“Seguimos abandonados”: víctimas de contaminación de La Oroya, a dos años de la condena internacional a Perú

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Las víctimas de contaminación de La Oroya, Perú, tienen claro cuándo empezaron sus problemas de salud, el de algún familiar o un conocido. A Yolanda Zurita Trujillo (67 años) le empezaron las convulsiones cuando tenía 24 años y era estudiante universitaria. A su sobrina, Amparo Ortega (22 años), los padres le recuerdan que sufrió fuertes bronquitis cuando era bebé, por lo que tuvieron que hospitalizarla. La hermana de Liliana Carhuaza Rosales (46 años) vivió con ataques de asma que mejoraban cuando salía a la playa y empeoraban cuando volvía a La Oroya, donde vivía cerca de un complejo metalúrgico. A un trabajador del lugar, que tenía síntomas de Parkinson, lo llamaban de forma natural “el vecino emplomado”.

Desde 1999, informes de la Dirección General de Salud Ambiental peruana (DIGESA) encontraron que las personas que habitaban en La Oroya tenían niveles de plomo en la sangre por encima de los permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La principal fuente de la contaminación atmosférica, se advertía entonces, era la planta metalúrgica donde el “plomo sobrepasa 17,5 veces el límite permisible”. Así, las personas dejaron de ver con normalidad lo que pasaba en sus cuerpos, y comenzó una lucha que creyeron ganar hace dos años, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que el estado de Perú había violado varios derechos humanos por no ponerle freno a la contaminación que dejaba la operación del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

La situación hoy es agridulce. Tienen la sentencia y están fortalecidos, pero el Estado peruano, sumergido además en una agitada inestabilidad política, solo ha cumplido una de las varias órdenes de la CIDH: la de publicar la sentencia en medios de comunicación y en las plataformas del Gobierno. “Creo que la lucha es más ahora que cuando no teníamos la sentencia”, dice Zurita, recordando que llevan dos años esperando que se cumplan otros mandatos, incluyendo el de realizar un diagnóstico para determinar cuál es el estado de contaminación en La Oroya y que se les dé tratamiento médico por esos múltiples problemas que, con alta probabilidad, están asociados al mal aire que han respirado por décadas.

“Es que ni siquiera nos han hecho un estudio, todo ha quedado a medias para comprobar si lo que tenemos es por contaminación o no”, agrega Carhuaza. Y es que no se trata solo del plomo. Al condenar al Estado peruano, la CIDH consideró que los altos niveles de arsénico, cadmio y dióxido de azufre también generaban un riesgo sistémico a la salud, vida e integridad personal de sus habitantes. “Seguimos abandonados. La sentencia solo quedó en papeles y, con el actual tema político que estamos viviendo, nadie se va a hacer cargo de nosotros”. En una década, Perú ha tenido ocho presidente s.

Paisaje contaminado

El Estado peruano agotó las razones para no cumplir. “En noviembre de 2025 la Corte nos notificó sobre la sentencia de interpretación”, explica Rosa Peña, abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), refiriéndose a un documento que Perú le pidió al tribunal para aclarar el alcance de cada orden. Por ejemplo, ya se sabe con certeza que es solo a las 80 víctimas que demandaron al Estado a las que se les debe dar atención inmediata especializada en salud, pero que, para garantizar que no se repita, debe pensarse en un sistema de salud en La Oroya que tenga en cuenta los riesgos del lugar. También se especifica quiénes pueden pedir ser reubicados a otra ciudad y se solicita que se investigue y juzgue a quienes han hostigado a los defensores del medioambiente. “Nos han amenazado”, recuerda Zurita. “Que éramos los culpables del cierre de la empresa, que somos una ONG o que nos llenamos de dólares”.

Ni las víctimas lo pidieron, ni la CIDH ordenó en ningún momento cerrar el complejo, que justo se reactivó hace dos años, cerca de los días en que la Corte emitió la sentencia. Lo hizo de la mano de Metalurgia Business, una empresa creada por extrabajadores de la estadounidense Doe Run, del Grupo Renco, que fue dueña del complejo desde 1997, y que les cedió los derechos como parte de las deudas que tenía cuando se liquidó. “Esto garantiza nuestra total independencia jurídica y administrativa frente al anterior titular del complejo”, afirma el gerente general Edgar Temistocles Díaz Nieto, a través de un cuestionario de preguntas que Metalurgia Business prefirió responder por escrito.

Desde que el complejo volvió a funcionar en marzo de 2024, aclaran que solo están produciendo calcina de zinc y ácido sulfúrico en el circuito de zinc. “En los circuitos de cobre y plomo no se realiza actividad alguna”, lo que significa que solo están operando el 6 % de su capacidad.

Sobre si el Estado peruano se ha acercado a ellos, la empresa dice que en mayo de 2025 una dirección del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó un reconocimiento técnico del área para analizar agua, aire y suelo. Lo hizo en el marco de la sentencia de la CIDH. Además, dictó medidas preventivas y acciones de supervisión para controlar las emisiones de dióxido de azufre. “Metalurgia tiene la intención de modificar su instrumento de Gestión Ambiental Correctivo del 2015 para que el complejo realice sus operaciones con estricto respeto de los estándares de calidad ambiental para proteger la salud de los habitantes de La Oroya”.

La forma como se reactivó el complejo es problemática, dice Peña. “Es un caso que demuestra lo que es una salida irresponsable de una multinacional: una gran empresa que, ante unos problemas que estaban teniendo y que justamente les pedía mejores estándares en sus operaciones, decide declararse en bancarrota”. En otras palabras, cierran la empresa o la dejan en otras cabezas, pero sin compensar los daños antes de irse.

En cuanto a la timidez de Perú para cumplir, la abogada explica que el nuevo argumento que han dado es que las normas del país no dejan clara cuál es la ruta para obedecer con sentencias supranacionales y que buscan impulsar un proyecto de ley con ese fin. “Una vez más se demuestra que hay falta de voluntad política del Estado peruano”, asegura.

Las víctimas siguen siendo pacientes. Son capaces de imaginarse otro paisaje para La Oroya. “Toda la vida me la he pasado viviendo frente al complejo”, cuenta Ortega. “Y después de haber leído artículos, libros, estudios, me di cuenta de que vivir así no es normal. Yo me despierto por la mañana y me fijo si está activo o no. Y, así no esté allá, dentro del lugar, a veces me arden los ojos, la nariz o la garganta”. A sus 22 años, con cada dolor o sensación que tiene, Ortega se pregunta si es algo natural o si es el desenlace de haber estado expuesta a contaminantes por tanto tiempo, incluso desde que nació.