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La medida duró un mes y logró que el gobierno recuperara el control, mientras que el crimen organizado disminuyó y se restableció el control en las cárceles.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha levantado este lunes el estado de sitio impuesto a nivel nacional a mediados de enero, luego de que la pandilla Barrio 18 organizara revueltas simultáneas en tres cárceles del país y asesinara a once policías en la capital en un fin de semana. La medida tuvo duración de un mes y logró la captura de 91 pandilleros y el retorno del control de los centros penitenciarios a manos del Gobierno. Ahora el mandatario aseguró que dejará un operativo permanente focalizado en la capital, Ciudad de Guatemala.
Durante la jornada dominical, en una alocución difundida por cadena nacional, el presidente aseguró que gracias a la disposición se obtuvo la segregación de los principales cabecillas de las pandillas en centros penitenciarios de máxima seguridad, la supresión del contacto entre los mismos y la interrupción del vínculo entre los jefes encarcelados y el exterior.
Arévalo comunicó, asimismo, que establecerá un “estado de prevención” en el territorio nacional desde el martes e implementará una estrategia denominada “Centinela Metropolitano”, la cual se basará en sostener despliegues coordinados por parte de la Policía y el Ejército “con el fin de no parar el combate contra el crimen organizado”.
En un principio, el estado de sitio impuesto por Arévalo fue comparado con el régimen de excepción establecido en El Salvador por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022; sin embargo, desde el inicio, Arévalo se distanció claramente de eso, pues subrayó que la medida no afectaría la vida cotidiana de los guatemaltecos y se mantendría en el respeto a los derechos humanos.
A diferencia de las redadas masivas que permitieron la captura de decenas de miles de personas en los primeros días de régimen de excepción en El Salvador, Arévalo anunció en su presentación de resultados que los operativos realizados en Guatemala fueron “quirúrgicos”. Entre las acciones realizadas estuvo el desmantelamiento de varias redes de videovigilancia que las pandillas tenían instaladas en comunidades de la capital y la recaptura Carlos Reyes Popol, alias “Jocker” o “Bufón”, uno de los máximos líderes del Barrio 18 que había escapado de un penal de máxima seguridad el año pasado, y el aislamiento de Aldo Ochoa, alias “Lobo”, el máximo líder de la pandilla en Gutemala.
Luego de recobrar el mando de los recintos de reclusión, la administración además segregó a distintos cabecillas como Lobo en módulos fortalecidos con rejas dentro de la cárcel “Renovación I”, una de las instalaciones capturadas durante las sublevaciones de enero.
Según los registros de la Policía de Gutemala, durante un mes de estado de sitio, los agentes efectuaron 4,632 intervenciones en las que arrestaron a 3,870 sujetos, decomisaron 384 armas de fuego, seis proyectiles antitanque, 481 mil quetzales (cerca de $62,000 dólares) y desarticularon un narcolaboratorio en la zona norte del territorio.
La embestida del Barrio 18
De acuerdo con las declaraciones de Arévalo dadas en cadena nacional la noche del domingo, la embestida del Barrio 18 a mediados de enero fue una respuesta al retiro de privilegios en las cárceles que las estructuras mantenían desde las administraciones anteriores “al ver que este gobierno no cede y no negocia con criminales”. El gobierno también ha señalado que los ataques están vinculados a una pugna de poder entre “actores corruptos” y el gobierno central, aunque no han señalado nombres concretos.
Un contacto allegado al mandatario Arévalo afirmó a El País que la ofensiva criminal se vincula con los procesos electorales para fiscal general y Corte Constitucional que se llevan a cabo en Guatemala y que podrían desplazar del mando a elementos deshonestos del sistema, como la presente fiscal general Consuelo Porras, denunciada por irregularidades.
Tras el estallido de la violencia, tras el desmantelamiento parcial de la estructura del crimen organizado, las autoridades mantuvieron su enfoque: tras el asesinato de varios individuos, las autoridades no lograron responder con la celeridad esperada, mientras que el gobierno continuó ignorando las llamadas de la sociedad civil por una acción más contundente.
Porras, quien también buscó ser magistrada de la Corte Constitucional, fue incluida en el listado de “actores corruptos” conocida como “Lista Engel” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) en mayo de 2022. El DOS la señaló de “dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”.
Durante el episodio de este lunes, Leocadia solicitó a Cristóbal que no le informe a Ángela que él es su padre, y ambos acordaron que ella se lo comunicará cuando sea oportuno. Alonso recibe con agrado a Ciro, quien resulta ser el hijo de su fallecida hermana y permanecerá un tiempo en La Promesa. Un ingreso que parece inquietar a Manuel. La relación con su primo parece más tensa de lo previsto, pero parece ser solo la punta del iceberg. Asimismo, Enora le solicitó autorización para comercializar su motor, y ambos lograron convencer a Toño.
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