La Universidad de Columbia denuncia que el ICE mintió para detener a un alumno

Con el pretexto de buscar a “una persona desconocida”, agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EE UU han entrado este jueves en una de las residencias de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y detenido a un estudiante, ha informado la rectora interina de la institución, Claire Shipman, mediante un comunicado. La movilización de los campus, que había remitido hacía meses, puede inflamarse de nuevo con la noticia.

La Universidad no ha dado a conocer la identidad del estudiante, que fue detenido a las 6.30 de la mañana, hora local (seis horas más en la España peninsular). “Según la información que tenemos en este momento, los agentes federales hicieron declaraciones falsas para poder entrar en el edificio con el fin de buscar a una ‘persona desaparecida’”, ha explicado Shipman. Ha añadido que los agentes encargados de hacer cumplir la ley, sean estos del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) o de cualquier otra agencia de orden público, necesitan una orden judicial o citación para entrar en áreas universitarias no públicas, incluidas las residencias de estudiantes, las aulas y otras zonas a las que solo puede accederse con la tarjeta que identifica a los estudiantes, profesores y personal laboral del centro.

En una publicación en las redes sociales, la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, ha acusado a los agentes de mentir para lograr sus propósitos. “Seamos claros sobre lo que pasó: los agentes del ICE no tenían la pertinente orden judicial, por lo que mintieron para lograr acceder a la residencia privada de un estudiante”, ha escrito Hochul en X.

La rectora interina, la tercera que rige Columbia desde que en 2024 una oleada de protestas propalestinas contra la guerra de Gaza incendiara los campus de EE UU, ha añadido que lo razonable habría sido que los agentes del ICE esperaran la aprobación de la seguridad del campus para coordinarse con ellos.

Columbia aumentó significativamente su servicio de seguridad privada tras la represión de las manifestaciones propalestinas y el cierre a cal y canto del campus para impedir la entrada a cualquier persona ajena a la universidad. La justificación es el temor a la infiltración de “agentes externos” que, a juicio del rectorado y de muchos donantes y estudiantes judíos, atizaron las movilizaciones en protesta por la ofensiva israelí contra Gaza, que arrancaron en octubre de 2023, tras el ataque de Hamás contra Israel y la respuesta del Ejército israelí contra la Franja, y tuvieron su apogeo en la primavera de 2024.

De hecho, el campus sigue cerrado, cuando antes sus zonas verdes y paseos eran un tradicional lugar de esparcimiento para los vecinos de la zona, sobre todo los fines de semana. Desde la represión de dos acampadas consecutivas de estudiantes y el desalojo de un edificio ocupado por activistas, el rectorado ordenó el cierre total del recinto, que cuenta con personal de seguridad y garitas en cada uno de sus accesos. Los estudiantes deben mostrar su tarjeta de la universidad o pasarla por un lector para ingresar en el recinto. No se permite el acceso de personas ajenas al centro, salvo por invitación de un estudiante o profesor y después de rellenar un formulario de datos personales.

En el transcurso de la oleada de represión de migrantes y extranjeros emprendida por la Administración de Donald Trump hace un año, la detención de estudiantes en los campus o en sus residencias sigue siendo un fenómeno extraordinario. Los últimos arrestos se llevaron a cabo hace casi un año, tras la detención, también en una residencia perteneciente a Columbia, del activista propalestino Mahmoud Khalil, preso durante tres meses en un centro de internamiento del ICE —la antesala de la expulsión— y que, ya en libertad, sigue luchando en los tribunales contra la orden de deportación que pesa sobre él, pese a estar casado con una ciudadana estadounidense y ser titular de una tarjeta verde, la que otorga la residencia legal permanente. De origen palestino, Khalil se enfrenta a una posible deportación a Argelia o Siria después de que un juez de inmigración considerara que había omitido información en su solicitud de residencia.

El palestino, que ha reclamado 20 millones de dólares a la Administración por sus tres meses en prisión, fue uno de los líderes del grupo estudiantil Columbia University Apartheid Divest, que organizó las dos acampadas y protestas en el campus para exigir un alto el fuego en Gaza y que la universidad cancelara inversiones vinculadas a fondos o empresas israelíes. Tras Khalil, la Administración republicana detuvo a una docena de estudiantes en varios campus del país y en algunos casos los deportó por la vía de urgencia.