El Gobierno acelera las medidas para tomar recursos de las empresas, las generadoras de energía y los fondos de pensiones y así tapar el hueco fiscal

El Gobierno de Gustavo Petro ha emitido una batería de decretos amparados en la emergencia económica que dibujan una crisis fiscal imposible de disimular. Dos de los seis firmados en la noche de este martes, todos con fuerza de ley, aumentan la carga tributaria a las grandes empresas y aprietan al sector eléctrico. En paralelo, y por fuera del paraguas de la emergencia, el Ministerio de Trabajo ha publicado un borrador de decreto que apunta a transferir al Estado parte del ahorro pensional de los trabajadores, lo que ha encendido las alarmas. Los decretos en firme llegan bajo el amparo de las fuertes inundaciones en el Caribe y el Chocó; el de las pensiones bajo uno de los dos artículos vigentes de la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional. El contexto económico es el mismo para los tres: el Congreso negó la ley de financiamiento por la que el Ejecutivo buscaba evitar un hueco que calcula en 16 billones de pesos (unos 4.400 millones de dólares) para su presupuesto de este año, el déficit fiscal acumula presiones y alrededor del 90% de las apropiaciones presupuestales son, por ley, intocables.

El primero de los decretos, el 173, reactiva el impuesto al patrimonio para las personas jurídicas. Las entidades con un patrimonio líquido superior a 10.474 millones de pesos (unos 2,8 millones de dólares) deberán pagarlo, pero el Gobierno apunta en particular al sector financiero y al extractivo, que afrontarán una tarifa del 1,6%, frente al 0,5% del resto de los sectores. El Ejecutivo lo justifica señalando que estas empresas están “en una posición favorable en términos de tasas efectivas del impuesto sobre la renta” y que el sector extractivo debe asumir las “externalidades negativas que genera sobre el medioambiente”. Petro ha señalado que busca recursos en “empresas de acumulación rentística no productiva”, de modo que “el daño sea el menor posible a la producción real”. Sobre el sector financiero, en particular, argumenta que sus ganancias han crecido de forma “inusitada” en los últimos años, impulsadas por “el alza permanente de las tasas de interés”.

El recaudo previsto por esta vía es de ocho billones de pesos (unos 2.200 millones de dólares), aunque ANIF proyecta que llegaría hasta los 13,4 billones (3.600 millones de dólares), que deben estar destinados a atender la emergencia. Para el centro de pensamiento, el gravamen es una medida que, aunque transitoria, puede “reducir la expansión empresarial y enviar una señal negativa a capitales extranjeros”. La norma también encierra un problema técnico que los expertos señalan. Pedro Sarmiento, socio de impuestos de Crowe Colombia, advierte sobre los problemas de fijar que el impuesto se defina —se cause, en términos técnicos— sobre el patrimonio a primero de marzo de 2026: a esa fecha muchas compañías no han cerrado ni aprobado sus estados financieros de 2025, de modo que la base sobre la que se calcula el tributo podría cambiar.

Juan David Velasco, socio del área de impuestos de la firma Baker McKenzie, suma otro problema: el impuesto no grava lo que una empresa ganó el año pasado, sino lo que tiene acumulado. Eso les obliga a pagar sin importar cómo les fue en el periodo, si tuvieron grandes utilidades, si fueron pequeñas o incluso si perdieron dinero. El decreto establece que deben pagar el impuesto en dos cuotas, en abril y mayo, bajo “un esquema de recaudo acelerado”. El abogado advierte que la medida revivirá “el debate recurrente sobre la repetición de este tipo de figuras”, una preocupación que, en el mundo empresarial, pesa tanto como el impuesto mismo.

Si el impuesto al patrimonio muestra que el Ejecutivo tiene un gran apetito por dinero en la caja, el Decreto 0177, que obliga a las generadoras de energía a transferir al Estado un 2% adicional sobre sus ventas brutas de energía durante los próximos seis meses, lo reafirma. En este caso, el decreto establece que esos recursos deben ir a la recuperación de cuencas afectadas por la crisis hídrica. La norma también endurece las reglas de operación de los embalses: la ANLA podrá exigir a proyectos como el de Urrá mantener unos volúmenes de espera calculados para los eventos extremos, que aumentan el riesgo de incidentes, pero que el Gobierno justifica en una emergencia que, dice, “superó los escenarios razonablemente previsibles”. En pocas palabras, les piden retener más agua de la usual, para evitar que empeoren las inundaciones río abajo, aunque eso ponga más tensión a sus presas.

Alejandro Castañeda, presidente del gremio de los generadores, ANDEG, cuestiona tanto la proporcionalidad como la oportunidad de la medida, y señala que el sector ya carga con una tributación elevada. “Añadirle nuevas obligaciones —que en total suman unos 330.000 millones de pesos— envía una señal para no invertir”, explica en un video compartido a este diario. Castañeda advierte que la Contraloría identificó que el Ejecutivo tiene sin ejecutar 2,6 billones de pesos del presupuesto de gestión del riesgo, por lo que pone en duda la urgencia de nuevos recaudos. Y lanza una advertencia: “Esos costos adicionales pueden llegar a ser trasladados a los usuarios con alzas en las tarifas”.

Pero lo que más polvo ha levantado es un borrador de decreto que reglamenta el traslado de recursos desde los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones. La norma da 15 días hábiles a las administradoras para girar la totalidad del capital y los rendimientos de los afiliados que se acogieron a una ventana de oportunidad excepcional para cambiar del régimen de ahorro individual que manejan los privados al de reparto subsidiado de la entidad estatal. Los recursos superan los 25 billones de pesos (6.750 millones de dólares), explica Andrés Velasco, presidente del gremio de las AFP, quien sostiene que ese dinero debería ir a un fondo administrado por el Banco de la República, no a la caja de Colpensiones. Argumenta que hacerlo como indica el proyecto equivale a “liberar recursos presupuestales por el mismo monto que el Gobierno podrá utilizar para otros fines”.

La urgencia de lograr el giro tiene una explicación que va más allá de las inundaciones. Rodrigo Castillo, exvicepresidente de operaciones de Colpensiones, recuerda que el incremento del salario mínimo del 23,7% generó un costo adicional al Estado de cinco billones de pesos solo para pagar a los pensionados actuales, y el Presupuesto Nacional ya era deficitario. Para Castillo, el borrador es ilegal: la Ley 2381, de reforma pensional, establece que esos ahorros deben seguir en las AFP hasta que el afiliado llegue a la edad de pensión, y solo entonces se deben girar a un fondo administrado por el Banco de la República. “Un decreto no puede ser contrario a una ley. Lo que se pretende es, seguramente, tomar los recursos para incorporarlos en los ingresos corrientes”, indica.

Castillo agrega que obligar a los fondos a liquidar portafolios masivos en dos semanas es una temeridad financiera: “Es como llevar una lanchita y meterle una cantidad de ladrillos hasta hundirla”, complementa. Petro, por su parte, defiende la medida recordando que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones se vienen realizando desde antes de su Gobierno, y que los afiliados lo hacen porque allí “adquieren mejores condiciones de pensión”. Por ahora, el que sin duda tendría mejores condiciones, pero de caja, es el Ejecutivo.