Venezuela exige que se mantengan intactas las críticas de Mamdani.

Durante la mañana del viernes 2 de agosto de 2024, Kennedy Tejeda partió de su hogar con destino al puesto de la Guardia Rural de Montalbán, situado en el estado Carabobo, aproximadamente a 200 kilómetros de Caracas. Su intención era conocer la ubicación de un par de muchachos de su localidad que resultaron arrestados tras protestar contra el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Fue atendido por el oficial de guardia. Tejeda consultó sobre la fecha en que los jóvenes comparecerían ante el juzgado pertinente para brindarles asesoría legal. El funcionario le solicitó que ingresara al recinto policial y contactó al capitán.

“En el pasillo, el capitán pidió que le entregara el celular. Yo me negué. Entonces me dijo: ‘Dame tu teléfono o te quiebro aquí mismo’. Me volví a negar y arremetió contra mí para arrebatármelo. Yo estaba trabajando con el Foro Penal en la defensa de los detenidos y había participado como observador en las elecciones. Al ver mis chats en el teléfono, el capitán dijo: ‘¡Ah, pero tú eres escuálido! A partir de este momento estás muerto. Te agarraron los ángeles negros’”. Aquello resultó ser lo postrero que escuchó antes de verse privado de su libertad. De esta forma se iniciaron los 17 meses que permaneció bajo custodia.

Otro caso es el de J.D. (Iniciales ficticias para designar a una víctima que prefiere permanecer en el anonimato para evitar represalias). Hace poco menos de un año iba por Caracas en su carro cuando fue interceptado por dos camionetas sin identificación oficial ni placas. Bajaron hombres encapuchados que portaban armas largas. Le cubrieron la cabeza y lo llevaron a una casa clandestina de detención. Allí estuvo a punto de morir por la falta de medicinas críticas para su salud. Luego fue trasladado al Helicoide, bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Pero como soy un terrorista muy importante y peligroso me pasearon por otros centros”, dice con un humor disimulando su martirio. “No sufrí castigos físicos, no fui vejado ni insultado, pero, ¿cómo se llama cuando te privan del sol durante semanas o no se te permite comunicarte con tus familiares?”.

Cuatro semanas tras haber recuperado la libertad, sonidos como el desplazamiento del cerrojo de una puerta o la rotación de una llave en la cerradura continúan activando su desasosiego. Todavía experimenta problemas para conciliar el sueño y permanece bajo tratamiento con ansiolíticos. “Estuve internado en un campo de concentración con aire acondicionado y televisión. No me golpearon el cuerpo, pero la psique es otra cosa. Se llama tortura psicológica”.

En estos días se habla mucho de amnistía en Venezuela. Hasta ahora uno de los principales ausentes en la discusión ha sido gente como Tejeda, a la que se las tragó la tierra y vivieron del lado más oscuro de la dictadura. O como J.D., quien todavía no ha recuperado la noción del tiempo tras incontables días en la oscuridad de una celda. Y, como ellos, miles de otras víctimas que esperan justicia.

Sí, se necesita amnistía, pero también es preciso reconocer que el perdón y la reanudación deben acompañar a la recuperación de la justicia.

Es posible que la Comisión Especial para la Consulta de la Ley de Amnistía designada por la presidenta Delcy Rodríguez y la Comisión para la paz y la convivencia democrática de la Asamblea Nacional actúen con intención de aliviar décadas de confrontación. Pero hasta ahora, los esfuerzos del chavismo en la era post-Maduro parecen orientados a una amnistía exprés que cierre expedientes entre 1999 y 2025 sin distinguir responsabilidades, y que, en la práctica, proteja a ejecutores y a la cadena de mando. Tras 26 años de autoritarismo, una amnistía así no llevaría a una reconciliación sino que sería una trampa. No hay que olvidar que los arquitectos y perpetradores de la represión eran o son servidores públicos pagados por el Estado venezolano. Por ello es crítico que se les aplique la justicia.

Venezuela requiere bastante más que un shot de olvido para avanzar. Con el fin de lograr una armonía verdadera, el indulto únicamente debe representar el inicio del proceso. Resulta obligatorio desarticular la estructura de opresión que permitió relatos como los de Kennedy y J.D., además de impedir una clemencia global que proteja a los responsables de mandar, organizar y cometer atropellos contra los derechos humanos.

Los recientes procesos de liberación reflejan la contradicción de la situación actual. Por encima de cuatrocientos detenidos por causas políticas, de una cifra que sobrepasa los mil, han abandonado los centros de reclusión. No obstante, gran parte de ellos continúa careciendo de una libertad plena. “La excarcelación no es una libertad plena. Los procesos penales continúan con medidas cautelares, restricciones a la libertad, prohibición de salida del país y de hablar con los medios”, comenta Gonzalo Himiob, responsable del Foro Penal, agrupación que durante mucho tiempo ha respaldado a prisioneros políticos en un enfrentamiento continuo ante la estructura judicial del régimen.

Como jurista penal y activista de derechos humanos, Himiob posee un conocimiento profundo sobre los entresijos y fallas del aparato de justicia en Venezuela. Hace poco, la Comisión de Amnistía le extendió una invitación para debatir propuestas dentro de la Asamblea Nacional. El encuentro duró aproximadamente cuatro horas y media. Al concluir, el sentimiento resultante fue contradictorio. “No hay todavía pasos concretos hacia el desmantelamiento del aparato represivo. Los cuerpos de seguridad, los jueces y fiscales que han integrado ese aparato siguen ahí. Sin embargo, pareciera que se está dando una apertura. Algunos representantes del chavismo están haciendo el esfuerzo de escuchar. Eso es un cambio de actitud respecto a los últimos años”. Himiob prefiere interpretar esta acción como un avance favorable, aunque es consciente de que anteriormente se han utilizado diálogos para simular una apertura que carece de una voluntad genuina de producir cambios estructurales. “Por eso no sabemos si el esfuerzo esta vez es sincero. Ojalá que sí”.

