manifestarse contra el proyecto de ley.

En la manifestación frente al Congreso, con réplicas en múltiples ciudades del país, se unirán trabajadores de otras federaciones, incluidas las dos ramas de la CTA. A pesar de las demandas de los sectores más radicales, la CGT no convocó a una huelga general. La Confederación de Trabajadores del Transporte sí anunció paros que impactarán el transporte aéreo, marítimo y el subte de Buenos Aires. También se detendrán los empleados del Estado y de otros rubros, como el metalúrgico y el aceitero. A la protesta asistirán, además, agrupaciones políticas ligadas al peronismo y a la izquierda.

La reforma laboral es el primer gran objetivo de Milei en 2026. Tras su victoria en las elecciones legislativas de octubre pasado, el Gobierno posee una mayor mayoría parlamentaria y un mayor apoyo de otras fuerzas. El proyecto de ley es presentado por el Ejecutivo como una “modernización” del sistema laboral vigente, que en términos generales ha estado en vigor desde 1974 y que el peronismo, dominante en los sindicatos, ha rehuido históricamente modificar. La promesa de la ultraderecha es que la reforma permitirá disminuir la informalidad laboral, que actualmente afecta al 43% del empleo.

Además de otros cambios, la reforma sugiere aliviar la carga empresarial mediante la disminución de contribuciones a la seguridad social y la creación de fondos especiales para cubrir las indemnizaciones por despido. También contempla permitir la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas, establecer un banco de horas, dividir las vacaciones a lo largo del año y pagar los salarios en cualquier moneda, en especie, alimentos o alojamiento.

Por otro lado, el proyecto incorpora varias medidas que reducirían la influencia de los sindicatos. Por ejemplo, vincula el ámbito de los convenios colectivos nacionales por sector a los acuerdos alcanzados dentro de cada empresa. En la misma dirección, restringe el derecho a la huelga para ciertos trabajos clasificados como esenciales.

“Hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia en más de 50 años”, celebró este martes la senadora Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza, el partido de Milei. “Es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo”, aseguró Bullrich y precisó que el entendimiento incluye a partidos como el conservador PRO —habitual aliado del oficialismo—, la centrista Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales de distinto signo. La ultraderecha espera contar con el respaldo de 44 de los 72 senadores.

Para lograr el acuerdo anunciado, el Ejecutivo tuvo que realizar múltiples ajustes. Según Bullrich, el proyecto inicial fue modificado en 28 ocasiones. Aunque la versión final se conocerá durante la sesión, se supo que los gobernadores provinciales lograron excluir una reducción del Impuesto a las Ganancias, que habría significado una pérdida de 3 billones de pesos (más de 2.000 millones de dólares) en recursos coparticipables, es decir, aquellos que se reparten entre los 24 distritos federales del país. Los bancos conseguieron eliminar la posibilidad de que los empleados puedan acreditar sus sueldos en billeteras digitales. Además, los sindicatos obtuvieron una concesión: el proyecto no incluirá, al menos durante dos años, la supresión de las aportaciones que hacen los trabajadores y las empresas a los sindicatos y sus obras sociales.

La principal resistencia a la reforma laboral será encabezada, dentro del Senado, por los legisladores del kirchnerismo. Uno de los líderes nacionales del espacio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se expresó este martes contra las modificaciones promovidas por Milei y anunció que se unirá a las manifestaciones frente al Congreso. “Vamos a estar acompañando la movilización contra esta repugnante reforma laboral”, afirmó, “es una ley de precarización laboral”.