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Venezuela, una economía atrapada entre la parálisis y la inflación

Pese al alivio de las sanciones estadounidenses para impulsar el sector petrolero, la reactivación económica no llega

Trabajadores protestan para exigir salarios más altos durante una manifestación en Caracas, el 23 de marzo.GABY ORAA

La economía no mejora en Venezuela. Todo el mundo espera que lo haga, pero los beneficios no terminan de llegar. Los precios prosiguen su escalada y la inflación anualizada del país —la más alta del mundo— promedia el 600%. Basta con ver el comportamiento del bolívar, la moneda local, para entender la gravedad del paciente. En lo que va de año, ha perdido cerca del 20% de su valor frente al dólar. En enero, el dólar oficial valía 367 bolívares; hoy ya se sitúa en 450 (y el denominado “dólar paralelo”, de enorme influencia en la formación de los precios, puede ubicarse hasta en 650). La moneda se ha devaluado en más de 9,000% desde 2022.

Los ingresos adicionales que percibe el fisco nacional tras el ataque militar de Estados Unidos —gracias a la flexibilización de las sanciones y a nuevas licencias para explotar petróleo— no han podido cerrar la brecha entre el dólar oficial y el dólar negro. El déficit fiscal del Gobierno central es de 9 puntos del Producto Interno Bruto.

Las manifestaciones por el malestar económico y los graves rezagos sociales, que se han hecho crónicos, marcan la agenda de la protesta ciudadana. “Estamos reclamando un derecho humano básico, una obligación constitucional del Gobierno: la mejora general de las condiciones de vida de la población”, dice Gregorio Alfonso, miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. “Cada vez que queremos movilizarnos al centro de Caracas, las autoridades buscan argumentos para impedirnos llegar”.

“Seguimos esperando las anunciadas mejoras”, ironiza José Abreu, de 78 años, inmigrante portugués con casi 60 años en el país, quien tiene una bodega en la urbanización El Bosque, en Caracas. “Jamás había visto una situación como esta en todo el tiempo que tengo en Venezuela”, afirma. “Uno compra mercancía a los mayoristas a una tasa para el dólar y, cuando tiene que pagarla, ya el bolívar perdió valor”. Abreu muestra una libreta en la que lleva pedidos de clientes que han solicitado crédito. “No tengo alternativa, tengo que fiar. Es la manera de poder vender un poco más. La mayoría de la gente paga. Hay gente que se lleva una cosita, paga un poco de lo que debe y se vuelve a perder unos días”, cuenta resignado.

“Algo se vende, claro, pero las ventas están lentas. Desde hace mucho, ya que la gente no está comprando”, afirma Silvia González, propietaria de un quiosco de periódicos y dulces. “Si mi familia no me mandara dinero desde España, no podríamos completar nuestros ingresos. A lo mejor habría tenido que cerrar”.

El estancamiento salarial

En medio de este descontrol cambiario y de precios, el panorama salarial del país sigue siendo el mismo: precarizado y estático. El salario mínimo oficial, con el que se calcula la entrega anual de beneficios sociales, es de 160 bolívares, apenas unos centavos de dólar. El Gobierno compensa la situación ofreciendo bonos sin efecto en las prestaciones sociales (como el “bono de guerra económica” o el “bono de alimentación”), que promedian unos 180 dólares al mes. El lenguaje oficialista lo llama “salario mínimo integral” y puede incluir bolsas de comida.

Un obrero puede ganar en el sector privado unos 350 dólares mensuales. Un técnico especializado cobra cerca de 500 dólares al mes. Un jefe o un coordinador puede llegar a los 1.200. Solo la alta gerencia local podría aspirar a ganar 4.000 dólares mensuales o más. El sector privado —muy lastimado por las expropiaciones y sanciones oficiales de estos años— puede ofrecer aumentos esporádicos a determinados empleados o cálculos realistas para las utilidades de cada trabajador a finales de año. Aquel que puede, tiene dos y hasta tres trabajos. Una visita quincenal no muy ambiciosa al supermercado promedia los 200 dólares.

Víctor Álvarez, economista y director de la plataforma informativa Pedagogía Económica, afirma que la situación de tutela que tiene el país con Estados Unidos “impide el diseño de una política económica autónoma”. Se explica: “Al ser dueño de las riquezas del subsuelo, el Estado tiene una enorme capacidad para financiar políticas de desarrollo social. Puede adelantar un plan de compras gubernamentales al sector privado, financiamiento público o estrategias de integración comercial. El problema es que la orden ejecutiva de Donald Trump establece que el ingreso petrolero venezolano será depositado en las cuentas del Departamento del Tesoro de ese país, para financiar solamente la compra de productos estadounidenses”.

La población está expectante ante la posibilidad de que el Ejecutivo finalmente tenga los recursos para decretar un aumento del salario. Es un tema de frecuente conversación en las calles. Después de todo, la producción de crudo anual aumentará un 25%. El petróleo nacional se vende ahora sin descuentos, y puede que sigan aumentando los precios internacionales con las tensiones en el Medio Oriente.

Venezuela, que fue la quinta economía latinoamericana durante las últimas décadas, perdió el 75% de su PIB entre 2014 y 2020, aquejada por la conflictividad política, la desastrosa administración del gobierno de Maduro y las sanciones internacionales al régimen. Desde 2022, la economía ha registrado tasas de crecimiento moderadas y muy insuficientes. Para 2026, la expectativa de los economistas es que se produzca un crecimiento de dos dígitos.

“Las cosas van a mejorar, pero hay que esperar un poco más. La producción de estos dos meses de 2026 más bien ha caído y los precios siguen subiendo”, afirma un analista financiero que ha preferido no identificarse. “El dinero que ha ingresado sigue siendo insuficiente para los gastos de inversión. El crecimiento de la brecha cambiaria es uno de los grandes problemas que tenemos que atender”.

En la calle, entre los asalariados, comerciantes y empresarios, las expectativas son muy altas. “Se están comenzando a pedir presupuestos [para proyectos de construcción], se nota algún movimiento, pero no se ha concretado mucho”, afirma Ignacio Monteverde, empresario de la construcción, un rubro que habitualmente tiene mucho protagonismo en la conformación del PIB local. Monteverde es, sin embargo, cauteloso: “Parece que viene una reactivación en un par de meses, es lo que se comenta. Pero en este momento la situación es de una enorme parálisis. Ahora está incluso peor que a finales de 2025”, lamenta.

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