La construcción de vivienda pública cae un 23

La fuerza que tuvo el sector de la vivienda protegida durante 2024 se ha desinflado doce meses más tarde. De acuerdo con las cifras difundidas este jueves por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, durante 2025 únicamente se finalizó la edificación de 11.104 recientes VPO, lo que implica un descenso del 22,7% respecto al periodo previo. Al convertir este porcentaje a valores reales, significa una caída de poco más de 3.000 inmuebles. Si bien en valores totales el dato del año pasado constituye el segundo registro más alto de los últimos diez años, representa un duro golpe para un modelo habitacional que no termina de consolidarse en España. A pesar del acuerdo parcial entre las diversas Administraciones para impulsar la creación de VPO (junto a las promesas institucionales que aseguran millares de residencias a costes moderados), su cantidad permanece muy alejada de los niveles registrados en la década de los noventa y hasta el inicio de la Gran Recesión: desde 1991 hasta 2008 se edificaron en España un promedio anual de casi 60.000 viviendas protegidas.

Los buenos datos registrados en 2024 (con más de 14.000 VPO finalizadas, el nivel más alto en una década) presagiaban el arranque de una etapa de repunte de la VPO que, a pesar de ello, no se ha mantenido en el transcurso de los doce meses posteriores. Junto a la disminución de las acreditaciones definitivas (que avalan el estatus de protección pública al concluir la obra para facilitar la comercialización o el alquiler), los registros de Vivienda señalan asimismo una caída repentina en las autorizaciones provisionales (que cuantifican las promociones que comienzan y que habitualmente se acaban en periodos venideros). Estas disminuyeron de 23.967 en 2024 a 15.593 el año anterior, representando un declive del 35%.

La mayoría de las VPO acabadas en 2025, prácticamente la mitad, fueron destinadas a la propiedad, pese a computarse cerca de 500 menos. Y el 37,4% fueron para el alquiler, todas ellas sin opción a compra, puesto que no se certificó ninguna que permitiera a los inquilinos convertirse en propietarios en algún momento. Un cero absoluto que solo se había registrado en una única ocasión anterior desde 2014: sucedió en 2023.

La construcción de vivienda protegida ―y, en consecuencia, la ampliación del parque público― pasa por ser uno de los objetivos principales del Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030 que el departamento que dirige Isabel Rodríguez quiere aprobar próximamente. Este cuenta con un presupuesto total de 7.000 millones de euros, de los que el 40% (unos 2.800 millones) está destinado a la creación de vivienda asequible. Sin embargo, la cadencia en la construcción parece no mantenerse al ritmo necesario para alcanzar la representatividad sobre el parque total que tiene la vivienda protegida en Europa, y que pretende el Ejecutivo: mientras la media comunitaria se sitúa alrededor del 9%, en España apenas supera el 3%, una tercera parte.

Madrid, en el centro

El grueso de la caída de las VPO listas para comercializar se ha situado en Madrid, donde su volumen respecto al que se dio en 2024 se ha rebajado en 4.641 viviendas. La región de la capital era, en términos absolutos, la comunidad que más vivienda protegida venía construyendo en los últimos años. Pero el año pasado, con 2.048 casas acabadas, perdió esa condición en favor de Cataluña (3.517 calificaciones definitivas, 1.624 más que el año anterior).

Otro matiz relevante entre la situación de Madrid y la de Cataluña es que la primera permite la descalificación (es decir, que la VPO pierda esa condición y pase al mercado libre pasados unos años), mientras que la segunda obliga a que el nuevo parque protegido tenga esa condición a perpetuidad. De hecho, una de las reglas que quiere introducir Vivienda en el siguiente plan estatal es que las viviendas protegidas que cuenten con financiación del Estado nunca puedan descalificarse, aunque las comunidades autónomas podrán impulsar con fondos propios otras tipologías de casas con ayudas públicas.

Además de Madrid, otras cuatro comunidades autónomas experimentaron una caída de las VPO acabadas en 2025. En el País Vasco se otorgaron 772 calificaciones definitivas menos que en el año anterior, con lo que el total quedó en 1.184. Y también menguaron las cifras en la Comunidad Valenciana (-335, para un total de 407), Castilla y León (-254, con un total de 240) y Baleares (-149, ya que solo se acabaron 87 casas protegidas).

En el lado opuesto de la tabla, además de en Cataluña, la construcción de VPO cogió brío en Andalucía (691 más, y un total de 2.265) y en Aragón (195 más, con un total de 406). En Navarra no se experimentaron variaciones (277 VPO acabadas en 2025, las mismas que en 2024). Y tampoco hubo variaciones en Canarias, Cantabria, Murcia y La Rioja, ni en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pero estos territorios destacan por otro motivo: la serie estadística de Vivienda no recoge ni una sola calificación definitiva de VPO allí en los dos últimos años.

Pese a que el montante total de las VPO certificadas como tal se ha reducido en 2025 respecto al año anterior, el peso de aquellas destinadas al alquiler ha crecido en el último año. El porcentaje sobre el total se situó en el 37,4% el año pasado; mientras que en 2024 fue sustancialmente inferior: del 25,9%. El motivo es que las casas destinadas al arrendamiento, pero que no permiten la adquisición, crecieron un 12,7%, hasta sumar 4.151. Un incremento que compensa la reducción a cero de aquellas viviendas que sí ofrecen la posibilidad de compra en 2025, la segunda vez que esta cifra se va de vacío tras la de 2013. El mayor porcentaje de vivienda protegida para alquiler sí va en la línea que quiere impulsar el Gobierno, aunque todavía está lejos del objetivo de lograr que al menos la mitad de la VPO se destinen al arrendamiento.

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