Venezuela tras un mes sin Maduro

Caracas, 19 de febrero de 2026. Venezuela busca iniciar un ciclo distinto luego de la repentina caída del régimen chavista. Transcurridos un mes y 16 días desde que comandos especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro con el fin de procesarlo en Nueva York, la Asamblea Nacional ratificó un decreto de amnistía que promete liberar a cientos de encarcelados por disentir y protestar contra el régimen. “Hay que saber pedir perdón, hay que saber recibir perdón”, manifestó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al sancionar el estatuto. “Nos estamos desprendiendo de un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”, recalcó.

No obstante, la legislación no beneficiará a todos los individuos —aproximadamente dos centenares de efectivos castrenses imputados por rebelión resultan explícitamente marginados—. Tampoco implica una aceptación formal de la represión. Permanecen del mismo modo excluidos quienes incitaran o favorecieran ataques armados contra la población, la soberanía y la unidad territorial a través de agentes externos , en lo que aparenta ser una evidente marginación de figuras tales como María Corina Machado, a quien el chavismo señala por haber solicitado una acción militar para Venezuela.

La amnistía, respaldada por unanimidad, extingue responsabilidades penales y permite liberar a personas procesadas o encarceladas por motivos políticos. El acuerdo llegó tras casi tres semanas de negociaciones sobre el alcance de artículos clave. En términos prácticos, cierra causas vinculadas a protestas o a delitos asociados a la confrontación política. También establece garantías para que quienes se acojan a la medida no puedan ser detenidos nuevamente por los mismos hechos y permite a los exiliados tramitar sus procesos a través de abogados.

La ley cubre hechos ocurridos entre 1999 y 2026, prácticamente todo el ciclo político dominado por el chavismo. En ese periodo se concentra un buen número de episodios de convulsión social y represión, incluida la oleada de detenciones tras las elecciones de julio de 2024 en las que Maduro se autoproclamó vencedor acorralado por acusaciones de fraude. La norma alcanzaría a la mayoría de los cerca de 600 presos políticos que, según las organizaciones de derechos humanos, aún permanecen en el país, aunque no a todos. Los límites de la norma han generado un aluvión de críticas en el ala más dura de la oposición.

Poco después de la aprobación de la ley, Rodríguez exhortó a su ministro del Interior, Diosdado Cabello, uno de los pilares de la represión chavista, que revise “los casos no contemplados” en el texto y que dé las “recomendaciones pertinentes, para curar heridas, para rencausar la convivencia democrática y para rencausar la justicia”. No está claro si con ese mensaje los excluidos encontrarán otra fórmula para su liberación o retorno seguro al país.

La redacción deja claro que se trata de un perdón y no de un reconocimiento de la persecución sufrida. Evitar que los presos políticos tuvieran que asumir su culpabilidad fue una de las batallas de la sociedad civil durante la negociación, pero no prosperó. “Después de inventarte un delito, te perdono por no haberlo cometido y de paso perdóname por encarcelarte, torturarte, asediar a tu familia, amenazarte en los medios del Estado y forzarte al exilio”, ironizó en X el político y periodista, del círculo de María Corina, David Smolansky. Tampoco se logró la derogación de varias leyes que han permitido encarcelar a decenas de personas por actos tan cotidianos c omo publicar una crítica en redes sociales o aplicaciones de mensajería, aunque se prevé que ese sea el siguiente debate parlamentario.

El chavismo, en definitiva, apela al perdón, sin renunciar a la advertencia. El presidente de la comisión que ha debatido la amnistía, el diputado chavista Jorge Arreaza, lanzó un aviso en su cuenta de X horas antes de que comenzase la sesión en la Asamblea: “La violencia y los atajos no constitucionales deben descartarse de la práctica política en el país. Los beneficiarios deben reincorporarse cívicamente, sin reincidir en conductas insurreccionales”.

El líder de la oposición Juan Pablo Guanipa, puesto en libertad a principios de mes y posteriormente retornado a detención domiciliaria debido a que transformó su salida en una manifestación política, obtuvo su libertad plena apenas horas después de la votación. “Lo aprobado hoy no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, publicó en X. Desde el destierro, Pedro Urruchurtu, un aliado próximo adicional de María Corina Machado, demandó: “Según la fulana ley de amnistía, yo, siendo inocente, debo ‘ponerme a derecho’ y reconocer que soy un terrorista falsamente acusado por el régimen”.

Los grupos opositores que conviven con el chavismo en el Legislativo y que lograron obtener concesiones en cada uno de los 16 apartados perciben un avance real. “Hoy es un día profundamente significativo para la gran mayoría de los venezolanos”, manifestó en plataformas digitales el político Stalin González. “Esta ley, aunque no es perfecta, es una herramienta para reconstruir la justicia y avanzar hacia esa Venezuela que anhelamos”, agregó, comprometiéndose a vigilar que no resulte en “letra muerta”.

En un tono igualmente constructivo, Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, que representa a buena parte de los presos políticos, advirtió: “A todos nos gustaría que las cosas fuesen distintas y que los escenarios fuesen más auspiciosos. Todos ansiamos un cambio inmediato, pero una de las lecciones que tenemos que aprender es que a veces se construye con lo que se tiene, no con lo que se quiere”. Himiob, en cualquier caso, resaltó que la aplicación de la ley a episodios temporales tan concretos convierte los 28 años de chavismo en una amnistía que deja 14 años “completamente fuera”.

El indulto constituye una apertura planificada de una administración provisional que, sin Maduro en el mando, opera bajo el hostigamiento constante de Washington en múltiples áreas: jurídica, de seguridad y, esencialmente, económica. Tras la salida forzosa del dirigente chavista, se han efectuado cientos de puestas en libertad en prisiones de todo el territorio. Algunas han sido discretas, otras se han difundido paulatinamente. Casi siempre bajo condiciones, con cautelas, silencios obligatorios y grilletes electrónicos, normativas que la amnistía debería revocar. Los Rodríguez asocian sus movimientos a resoluciones ya adoptadas por Maduro antes de su captura, sin embargo, Donald Trump no pierde el chance de enfatizar su propio dominio sobre Caracas. Pese a que el interés primordial de la Casa Blanca es el crudo –y no la defensa de la democracia–, el republicano precisa de un territorio estable para que prosperen sus planes económicos.