En las discusiones también emergió una frase repetida: “Nosotros vamos a pedir perdón, pero ustedes también deben pedir perdón. Hay que reconocer que hay víctimas de lado y lado”. El riesgo de esa fórmula es establecer una falsa equivalencia entre víctimas y victimarios con la coartada de acelerar las excarcelaciones y dejar atrás el conflicto político. Especialistas y organizaciones de derechos humanos han advertido que una amnistía no puede convertirse en una ley de punto final ni en un blanket pardon (perdón general) que cancele las responsabilidades por torturas, desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias.

Desarticular la estructura de represión exige bastante más que liberar de forma parcial los centros penitenciarios. Conlleva examinar y anular el conjunto de leyes que facilitó perseguir a los opositores y establecer un ambiente de control y temor: la Ley contra el Odio, la denominada Ley Simón Bolívar, la Ley contra el fascismo, la Ley de extinción de dominio, la Ley para regular las ONGs y diversos reglamentos que tipifican faltas de pensamiento y extienden la arbitrariedad de los jueces. Consiste en eliminar la cobertura institucional de la represión. Ello conlleva asimismo reformar las instituciones que la aplicaron –desde el Sebin hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar— y disolver las agrupaciones de civiles armados que continúan actuando al amparo de la dirigencia política. En tanto los magistrados, acusadores y entes de seguridad que conformaron dicha maquinaria permanezcan sin cambios, el compromiso de paz social resultará frágil y el perdón general podría convertirse únicamente en un respiro estratégico para quienes todavía ejercen el mando.

Mientras en Caracas se debate el alcance de la ley, en su casa Kennedy recuerda Tocorón. “El periodo que pasé en la cárcel fue una pesadilla. La comida era pésima y a veces estaba podrida. O venía con basura. Encontré uñas, cabellos y hasta dientes en la comida que nos servían. Un plato muy frecuente eran granos mal cocidos, lo que les provocó apendicitis o peritonitis a varios reclusos. Los custodios nos daban un trato degradante”. Allí, el castigo más fuerte era ser lanzado en el Tigrito, una celda insalubre, pensada para una persona, pero donde hacinaban a seis o más. “En realidad, no había un solo Tigrito, sino tres. En una ocasión encerraron a 26 reclusos en una de ellas. La primera vez que me castigaron estuve ahí una noche. La segunda, cinco días. No tenía ventanas ni ventilación. Nos daban solo una botella de litro y medio de agua al día para todos. Si pedíamos más, nos sacaban a golpes mientras nos gritaban que queríamos provocar un motín. Pero el castigo más frecuente era el hambre. Nos hacían pasar hambre de manera constante y no podíamos quejarnos por miedo a ser castigados. En tres meses perdí 20 kilos”.

Tejeda se ha esforzado por mantener el vínculo con los prisioneros de conciencia que todavía siguen en ese lugar. La autonomía parcial que experimenta ha representado un reto constante. Es consciente de que mientras existan detenidos por motivos ideológicos, no existirán garantías de pensamiento ni plenas libertades ciudadanas.

Los caminos para dejar atrás más de dos décadas de división y autoritarismo se encuentran plagados de dificultades. Una de las mayores trabas es la sanción a quienes mandaron, organizaron y ejecutaron los atropellos. El análisis internacional evidencia que las iniciativas para cerrar etapas previas a través de la amnistía jurídica tienden a resurgir tras varios decenios.

La amnistía tiene que integrarse en aquello que denominaríamos un “paquete de reconciliación”. “Para que una amnistía esté al nivel del compromiso histórico que tenemos, hay que responder a las expectativas de la sociedad venezolana y garantizar que no sirva para la impunidad de violadores de derechos humanos. Para eso, debemos prestarle atención a lo que se ha hecho en otras sociedades. Hay que incluir a los organismos internacionales con experiencia en estos procesos, a los comités de víctimas y otras organizaciones de la sociedad civil, y a la misma Asamblea Nacional. Una comisión con esa amplitud puede emitir opiniones vinculantes que deben ser acatadas por los jueces y ayudarán a limitar la discrecionalidad de quienes la administren”, asegura Himiob.

“El arco del universo moral es largo pero se inclina hacia la justicia”, manifestó Martin Luther King. La cuestión esencial es la justicia, pues sin esta no surgirá la nueva nación que los afectados anhelan.

Para Kennedy Tejeda y J.D., la justicia no es una consigna de negociación, sino algo bien concreto. “Lo que vivimos fue un horror. Sin embargo, como defensor de derechos humanos no puedo quedarme callado. Nuestro trabajo es denunciar. Debemos quitarnos la mordaza y no quedarnos de brazos cruzados. Hay que evitar que todo esto se repita. Quiero un país democrático y de justicia, donde los amigos y familiares puedan regresar para darnos un abrazo y celebrar la Navidad alrededor de una mesa llena”.

J.D. Formula sus aspiraciones íntimas de un nuevo país de otro modo, pero apunta en la misma dirección: “El alma de los venezolanos está fracturada. De hecho, el alma que existía antes del chavismo se acabó. Hay que crear un alma nueva. Quiero ayudar a retejer esta sociedad”. Entre los sueños y esperanzas de estas dos víctimas de la represión chavista se juega el sentido real de cualquier ley de amnistía y del renacer de Venezuela.