Castilla y León es la única comunidad de toda España sin normativa LGTBI+

Castilla y León, comunidad gobernada desde hace casi 40 años por el PP, es la única región de España que carece de normativa LGTBI+ específica. Asturias, donde gobierna el PSOE y que era la otra que no había aprobado este tipo de legislación, ha sacado adelante esta semana su anteproyecto de ley LGTBI+. Así, se corrige una “anomalía democrática histórica”, en palabras del consejero asturiano de Derechos ciudadanos, Ovidio Zapico. Esta ley “nace del corazón de las entidades LGTBI, de sus familias y del compromiso del Gobierno de coalición progresista”, añadía Zapico. Aunque en Castilla y León también se había iniciado la tramitación de legislación específica, el adelanto electoral la ha dejado congelada. Las elecciones se celebran el 15 de marzo y, si se cumple el pronóstico de las encuestas ―que auguran el refuerzo de Vox y la incapacidad del PP de gobernar en solitario―, la normativa LGTBI+ de la región quedará aparcada en un cajón.

Las leyes LGTBI+ y trans autonómicas “cubren todos aquellos aspectos relativos a las competencias transferidas, que requieren desarrollo legislativo para protegernos y dotarnos de igualdad”, explica la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+), Paula Iglesias.

Andalucía, Cataluña y Galicia fueron pioneras en 2014 al aprobar normativa específica para asegurar los derechos LGTBI+. Actualmente, y a falta de los últimos trámites en Asturias, hay normas autonómicas vigentes en 15 comunidades (un total de 19 leyes: 12 generales y siete trans). Sin embargo, a lo largo de 2025 se han sucedido los ataques contra la legislación LGTBI+, que en algunos casos ha cristalizado en retrocesos.

Así ocurrió en Valencia, donde, tras el acuerdo presupuestario de PP y Vox, en mayo del año pasado, se consolidó “el primer recorte de derechos de las personas LGTBI+ en la historia de la democracia valenciana”, en palabras de la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó.‌ La modificación realizada en las Cortes de Valencia eliminaba el reconocimiento de la autodeterminación de género en ámbitos como el educativo, el deportivo o el sanitario. Además, abría la puerta a las falsas terapias de conversión, suprimía mecanismos de protección para las personas trans y eliminaba la denominada inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación (el mecanismo que obliga a la parte demandada a demostrar que no se ha vulnerado el principio de igualdad de trato).

El Gobierno central va a someter esta reforma al escrutinio del Tribunal Constitucional, pues considera que invade competencias del Estado. “No vamos a consentir que los ciudadanos valencianos tengan menos derechos o libertades que los del resto de España”, dijo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuando anunció el recurso al órgano de garantías. El Ejecutivo central cree que “varios artículos de la ley valenciana vulneran derechos”. Entre ellos, “modulan la prohibición de las [falsas] terapias de conversión”.

No es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez acude al Constitucional por un intento de recorte de la normativa LGTBI+. Ya lo hizo en 2024 ―con éxito― contra la propuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Las leyes LGTBI+ de Madrid fueron aprobadas en 2016. Se trataba de dos normas ―una para luchar contra la discriminación del colectivo en general y otra específica para las personas trans e intersex― que el Partido Popular, entonces liderado por Cristina Cifuentes, llevó adelante. La actual presidenta regional ya era diputada y, como la mayoría del PP, apoyó una y, con su abstención, permitió que saliera la otra. Sin embargo, a finales de 2023, la misma Díaz Ayuso, que recién estrenaba mayoría absoluta en la Asamblea madrileña, planteó el recorte de esa legislación.

Las modificaciones de Ayuso quedaron paralizadas gracias a la intervención del Constitucional, pero el año pasado el Gobierno regional hizo un cambio en la dotación de subvenciones y eliminó las que aportaba directamente a Arcópoli, organización que gestiona el Observatorio madrileño ante la violencia contra las personas LGTBI+. A diferencia de otros territorios, los conservadores madrileños no dependen de la extrema derecha para gobernar. “El PP se está mimetizando con Vox”, opina Víctor Gutiérrez, diputado y responsable de políticas LGTBI+ del PSOE.

En febrero del año pasado, una sucesión de propuestas anti LGTBI+ iniciaron su tramitación en seis parlamentos regionales. Todas fueron promovidas por la extrema derecha; todas reclamaban eliminar las leyes regionales que protegen a las personas LGTBI+. Ocurrió en Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia. Todas cayeron.

Sin embargo, la ofensiva de Vox no ha cejado. ‌Ante la aprobación de la normativa asturiana, desde la delegación regional de la extrema derecha se apresuraron a avisar al PP de que no apoyara su tramitación: “Es la primera ley que vamos a exigir derogar para poder gobernar, así que, por favor, no la apoyen”, reclamó el diputado de Vox en el parlamento asturiano Javier Jové.

“Los discursos que cuestionan los derechos conseguidos están vinculados con el aumento de la violencia y del odio contra el colectivo”, denuncia la presidenta de la Felgtbi+. “La finalidad es seguir legitimando la violencia que sufrimos y perpetuando las actitudes discriminatorias a las que estamos expuestas. Estos altavoces políticos, sumados a las redes sociales y a algunos medios de comunicación, expanden el odio y acaban legitimando la violencia”, incide. Los ultras justifican sus invectivas anti LGTBI+ esgrimiendo una supuesta protección de la sociedad ―de los menores o de las mujeres―. También intentan vincular homosexualidad con pederastia o plantear como una amenaza a los derechos de las mujeres trans.

Recortes en la ‘Ley Trans’

‌Justamente, esta semana, el PP ha presentado una Proposición no de ley (PNL) en el Congreso pidiendo al Gobierno recortes en la Ley Trans para limitar el cambio de sexo registral basado en la autodeterminación de género. El texto pide modificar dos artículos (el 43 y el 44) de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI+, que se aprobó hace tres años. Según los conservadores, “la regulación del cambio registral basada exclusivamente en la autodeterminación, sin garantías objetivas ni mecanismos suficientes de control, ha derivado en un uso fraudulento de la norma, con consecuencias directas y lesivas sobre los derechos conquistados por las mujeres”. “Ser mujer es mucho más que un trámite declarativo; ser mujer es más que un sentimiento”, agregan.

‌A la vez que la normativa para el colectivo está siendo atacada, a nivel nacional se están produciendo avances, como las leyes estatales LGTBI+ (de 2018) y trans (de 2023), junto a la estrategia presentada el año pasado para el desarrollo de esta última, y que también establecen un marco general de actuación para las comunidades.

“Ante las amenazas y los intentos de retroceso, que en algunos territorios han conseguido materializarse en forma de recortes o de vaciamiento de contenido de las leyes, se hace más importante que nunca seguir defendiendo estas leyes, blindándolas, desarrollándolas e implementándolas”, recomienda la presidenta de la Felgtbi+. Y advierte: “La ola reaccionaria intenta dar pasos atrás en igualdad y devolver a los márgenes a las personas LGTBI+”.