Al 63% de los españoles le parece mal que un hombre de su familia pague por sexo

El 63% de la población en España afirma que le parecería mal que un hombre de su familia pagara por sexo —71,1% en el caso de las mujeres— y un 91,2% de las mujeres asegura que no mantendría una relación con alguien que lo hiciera. Así lo revela una encuesta impulsada por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), basada en 10.019 entrevistas a personas de 16 años o más residentes en el país.

El 69% de las personas encuestadas se muestra bastante o muy de acuerdo con que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres —una cifra que asciende al 75,1% entre las mujeres. El 79,1% considera que esta actividad pone en riesgo la dignidad de quienes la ejercen y más del 75% sostiene que la mayoría de las mujeres en situación de prostitución son víctimas de explotación sexual. Además, el 79,8% rechaza que pueda entenderse como una forma de ejercer la libertad sexual y más de tres cuartas partes niega que sea “un trabajo como otro cualquiera”.

La percepción social de los españoles vincula a la prostitución con la vulnerabilidad económica y la coerción: 7 de cada 10 encuestados cree que las mujeres que la ejercen lo hacen por necesidad económicas, mientras que el 41,5% considera que son forzadas, en un ejercicio de trata o proxenetismo. Además, un 21,5% cree que la motivación está vinculada a la situación irregular de personas migrantes en España.

También se estigmatiza y rechaza la demanda de servicios sexuales. De acuerdo con los datos compartidos, el motivo más señalado por el que se cree que los hombres pagan por sexo es para realizar prácticas sexuales o fantasías que otras mujeres no aceptarían, según el 40,8% de las personas encuestadas. Se cree que hay un segundo motivo, respaldado por el 37,4% de los encuestados, que sería la satisfacción de necesidades sexuales, y además un 25,2% considera que las personas interesadas en tener sexo por medio de la prostitución no conocen a mujeres dispuestas a mantener relaciones sexuales con ellos.

Otro de los datos que recoge el estudio es una visión crítica de los españoles acerca de la pornografía: el 71,6% de los encuestados sostiene que fomenta la violencia contra las mujeres y el 93,3% defiende limitar el acceso de menores a estos contenidos. El 60,1% de la población sondeada dice conocer plataformas digitales de contenido íntimo y sexual, siendo los hombres quienes dicen tener mayor conocimiento: un 64,9% en comparación con un 55,4% de las mujeres.

Acerca de la creación de contenidos íntimos y sexuales en plataformas digitales, el 0,1% de los encuestados han manifestado hacerlo, aunque un 4,8% dice conocer a alguien de su entorno que lo hace. También se advierte que las mujeres que crean y ofrecen este tipo de contenido pueden ser víctimas de chantaje o extorsión, difusión de contenidos fuera de las plataformas e incluso que exista el riesgo de ser víctimas en redes de trata con fines de explotación sexual o riesgo de violencia.

El grueso de la población, un 95%, opina que las plataformas digitales deberían tener la obligación de eliminar el contenido sexual no consentido que se publique en ellas.

Hacia la erradicación de la prostitución

La encuesta, presentada por la cartera de Ana Redondo, apunta además a un respaldo a medidas punitivas contra quienes se lucran de la prostitución ajena. El 85,6% considera que castigar estas conductas contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y el 82,4% menciona la pena de cárcel como sanción adecuada para los proxenetas. Solo el 32% de la población considera que legalizar la prostitución como una actividad laboral más supondría erradicar problemas como la trata y el proxenetismo.

En conjunto, los resultados dibujan un clima de opinión en contra de la normalización de la prostitución y favorable a planteamientos abolicionistas. El foco se pondrá, ha explicado Redondo, en las personas que contratan servicios sexuales y aquellos que se desempeñan como tratantes o proxenetas, nunca las personas que ejercen prostitución.

Esta visión favorece los planteamientos del Ejecutivo hacía una ley abolicionista de la prostitución en España. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reiterado en diversas ocasiones que “le gustaría terminar esta legislatura con una ley abolicionista de la prostitución”. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no se ha consolidado debido a diferencias entre los socios de gobierno y la oposición. Se esperaba un anteproyecto de Ley para septiembre del año pasado, y ha asegurado que se robustecerá con los resultados de la encuesta presentada este jueves. Por lo que, de nuevo, no se tiene una fecha para el planteamiento de Ley.

Esta encuesta fue encargada en junio de 2025 por el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género al CIS con un presupuesto de 231.000 euros por parte del Ejecutivo. El objetivo era evaluar la percepción de la sociedad española sobre la prostitución, la pornografía y la trata con fines de explotación sexual.