Lo que se sabe de la SAVE America Act, la ley que cambiaría las reglas para votar en Estados Unidos

La última batalla entre demócratas y republicanos gira alrededor de la SAVE America Act, una iniciativa respaldada por el presidente Donald Trump y aprobada recientemente por la Cámara de Representantes. El proyecto, cuyo nombre completo es Safeguard American Voter Eligibility Act (Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses), busca establecer nuevos estándares federales para el registro y la emisión del voto en elecciones federales, centrados en la exigencia de prueba de ciudadanía y en requisitos más estrictos de identificación con fotografía. Esto sucede a medida que se acercan las elecciones de medio mandato en noviembre.

¿Qué propone la SAVE America Act?

La propuesta obligaría a los ciudadanos a presentar documentos como pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse para votar o actualizar su registro. Además, exigiría mostrar una identificación con fotografía válida al momento de emitir el voto. Aunque la ley federal ya establece que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en elecciones federales, actualmente no exige prueba documental obligatoria de ciudadanía en el registro, lo que la SAVE America Act pretende cambiar.

Impulso republicano

Los defensores del proyecto, principalmente legisladores republicanos, argumentan que la medida fortalecerá la integridad electoral y restaurará la confianza pública en el sistema de votación. El senador Mike Lee, principal impulsor en el Senado, ha descrito la iniciativa como una legislación importante. La senadora Susan Collins ha afirmado que requerir identificación en las urnas es una reforma “simple”, que mejoraría la seguridad electoral. Según una encuesta del centro de estudios Pew realizada el año pasado, el 83% de los adultos estadounidenses apoya exigir identificación con fotografía para votar, incluidos amplios porcentajes tanto de republicanos como de demócratas.

El presidente Trump —quien también ha hecho llamados para “nacionalizar las elecciones”— ha elogiado repetidamente el proyecto y ha insistido en que su aprobación evitaría fraudes electorales como los que, sin pruebas verificadas, ha denunciado respecto a las elecciones de 2020 que perdió frente al demócrata Joe Biden. En su red social Truth, ha reiterado su intención de impulsar el requisito de identificación para las próximas elecciones de mitad de mandato, incluso si enfrenta resistencia legislativa.

Sin embargo, la legislación enfrenta una fuerte oposición demócrata y de las organizaciones de derechos civiles. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha comparado la medida con las leyes de Jim Crow —que imponían la segregación racial en EE UU—, afirmando que podría privar del derecho al voto a millones de ciudadanos que no tienen acceso inmediato a los documentos exigidos. Según estimaciones citadas por organizaciones como el centro Brennan, dedicado a la defensa de la democracia, alrededor de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso fácil a prueba documental de ciudadanía y unos 2,6 millones carecen de cualquier forma de identificación oficial con fotografía.

¿Quiénes podrían verse afectados?

Uno de los puntos más controvertidos es el impacto potencial en mujeres casadas que han cambiado su apellido. Se estima que hasta 69 millones de mujeres podrían enfrentar obstáculos adicionales si sus certificados de nacimiento no coinciden con su nombre legal actual. Aunque los promotores del proyecto sostienen que existen salvaguardas —como la posibilidad de firmar una declaración jurada bajo pena de perjurio cuando haya discrepancias documentales—, críticos señalan que los certificados de matrimonio no figuran explícitamente entre los documentos aceptados en algunas versiones del texto.

Otros grupos que podrían verse desproporcionadamente afectados incluyen votantes jóvenes, personas de bajos ingresos, ciudadanos naturalizados, votantes rurales, comunidades tribales y personas transgénero cuyos documentos no coincidan con su identidad actual. Los opositores sostienen que, aunque el voto de no ciudadanos en elecciones federales ya es ilegal y extremadamente raro —con estudios que sitúan los casos verificados en alrededor de 0,04%—, la ley podría impedir que ciudadanos elegibles ejerzan su derecho debido a barreras burocráticas.

Además de los requisitos de documentación, distintas versiones del proyecto contemplan otras medidas. Entre ellas se incluyen purgas frecuentes de padrones electorales, algunas cada 30 días; la obligación de que los Estados compartan información de votantes con el Departamento de Seguridad Nacional para su verificación mediante el programa SAVE; restricciones más estrictas sobre qué tipos de identificación con fotografía son aceptables —excluyendo, por ejemplo, algunas identificaciones estudiantiles—; y cambios en la votación por correo, como la exigencia de solicitudes individuales para recibir una papeleta en Estados donde actualmente se envían de forma universal.

Organizaciones como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) han advertido que la ampliación del acceso federal a bases de datos de votantes podría poner en riesgo información sensible, que en algunos Estados incluye afiliación partidaria, dirección, fecha de nacimiento y datos de contacto. También alertan sobre la posibilidad de errores en purgas de padrones que eliminen indebidamente a votantes elegibles.

El proyecto también establece sanciones civiles y penales para funcionarios electorales que registren votantes sin haber obtenido la documentación requerida, lo que, según críticos, podría generar un clima de temor en la administración electoral. Experiencias previas, como una ley similar en Kansas que fue posteriormente anulada por violar la Constitución y la Ley Nacional de Registro de Votantes tras bloquear a más de 30.000 ciudadanos elegibles, han sido citadas como advertencia.

¿Se aprobará?

En el Senado, aunque los republicanos han alcanzado al menos 50 apoyos y controlan 53 escaños, la norma enfrenta el obstáculo del filibusterismo, que exige 60 votos para avanzar. El líder de la mayoría, John Thune, ha prometido un debate “robusto”, pero ha reconocido que no existen los votos suficientes para eliminar la regla del filibusterismo —una táctica para retrasar o bloquear la votación de leyes mediante discursos prolongados u otras maniobras dilatorias—. Los demócratas han dejado claro que utilizarán todas las herramientas parlamentarias disponibles para bloquear la medida, en especial porque consideran que la ley podría usarse como arma para impedir que su partido tenga una victoria considerable en las siguientes elecciones.